Al comienzo de la semana obtuvo dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento del proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad de los menores, que pasaría de 16 a 14 años en caso de ser aprobada. Se vuelve así a un debate que suele darse en contextos similares y que siempre encuentra voces a favor y en contra. En esta ocasión los problemas de seguridad pública en Rosario fueron una punta de lanza para impulsar la discusión. En ese marco Luciano Vigoni, exdirector del programa Nueva Oportunidad y con más de una década de trabajo en niñez y juventud, dialogó con La Capital para analizar el escenario en que se avanzó con esta medida.

Hay ciertas características que se repiten cada vez que se discute si es necesario o no bajar la edad de punibilidad de los menores. La principal es que, generalmente, el debate resurge en períodos preelectorales. Para ello se utilizan casos violentos recientes con protagonistas menores, por lo cual se enmarca la discusión en la gravedad innegable de un hecho consumado.

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Otra característica que determina la manera en la que se aborda esta discusión es el enunciado que supone un Estado ausente ante los menores que infringen la ley. Pero hay números. En 2024 la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reunió las estadísticas solo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se iniciaron 1788 causas penales en la Justicia de Menores. La última vez que abordaron otros distritos fue en 2022 y el informe indicó que en la provincia de Santa Fe hubo ese año 3859 niños y adolescentes con ingreso a la Justicia de Menores por causas penales: el 61,5 % entre 16 y 17 años; 7,4 % entre 14 y 15 años; y 1,8 % hasta 13 años, mientras que el resto corresponde a "datos no informados". La complejidad, en todo caso, está en cómo se abordan esos procesos, qué pasa con esos jóvenes durante y después de quedar bajo tutela de la Justicia de Menores.

Voces opuestas

En esta oportunidad hubo dos hechos paradigmáticos que utilizaron los impulsores del proyecto. Primero el asesinato del playero Bruno Bussanich, ocurrido en marzo de 2024 en Rosario a manos de un adolescente de 15 años. Un crimen que quedó registrado por cámaras de vigilancia y cuya filmación se reprodujo en los debates en las comisiones de Diputados. Más acá en el tiempo, la muerte de Kim Gómez en La Plata, ocurrida en medio de la fuga de dos adolescentes que habían robado un auto.

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Profundizar el debate sobre este tema no implica dejar de reconocer la gravedad indiscutible que queda sobre la mesa cuando menores, hoy no punibles, cometen crímenes graves. Tal vez para explicar esta postura alcanza el escueto comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial que "manifiesta su profundo rechazo al proyecto de ley que propone disminuir la edad de responsabilidad penal". Indica que contraviene a la Convención sobre los Derechos del Niño y "representa una regresión normativa en justicia juvenil".

Semanas atrás fue la Pastoral Social del Episcopado la que se pronunció de manera crítica ante el proyecto sin dejar de reparar en "las problemáticas crecientes que ocurren en torno de la niñez, adolescencia y juventud". "Si realmente se pretende encontrar una solución duradera, es imprescindible abordar las causas profundas del delito en menores. Entre ellas se encuentran el avance del narcotráfico, la degradación —o incluso la ausencia— de vínculos familiares de contención, la baja calidad educativa y la pobreza estructural", señaló el texto que publicaron con el título "Más oportunidades que penas".

Rosario, caso clave

Rosario aparece como un factor central en el debate, dada la trascendencia nacional que en los últimos años tuvieron las crisis de seguridad pública a nivel local. Fenómeno en el cual los menores de edad fueron protagonistas como víctimas y victimarios. En ese marco aparecen posturas de actores institucionales que desde hace años apuestan a un abordaje que hoy está en las antípodas de la pretensión de bajar la edad de punibilidad.

