La fuga de ocho presos en una operación inédita como la irrupción armada de un grupo de rescate puso a la cárcel de Piñero en el foco de las noticias durante las últimas dos semanas. Más allá de lo espectacular de esta evasión, que incluyó la muerte de uno de los intrusos en el tiroteo con los centinelas, hubo tiempos en los que sólo las fugas o los motines replicaban como noticias fuera de los muros que para adentro seguían manteniendo el aura de un submundo con secretos y mitos. Pero Piñero es desde hace unos seis años uno de los generadores más importantes -no el único- de la violencia que ronda las calles de Rosario. Desde usurpaciones y aprietes a tiros a vecinos anónimos hasta los ataques institucionales como las balaceras a blancos vinculados al Poder Judicial, pasando por los más tradicionales gerenciamientos de redes narco, estafas bancarias por teléfono o novedosos servicios de homicidios por encargo.
Si bien esto no ocurrió de un día para el otro resulta curioso cómo la sociedad -y sus representantes políticos- pareciera seguir pensando en la cárcel como el lugar donde quienes delinquen van a recibir un castigo. Sin atender a que -cada vez hay más pruebas- las prisiones se vienen convirtiendo en oficinas administrativas del hampa. Con la particularidad, conocida en este rubro, de que estos negocios se basan en el uso de la violencia cada vez más sistemática, rutinaria, perversa. Que brota y se expande extramuros sin necesidad de cortar un alambre con amoladoras.
Tareas de oficina
Tal vez nadie pensó allá por 2015, cuando empezaban a ir presos los líderes de las organizaciones criminales más importantes de Rosario, que éstos podrían seguir con sus actividades económicas para mantener a sus familias y pasarla lo mejor posible en los penales. O tal vez quien haya pensado en eso sólo haya enfocado en los vacíos de mercado que se abrían para ir a cubrirlos. Como los policías que en su momento investigaron a Los Monos y años después terminaron condenados por trabajar para Esteban Alvarado, uno de los competidores más importantes de los Cantero. Lo cierto es que, por acción u omisión, las cárceles como la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero no parecen haber menguado la capacidad de los cabecillas para seguir atendiendo sus negocios violentos.
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Mientras Ungaro purgaba casi anónimamente su condena a once años por matar a Pimpi, su figura comenzaba a crecer desde el interior del penal hacia las calles donde reinaba “la banda de René”. Para 2018 fue parcialmente desactivada una primera versión de ese polirrubro que seguía las órdenes que Ungaro y sus laderos dictaban desde la cárcel para cometer amenazas, balaceras, usurpaciones que aseguraran el terreno para la actividad central y más rentable: el narcomenudeo.
Cuando terminó su alianza con los hermanos Funes entre 2016 y 2018, Ungaro armó otra banda con nuevos miembros como el ahora prófugo Claudio “Morocho” Mansilla, presunto ideólogo de esta última evasión. Con los mismos objetivos que antes, tal vez con posibilidades de expansión territorial, emprendimientos laterales como la venta de número para las visitas a la cárcel esta nueva organización fue imputada en 2019 y tal vez agregue más años en prisión para Ungaro. Que por estos días debe estar tratando de reorganizar su oficina desde el penal donde finalmente quede alojado luego de haber sido “extraído” de Piñero como una muela con caries junto con otros pesos pesados.
Cabe aclarar que muchas de estas bandas polirrubro sostienen, simbólica y materialmente, los negocios narco en los territorios. Eso abre dos frentes a sus líderes: mientras la Justicia federal investiga la venta de droga, la Justicia provincial persigue los delitos colaterales. Así es que por estos días Ungaro está imputado por organizar una banda y también condenado por liderar su banda anterior con los Funes; con quienes, pese a que ahora está enfrentado, comparte banquillo de acusados en un juicio por narcomenudeo por el cual le pidieron 12 años más.
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Si es por sumar penas, Piñero fue también la cárcel donde Ariel “Guille” Cantero siguió generando acciones que ya le valieron cuatro condenas más: dos por organizar redes narco, una por ordenar un secuestro extorsivo y otra por amenazar a un juez por teléfono. Podrían agregarse más, ya que está imputado por orquestar las balaceras para amedrentar al Poder Judicial y podrían acusarlo de liderar otra banda que extorsionaba en su nombre. Entre los aprietes a tiros que le endilgaron a esta organización está la trágica balacera en la que mataron a un apostador del City Center que fumaba en un balcón.
