Los puntos oscuros que dejó entrever el juicio a Francisco Riquelme fueron tenidos en cuenta por el tribunal provincial que en mayo pasado lo condenó a perpetua como jefe de una banda criminal que operó en el barrio Empalme Graneros. En los fundamentos del fallo los jueces recomendaron enviar al Ministerio Público de la Acusación copias de lo expuesto en el debate por la posible connivencia de agentes penitenciarios y policiales. Surge a partir de planteos que hizo la defensa durante el debate al cuestionar el liderazgo de una asociación ilícita por parte de un recluso bajo custodia del Estado.

La sugerencia de los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Andrés Rodríguez se conoció el 10 de agosto en los fundamentos de la sentencia. A fines de mayo Francisco "Fran" Riquelme y otras 12 personas fueron condenadas a prisión perpetua por una serie de homicidios y otros delitos cometidos en el marco de una asociación ilícita.

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Durante el juicio, que duró casi tres meses, se abordó el conflicto que entre 2021 y 2023 tuvo como escenario principalmente a los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial. En ese contexto dos organizaciones, ambas con jefatura desde la cárcel de Piñero de acuerdo a fallos judiciales, se disputaron el territorio con un trasfondo vinculado al narcomenudeo y las extorsiones a vecinos o comerciantes.

En el alegato de cierre del juicio, la defensa de Riquelme había cuestionado la acusación que lo ubicó como jefe desde prisión de una banda criminal. En ese contexto consideró que, por consecuencia, se afirmaría que había cometido delitos "con la aquiescencia del Estado". Riquelme, por su parte, habló al final del debate y apuntó contra la comisaría 12ª del barrio Ludueña. Sin embargo a lo largo de la investigación no se profundizó en cómo se gestó la organización desde una unidad penitenciaria ni la presunta corrupción policial.

El planteo de los jueces

En el punto 27 de los fundamentos del veredicto el tribunal hizo referencia a los planteos de la defensa de Riquelme, representado por Antonella Travesaro. En ese sentido los jueces mencionaron "la eventual responsabilidad funcional de servidores públicos".

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En su alegato de cierre del juicio, Travesaro había planteado: “No se intentó explicar ni se probó cómo Riquelme habría liderado una organización criminal estando bajo custodia estatal”. “Sostener estas atribuciones en cabeza de Riquelme implica afirmar el fracaso del sistema carcelario. Implica afirmar delitos cometidos con la aquiescencia del Estado, en el interior del Servicio Penitenciario, delitos que no han sido investigados", remarcó.

Con esa advertencia, si bien no repercutió en la condena a Riquelme, el tribunal dispuso: "Remitir copias al Ministerio Público de la Acusación, sin perjuicio de que la Fiscalía representada por los titulares de la acción penal actuantes en el juicio tomaron conocimiento por la prueba producida y los planteos introducidos por la defensa en torno a una eventual responsabilidad funcional de servidores públicos pertenecientes al Servicio Penitenciario y/o Policía provincial, a los fines que evalúe la eventual adopción de las medidas que estime corresponder".

La sombra penitenciaria

Lo que durante el juicio la Fiscalía expuso sobre la estructura criminal de Riquelme, con su liderazgo desde la cárcel de Piñero, ocurrió también con otros reclusos alojados en penales federales. Algunos pesados históricos, como Esteban Alvarado o Guille Cantero, mantuvieron en prisión el poder que habían ganado en la calle. Pero tantos otros entraron a la cárcel por delitos menores, o no vinculados a organizaciones criminales, y en las cárceles tuvieron la capacidad de convertirse en jefes o referentes de grupos que emergieron en distintas zonas de Rosario.

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El caso Riquelme, cuya banda se enfrentó a otra organización también surgida desde un pabellón de Piñero, encuentra similitudes en otras bandas que actuaron de manera similar durante el mismo período. Coparon barrios instalando terror en la población con métodos violentos, corriendo límites y provocando una escalada evidenciada en la cantidad de homicidios dolosos registrados.

Sobre ese fenómeno, ocurrido sobre todo entre 2020 y 2023 pero con un período crítico en 2021 y 2022, surgen los interrogantes acerca de cómo se posibilitó. Lo obvio es que lo hicieron mediante teléfonos celulares, lo que quedó expuesto en todas las causas contra las bandas que emergieron en esos años. Algunos investigadores consultados ven un punto de inflexión en los permisos concedidos durante la pandemia ante la suspensión de las visitas, pero también reconocen la existencia de “kioscos” que se mantuvieron los años siguientes. Un eufemismo para referir a la connivencia institucional. “El Servicio Penitenciario era un kiosco enorme, estaba todo tarifado. Es un mundo muy difícil de penetrar, como si estuviese organizado para ocultarse todo lo que pasa ahí adentro”, analizó una fuente.

Lo que dijo Francisco Riquelme

Por uno de los homicidios abordados en el juicio, la Fiscalía presentó como evidencia el relato de una testigo que brindó detalles que comprometieron a la banda. Cuando Riquelme pidió declarar, entre otros aspectos, apuntó a la connivencia policial. "La testigo esa declaró en la comisaría 12ª. Todo el mundo tiene conocimiento que es una comisaría corrupta", aseguró y ligó a esa seccional a la banda rival, que en la calle tenía como referente a Mauro Gerez.

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"Hubo testigos que comentaron que en la puerta de la comisaría 12ª estaba el búnker de Mauro Gerez", aseguró respecto de las declaración de testigos durante el juicio acerca de la seccional del barrio Ludueña. Gerez fue uno de los miembros más relevantes de la organización criminal que operó en ese barrio con jefes desde la cárcel de Piñero y que mantuvo una disputa territorial con la organización que la Justicia le atribuyó a Riquelme haber liderado.

La connivencia de la comisaría 12ª con el delito quedó expuesta en la causa contra Gerez. "Arreglé ahí en la taquería, no llegué a audiencia", dijo Gerez en mayo de 2022 según consta en los peritajes a celulares que sirvieron de evidencia para condenarlo en 2025 como jefe de la asociación ilícita. Se refería a lo ocurrido tras un crimen en el barrio Empalme Graneros en el que Gerez participó y por el cual estuvo demorado en la comisaría 12ª sin que desde la seccional se informara a Fiscalía.