La época más violenta que se vivió en el barrio Ludueña en el último tiempo será expuesta en un juicio oral y público. Jonatan Almada, de 34 años, está acusado por varios delitos cometidos desde su rol de organizador de una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo y extorsiones que fue creada desde la cárcel de Piñero y entre 2021 y 2023 se enfrentó con otro grupo. Es el único de los más de treinta miembros de la banda que no aceptó una condena por procedimiento abreviado, por lo cual será juzgado con un pedido de pena de 40 años de cárcel.

De acuerdo a la investigación de la Justicia, la banda en la que participó Almada estuvo activa desde julio de 2021 hasta comienzos de 2023. Sus líderes ya estaban presos para cuando la organización, con base principal en Ludueña, comenzó a enfrentarse con otro grupo rival del vecino barrio Empalme Graneros. Al menos 40 homicidios ocurridos en ese período, en algunos casos con víctimas ajenas al conflicto, se investigan como parte de esta bronca. Un marco que también afectó a vecinos y comerciantes que fueron víctimas de extorsiones destinadas a quitarles dinero o propiedades.

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A diferencia de los otros miembros de la banda, a la fecha más de treinta, Almada no quiso acordar con la Fiscalía para cerrar el trámite en un procedimiento abreviado. Por lo tanto este martes el juez Aldo Bilbao Benítez aceptó el pedido de elevación a juicio oral y el fiscal Pablo Socca adelantó que pedirá 40 años de condena al acusarlo de varios delitos vinculados a su rol en la banda.

Criado en el barrio Ludueña

Jonatan Almada tiene 34 años y en el barrio Ludueña, donde tiene domicilio, lo conocen como Peco. Sin antecedentes penales, cayó por primera vez en agosto de 2022 cuando lo detuvieron en un departamento que alquilaba en el centro de Rosario. Poco antes había sido detenido su padre Jorge Almada, un ex policía que ya fue condenado a tres años de prisión condicional como miembro de la banda. Luego cayó Brenda Almada, una de las hermanas de Jonatan, quien recibió la pena de 5 años de cárcel en la misma causa.

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Para cuando Jonatan Almada fue detenido ya había estallado el conflicto violento entre la banda que integraba y sus rivales del barrio Empalme Graneros. Una saga que incluyó el asesinato por error de otra de sus hermanas: Verónica Almada, de 38 años. La mujer fue atacada a tiros el 18 de febrero de 2022 en la puerta de su casa de Urquiza al 6000. La investigación de ese crimen determinó que el plan de los homicidas era matar a Jonatan, pero aquella noche tiraron al bulto e hirieron a su hermana y al hijo de ella, de 6 meses.

En la casa familiar del barrio Ludueña, durante el allanamiento en el que detuvieron al ex policía, fue secuestrado un cuaderno que contiene muchas de las evidencias con las cuales avanzó la investigaciones. Aparecen nombres de otros miembros de la banda, anotaciones sobre los gramos de droga vendidos y los montos cobrados y otros detalles vinculados al narcomenudeo.

Narcomenudeo y violencia

Las dos bandas enfrentadas comenzaron a quedar expuestas en las investigaciones por los crímenes y extorsiones vinculadas a cada una. Ambos grupos habían sido orquestados y liderados por presos de las cárceles de Coronda y de Piñero. Por un lado, con base en Ludueña, estaba la banda que para los investigadores era una subestructura de Los Monos. Ese vínculo se hizo a partir de que identificaron como líder del grupo al recluso Matías "Pino" César, sindicado como quien desde la cárcel de Piñero formó una alianza con sus compañeros de pabellón Andy Benítez y Julián Aguirre. En la calle las directivas quedaban en manos de Mauro Gerez, Oscar “Nenu” Ramírez y Jonatan Almada entre otros.

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La otra banda, en tanto, era liderada por el recluso Francisco "Fran" Riquelme, por entonces preso en Piñero y según la Justicia ligado a Esteban Alvarado. Oriundo de Empalme Graneros, Fran había logrado administrar los puntos de venta de drogas de las calle Felipe Moré al 600 bis, donde a principio de 2024 dos propiedades suyas fueron demolidas en el marco de la ley de microtráfico. En la Fiscalía al menos 40 crímenes ocurridos entre fines de 2021 y 2022 se investigan como parte de este conflicto.

Una de las características de la banda de Almada, parcialmente expuesta durante la investigación, fue la connivencia policial con la que contaban. La agente Analía Francia, empleada en la comisaría 12ª de Ludueña hasta que la pasaron a disponibilidad, fue condenada a tres años de prisión condicional. Es la madre de uno de los sicarios de la banda y les habilitaba información relevante. Por ejemplo, en agosto de 2022 le hizo llegar a Almada el dato de que le habían puesto pedido de captura. Otro hombre cercano a la fuerza y e imputado como parte de la organización es Darío José “Viejo” Protti, expolicía exonerado por asesinar a un menor, que participaba de extorsiones y está pronto a acordar una condena por juicio abreviado.

Una empresa criminal

Almada llegará a juicio considerado “gerente de la empresa criminal”. Según la acusación de Socca se ocupaba de distribuir la droga a otros miembros de la banda, administraba y controlaba la recaudación, las armas y las municiones que utilizaban, transmitía directivas a los otros integrantes y amenazaba personalmente a las víctimas de extorsiones.

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Una de las extorsiones que se abordará en el juicio comenzó en julio de 2021 y fue contra una familia del barrio Ludueña. Su vivienda de Solís al 300 fue atacada a tiros y un día después, según Fiscalía, recibieron mensajes de Almada, quien los amenazó con “hacerlos explotar” si no le entregaban dinero. Al tiempo la familia abandonó la vivienda, que fue usurpada por un grupo encabezado por Almada, quien luego designó a quienes ocuparían esa casa. Por ese hecho le atribuyen los delitos de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, amenazas calificadas con el fin de que la víctima abandone su casa, usurpación y tentativa de homicidio.

Almada también será juzgado por una serie de amenazas contra el propio fiscal Socca y su par Matías Edery. Ambos fueron mencionados en carteles con mensajes intimidantes que aparecieron en distintos puntos de la ciudad como una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal. Acusación que lo ubica como instigador de amenazas coactivas calificadas por el propósito de obtener concesión de parte de un poder público. A la acusación se le suma otra extorsión agravada por e luso de arma de fuego, la tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y un abuso de armas por una balacera ocurrida en agosto de 2022 para la cual habilitó su auto para que los gatilleros descargaran 16 balazos contra una casa de San Lorenzo al 5100.