A comienzos de enero de 2019 a Marina Marsili, contadora del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, le balearon la casa cuando estaba con su hijo de 12 años y dos amigos de él. Enseguida supo que tenía relación con Esteban Alvarado, empresario narco que hoy está siendo juzgado por la Justicia provincial por distintos delitos y entre ellos aquel atentado. El motivo fue porque la funcionaria estaba a cargo de la investigación de los patrimonios de la organización criminal: una amplísima conexión entre propiedades, vehículos y negocios que garantizaban el lavado de los activos provenientes de actividades ilegales.

Una de las puntas del ovillo que expuso al complejo mundo delictivo liderado por Esteban Alvarado fue el secuestro y homicidio del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre de 2018, y otro de los hechos que se juzgan en el presente debate. Cuando el GPS del vehículo de la víctima arrojó que había estado cautivo en una quinta del paraje Los Muchachos, Marina Marsili accedió a la información del servicio de catastro provincial que indicó que la propiedad estaba a nombre de los hijos de Alvarado.

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Una vez identificada esta vivienda y confirmado que pertenecía a Alvarado, Marsili y su equipo propusieron un allanamiento. Con la Tropa de Operaciones Especiales a la cabeza se concretó el operativo del cual participó Marsili, el fiscal Matías Edery y otros funcionarios de Fiscalía. Uno de los principales hallazgos fue una carpeta escolar infantil con dibujos del oso Winnie Pooh que en su interior contenía una gran cantidad de documentación sobre viviendas, vehículos y negocios en el cual aparecían los nombres de distintas personas.

Según expuso Marsili esa carpeta ventiló "muchísima información relevante". "Anotaciones de movimientos bancarios, cuentas bancarias donde había depósitos, número de cuentas, numerosos domicilios, muchos certificados de distintas propiedades de muebles y rodados, pago de impuestos", describió la funcionaria.

Estamento empresarial

Una base de la investigación que condujo a este juicio es la identificación que hicieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre los tres estamentos de la banda liderada por Esteban Alvarado. Uno de ellos era la pata violenta, con acceso a vehículos y armas de fuego, que cometía delitos como robos, usurpaciones, amenazas, balaceras y homicidios. El otro grupo, por el cual ya hubo condenados en procedimientos anteriores, es el estamento conformado por funcionarios y policías que para los fiscales permitió a la banda lograr impunidad desviando información, plantando evidencias y pistas falsas en investigaciones.

En tanto el estamento restante es el conformado por un grupo de personas -siete ya condenadas- que administraban, organizaban y gestionaban el funcionamiento de un entramado de firmas comerciales: las sociedad de responsabilidad limitada (SRL) Toia, Edra, Logística Santino, cuatro empresas unipersonales inscriptas en rubros de servicio, transporte o concesionarias de ventas de autos. Gran parte del funcionamiento de ese esquema fue ventilado a partir del hallazgo de la carpeta en Los Muchachos.

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En ese sentido en su exposición Marsili habló de que en la documentación encontrada comenzaron a aparecer evidencias "que no se correspondían con el funcionamiento normal de una empresa". "Un indicio de que había abuso de personería jurídica. Había una confusión de patrimonios, superposición en cuanto a mismos domicilios donde operaban tres empresas distintas que no tenían un vaso comunicante entre sí", explicó la funcionaria.

Testaferro pobre

En el juicio actual hay dos personas imputadas como parte del eslabón comercial de la banda. Se trata de Miguel Greci Hazzi y Damiana Ghirardi, una pareja acusada de maniobras de lavado de activos para los cuales los fiscales pidieron penas de 8 y 3 años de cárcel. Sobre Ghirardi, por ejemplo, Marsili expuso que se halló a su nombre la compra de un departamento, dos cocheras y una baulera en el complejo de viviendas Condominios del Alto.

"Una persona que se podría considerar un testaferro pobre, no tenía capacidad patrimonial y tributaria para hacer esas compras. Esa fue una primera señal de alerta", explicó Marsili. El hecho de que en una carpeta ajena se encontraran los comprobantes de pago de impuestos a nombre de Ghirardi se consideró otra alerta. "Señalaba que existía un beneficiario final que no era esa persona que figuraba como quien abonaba", agregó.

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Situaciones similares se dieron ya con otras personas que fueron condenadas como parte del mismo estamento de la banda. Rosa Capuano, pareja de Alvarado, Nadia Toledo, Jorge Benegas, Valeria Nasca y Leandro Suárez eran los nombres de sociedades unipersonales que de fondo formaban parte de la misma red de lavado de activos. En total un complejo mapa de propiedades expuso que al menos 106 vehículos y 29 inmuebles formaban parte del flujo económico de la banda. Entre los inmuebles hay viviendas en barrios cerrados como Funes Hills, Puerto Roldán y Tierra de Sueños.

El caso Makhat

En el desarrollo de su investigación Marsili recuperó el caso de Javier Makhat, ex jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, que fue condenado a tres años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 50 millones de pesos. Es que su nombre fue uno de los que apareció en aquella carpeta secuestrada en Los Muchachos.

Según la documentación Makhat le había comprado a Greci Hazzi y Ghirardi el departamento, las dos cocheras y la baulera de Condominios del Alto. Incluso allí fue detenido en noviembre de 2018. Greci Hazzi, que es arquitecto, dijo que había conocido a Makhat por un proyecto que le había diseñado por lo cual fue invitado su casamiento.

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Según los fiscales esas propiedades habían sido transferidas varias veces en término de dos años, con el fin de integrarlas al mercado legal. En el caso de Makhat habían sido adquiridas por su esposa. Con el correr de la investigación el ex policía no pudo justificar esos inmuebles una casa en la localidad de Funes, por lo cual fue condenado en un procedimiento abreviado.