También tuvo en Piñero una de sus sedes Nahuel Novellino, a quien la Justicia federal de Venado Tuerto procesó tres veces en un año por el armado de redes narco desde diferentes cárceles. Y siguen activas otras organizaciones como las de Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, un piloto aerocomercial que llegó a Piñero como narco pero al parecer habría desarrollado desde su pabellón otros emprendimientos paralelos como la organización de homicidios por encargo.
Las celdas de Piñero han brindado los últimos años amplias posibilidades delictivo-laborales tanto para presos como para jóvenes desempleados y excluidos, en un loop que se renueva con prácticas e ideas que la van asimilando a un call center del delito donde un pibe puede entrar como ladronzuelo y convertirse en CEO de una asociación ilícita.
Servicios de homicidios
Si bien no fue el primer asesinato orquestado desde una cárcel, el crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante redobló su tremendo impacto inicial al saberse que había sido ordenado desde Piñero. Es que la investigación de lo ocurrido el 14 de julio de 2020, cuando dos hombres mataron a tiros a Trasante en su casa, detectó el plan que comenzó con la compra de un auto robado en el que los sicarios llegaron y se retiraron de la escena. Según la pesquisa las acciones fueron coordinadas por Rodríguez Granthon desde la celda que ocupaba en Piñero. Sin embargo, a pesar de haber cuatro imputados por esos movimientos de logística, hasta ahora no se identificó a los gatilleros ni se estableció el móvil.
Cada vez hay más pesquisas como ésta que detectan a presuntos actores de un homicidio pero no terminan de esclarecerlos. Hubo un tiempo en que los aprietes y homicidios ordenados tras las rejas obedecían a intereses de sus ideólogos, por venganzas personales o para imponerse ante rivales. Pero entre los emprendimientos que la pandemia puso en escena surgen en los pabellones empresas de crímenes por encargo como servicios tercerizados. Sólo se trata de matar.
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Hoy suena natural que un problema personal en la cárcel derive en el crimen de alguien que está afuera. Débora Natalia Fernández fue asesinada en marzo de 2020 por Alexis “Tartita” Schneider, un hijo del “Viejo” Ariel Cantero. El encargo fue de su hermano Ariel “Chanchón” Cantero quien tras una pelea de pabellón en Piñero con un hermano de Débora le pidió a Tartita que fuera a casa de los Fernández y matara a alguien. Débora atendió el timbre. Tartita la asesinó, luego aceptó una condena a 18 años y ahora ordena amenazas desde una celda.
Otra cuestión personal parece haber impulsado desde Piñero el femicidio de Micaela Beatriz Ledesma, de 26 años, asesinada de cinco tiros a fines de 2020 en la puerta de su casa de Flammarión al 4900. La investigación puso en la mira a su ex pareja, Alejandro Núñez, apodado “Chucky Monedita” y preso desde 2015 por un homicidio. La pesquisa estableció que Núñez amenazaba a Ledesma y a sus familiares al punto de mandar a sus parientes a reclamarle a la víctima por la tenencia de la hija de 3 años de ambos que también resultó baleada en el ataque mortal a su madre.
El caso muestra cómo la logística desplegada tras las rejas puede servir a fines personales o para otros emprendimientos. El propio Chucky Monedita fue recientemente imputado como jefe tras las rejas de una banda polirrubro que entre sus trabajos tomó el dos veces fallido asesinato de Carlos Argüelles, un antiguo ladero de Esteban Alvarado que devino en testigo en su contra. A tono con estos nuevos tiempos, las escuchas sitúan a Chucky Monedita dando órdenes para esa operación pero la pesquisa aún no estableció si lo hacía por iniciativa propia o era un encargo de terceros.
Igual que el crimen de Mauricio Gómez, de 21 años, el pasado 26 de abril en Colombia y Frech. Si bien las escuchas ubicaron como instigador al Morocho Mansilla por ofrecer 100 mil pesos al gatillero Ulises O., el móvil no se estableció. Tampoco si fue un encargo o si obedeció a los propios intereses del Morocho en función de pujas territoriales en el oeste rosarino.