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Una de las posturas críticas sobre el proyecto es la de Luciano Vigoni, exdirector del programa Nueva Oportunidad. Un proyecto que comenzó a nivel municipal y luego se expandió a la provincia para acompañar a adolescentes y jóvenes en contextos vulnerables que no estaban escolarizados. No casualmente surgió en 2013, como una manera de contener la crisis social relacionada a una violencia urbana ligada a economías ilegales que ya había comenzado a estallar. Ese año hubo 35 menores asesinados, cifra que los años siguientes comenzó a bajar hasta llegar a 12 casos en 2019 y luego volvió a ascender.

"Lo primero que hay que decir es que hace años el problema que tenemos no es estrictamente jurídico. Hay una cuestión que está partida y tiene que ver con el sistema integral de protección", analizó Vigoni para introducirse en la discusión sobre la baja de edad de punibilidad. Se refiere al sistema que a nivel local propone la ley provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: una articulación entre áreas estatales que atiendan las necesidades de la población infantil y juvenil en situaciones vulnerables.

La alerta previa

"La realidad es que esta ley no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en la vida de los pibes que nacen en las periferias de los grandes centros urbanos. Las condiciones materiales de vida son determinantes para explicar su desarrollo e historia", indicó Vigoni. "Están expuestos porque las economías delictivas forman parte de los entramados de subsistencia de los sectores populares. Después de mucho tiempo ese sistema genera una estructura que ya no es solo económica, sino que también penetra en la subjetividad", agregó.

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Vigoni asegura que las leyes que protegen derechos de infancias y adolescencias no tienen el respaldo presupuestario ni la decisión política que necesitan. Una situación que se refleja en el estado de las instituciones y en "los trabajadores que son los más precarizados de la estructura estatal".

Si los problemas de seguridad pública se agravan y ponen a la juventud en el centro del debate es porque algo falló antes, considera Vigoni. "En la posibilidad de laburar con jóvenes apareció que en muchas de las situaciones hay alertas previas a cuando a su caso lo agarra un juez de menores cuando el chico tiene 17 años", explicó.

"Hay temas como los abusos, los suicidios, los homicidios y violencia en general, el consumo y la salud mental que hay que abordar de una manera diferente a como se abordan hoy". "El Estado simplifica el tema y eso recae en el trabajador, porque este proyecto no va a ir acompañado de una definición política de gasto público", agregó.

Abordaje posterior

Estas problemáticas que tienen una fuerte repercusión en la subjetividad de los jóvenes, analiza Vigoni, van a agravarse si la discusión no advierte las alertas previas y sobre todo si la respuesta es meramente punitiva. En ese sentido destaca un eje clave para el debate: "Un plano que no se discute nunca y es el tránsito por el sistema penal juvenil, qué pasa con el pibe en el encierro".

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"La peor cárcel de la provincia de Santa Fe es el pabellón de menores de Las Flores. Es donde están privados de la libertad jóvenes de 16 a 18 años en condiciones de una cárcel de mayores. No tienen una cotidianidad donde pueden reflexionar, no es justicia restaurativa, están todo el día encerrados", explicó. "El Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj, ex-Irar) de Rosario, a pesar del trabajo de los acompañantes, es un espacio de reproducción de la violencia más que de restitución o para que puedan hacerse cargo de lo que hicieron", agregó.

"Hay que trabajar de una manera diferente el proceso de un pibe que cometió un delito. Tiene que haber una asimilación de responsabilidad y eso puede hacerlo si hay un sistema que lo acompaña", analizó Vigoni. En ese sentido estimó que estas instituciones "no están preparadas para recibir a chicos de 14 años".

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"La tasa carcelaria en los 90 era de 62 presos cada 100 mil habitantes y ahora es de 240 cada 100 mil. Hemos subido paulatinamente los presos y los niveles de violencia", analizó el exdirector del Nueva Oportunidad. "No digo que no haya políticas de seguridad, porque hay que sacar las armas de los barrios y controlar el delito. Pregunto por qué no se asigna más presupuesto a las políticas de protección integral", cuestionó.