En los alrededores
Hubo una época en la que la condición de ex convicto de la víctima de un homicidio explicaba por sí sola el móvil. Si había estado preso se infería que su muerte obedecía a algún problema tras las rejas, se rotulaba “ajuste de cuentas” y listo. Pero la complejización de la criminalidad, y el correspondiente recrudecimiento de la violencia extramuros, multiplicó las víctimas fatales incluyendo nuevas posibilidades como los muertos por error o daños colaterales de esos encargos.
En los últimos cinco años al menos cuatro personas murieron en las rutas hacia Rosario luego de alguna visita a Piñero. El más recordado fue el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes, emboscado el 5 de febrero de 2018. Salía de visitar a sus hermanos Lautaro y Alan cuando los ocupantes de una Ford Ecosport le cerraron el paso para ejecutarlo. Inscripta en la saga sangrienta conocida como “Los Funes contra los Caminos”, hace poco fueron condenados a perpetua Enrique “Cable” Solís y Emiliano “Jija” Avejera. Este último, alguna vez jefe de la barra de Newell's, también aceptó otra condena a 11 años por haber instigado un homicidio que le ordenaron desde otra cárcel en el que los tiradores, por error, mataron a otra persona.
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Meses antes, el 11 de noviembre de 2017, había ocurrido un hecho más sangriento cuando emboscaron un Fiat Palio en el que iba Javier Gaitán, un interno de 27 años que salía transitoriamente por 36 horas del penal, y lo asesinaron junto con dos amigos que lo habían ido a buscar: Brian Alexis Rodríguez, de 24, y Rodrigo Silva, de 15. La falta de avances de la investigación parecen condenar el caso a la impunidad del olvido.
Poco ha trascendido sobre el más reciente crimen de Vanesa Hernández, una remisera de Villa Gobernador Gálvez asesinada el pasado 27 de abril. Una amiga la había llamado desde la ruta porque se había roto el auto en el que habían ido a buscar a un familiar que salía de Piñero tras cumplir una condena a 12 años por homicidio. Vanesa remolcaba con su Volkswagen Fox la Renault Kangoo en la que iban ese hombre y tres familiares cuando, en el kilómetro 6 de la ruta14, los vehículos fueron emboscados por una camioneta Toyota Hilux con cuatro ocupantes que de la nada comenzaron a disparar.
Si bien enseguida se estableció que el blanco del ataque no era Hernández, hasta ahora no se supo el móvil de la fatal emboscada. Al día siguiente otro asesinato pareció arrojar luz sobre el hecho, aunque tampoco fue vinculado oficialmente: el crimen de Daniel Amelio Balaguer, un veterano también imputado en la segunda banda de Ungaro, asesinado mientras hablaba por teléfono en Benito Juárez y Médici. Había salido de Piñero el día anterior. ¿Habrá sido él el preso que recuperaba la libertad al que quisieron matar en la emboscada de la ruta 14?
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Perversa síntesis
En su momento causó gran conmoción pero el vértigo de la violencia urbana que todo lo naturaliza puso pronto ese hecho en la carpeta de “uno más”. Fue el 11 de agosto de 2019, cuando al parecer un grupo quiso arrebatar el “negocio” de la venta de números para visitantes de la cárcel de Piñero y quienes gerenciaban ese “kiosco” fueron a correrlos a tiros contra la gente que hacía fila, hiriendo a dos personas. Por ese hecho tiempo después se repartieron imputaciones para la banda que entonces lideraba René Ungaro con gente que respondía a él y al Morocho Mansilla.
A la distancia ese hecho podría leerse como una síntesis de la relación entre el adentro y el afuera del penal de Piñero. No sólo derribando por completo aquella ley que alguna vez protegiera como “intocables” a las familias y visitas de los presos sino también mostrando hasta qué punto hay internos que se adueñaron de los destinos de la cárcel dejando al Estado como convidado de piedra. El ataque a tiros en la puerta de una cárcel a personas que iban a visitar a familiares fue un golpe institucional más grave que cualquier balacera contra los vidrios de Tribunales y debió haber sido un parteaguas en el manejo del Servicio Penitenciario santafesino. Sin embargo no supera el rango de anécdota.
