Pablo Cejas era un policía provincial bastante conocido en la ciudad de Santa Fe por sus recurrentes denuncias públicas que vinculaban a la cúpula de la fuerza a la que pertenecía con el narcotráfico. Por eso tenía el más bajo nivel de custodia pactado con el "Programa de protección de testigos y querellantes". Había zafado de la muerte al menos cuatro veces y tras cada una de esas ocasiones profundizó sus denuncias. La noche del lunes no pudo zafar. Se enfrentó a un grupo de transas (vendedores de drogas) del barrio Villa Yapeyú y tras recibir un disparo que lo desparramó sobre una calle de tierra le asestaron al menos otros diez balazos que lo callaron para siempre.
Mientras desde el gobierno de la provincia el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, coincidió con el fiscal en que es muy pronto "ligar el crimen de Cejas a las denuncias que realizó"; desde distintos sectores de la oposición política santafesina se sostuvo que "Cejas fue víctima de la narcomafia que ampara la policía provincial".
El lunes a la mañana Cejas realizó horas de trabajo adicionales en una entidad bancaria de Santa Fe. Al caer la tarde, ya desocupado, fue al segundo cumpleaños de su nieta. Y pasadas las 21 se encontró con su hijastro, con quien se dirigió a su casa del barrio Villa Yapeyú, en el humilde noroeste santafesino, uno de los barrios catalogados "picantes" en la capital provincial.
Según explicó el ministro Pullaro, "a las 21.20 el agente Cejas se comunicó con el dispositivo de «seguridad de protección de testigo» y reportó absoluta tranquilidad, sin cambios en su rutina", como lo hacía a diario.
Todo lo que sucedió a partir de ese momento fue manejado con cautela por el fiscal Jorge Nessier, de la Unidad de Homicidios Dolosos, y presentado "en off" por fuentes gubernamentales. Todo indica que tras salir del cumpleaños de su nieta, Cejas y su hijastro fueron en moto por las calles de Villa Yapeyú y en ese trayecto se cruzaron con un auto blanco en el que iban "dos o tres transeros y tira tiros del barrio que tenían broncas con el policía y su familiar". Hubo una provocación y Cejas decidió pasar por su casa para buscar su arma reglamentaria e ir al encuentro de los transeros. Según trascendió, su hijastro trató en todo momento de persuadirlo para que no lo haga, pero no lo logró.
Cejas, siempre según la versión gubernamental, fue encontes hasta una casa de Neuquén al 6400 al encuentro con su destino. Circuló alrededor de siete cuadras en su moto y cerca de las 22, sobre la tierra de la calle, lo estaban esperando. "Había varias personas, como un tumulto de gente. Nosotros estábamos mirando tele cuando escuchamos gritos de una mujer y de inmediato un vendaval de disparos. Acá los balazos son normales, pero dos de esos proyectiles pegaron en una de las ventanas de mi casa. Eso hizo que nos metiéramos en el baño. Por la ventana vimos un hombre tirado en la calle y escuchamos que rogaba: «No me maten,no me maten». Pero nadie lo escuchó", explicó una vecina de la zona a los medios santafesinos.
Luego, siempre según esta línea de reconstrucción, el cuerpo de Cejas fue arrastrado "como si se tratara de un bulto". Lo dejaron tirado a unos cien metros del pasillo donde se produjo la balacera, junto a su moto y a su celular. Sólo le faltaba su arma. De acuerdo a lo confiado por fuentes cercanas a la pesquisa, los sindicados como matadores del policía "estaban siendo investigados por la Policía de Investigaciones (PDI) como sospechosos de otro homicidio" ocurrido en Villa Yapeyú. El de Walter Maximiliano Gómez, de 23 años, atacado a balazos la noche del 11 de junio último en la esquina de Reinares y Chaco. Gómez murió el 4 de julio mientras estaba internado. En el mismo ataque resultó herido su primo Yair, de 29 años, quien resultó baleado.
Denunciante
En junio de 2015, tras ser baleado en un tiroteo, Pablo Cejas se presentó socialmente como una especie de "Sérpico" (el primer policía en la historia de los Estados Unidos que declaró como testigo en un juicio contra la corrupción policial) santafesino. Entonces denunció que los agentes policiales tenían "prohibido tocar algunos lugares donde se vende droga" y que recibían "órdenes (de sus superiores) de no meterse con los narcos" que aportaban a las cajas negras de la fuerza.
Tras esa denuncia pública el juez federal Walter Rodríguez solicitó que Cejas sea colocado al amparo del "Programa de protección de testigos y querellantes". Hasta el lunes estaba bajo el nivel mínimo de ese encuadre y la protección que se le brindaba se limitaba a una comunicación telefónica diaria en la cual él debía confirmar que estaba bien, que nada le había pasado (ver página 38).
Un año más tarde, la medianoche del 16 de julio de 2016, el suboficial se atrincheró en el bar restaurante "Orfilia", en la barrio Guadalupe Este de la capital provincial, donde amenazó con suicidarse, realizó disparos con su arma oficial y volvió a denunciar la corrupción dentro de la fuerza además de protestar porque sus repetidas denuncias no se investigaban. Como respuesta, el Ministerio de Seguridad le abrió una carpeta psicológica. Dijeron que tuvo "un brote psicótico", le quitaron el arma y fue pasado a disponibilidad por lo que empezó a cobrar sólo un porcentaje de su sueldo.
En marzo pasado, tras someterse a una pericia privada, pudo acceder a una junta médica oficial tras superar ocho instancias previas bajo tratamiento. Así recuperó la portación del arma reglamentaria y volvió al servicio en el Departamento de Operaciones (D3) de la Unidad Regional I donde se desempeñó hasta el lunes. A la noche su cuerpo apareció tirado en medio de la calle, en Neuquén al 6400 del barrio Villa Yapeyú. Tenía 20 orificios de bala en su cuerpo y sólo faltaba su arma.
De un lado y del otro
"Por el momento no tenemos formas de vincular el crimen de Cejas con las denuncias que realizó, con su función como policía y tampoco con un robo. Todas las hipótesis están abiertas", explicó Jorge Nessier, fiscal de la Unidad de Homicidios.
En tanto, apenas conocido el crimen funcionarios del gobierno y legisladores de la oposición realizaron sus lecturas de lo ocurrido. Por un lado, desde el Ministerio de Seguridad descartaron que Cejas haya muerto como consecuencia de sus denuncias contra sus superiores de la fuerza y sus vínculos con el narcotráfico. "No podemos descartar nada. Por ahora quiero remarcar que la hipótesis más fuerte de este crimen no está vinculada a sus denuncias", dijo por la mañana el ministro del área, Maximiliano Pullaro. Una declaración que, según se pudo percibir, no cayó nada bien entre los uniformados. "Por el lugar en donde se produjo el hecho y por las puntas investigativas que tenemos se trataría de un claro caso de violencia interpersonal", explicó poco más tarde Rolando Galfrascoli, secretario de Investigación Criminal de la provincia.
Por el otro lado, desde la oposición política pusieron en duda esa mirada y colocaron la muerte en contexto: "Cejas fue asesinado por la mafia narcopolicial santafesina. En Villa Yapeyú, donde lo acribillaron, él había denunciado 34 puntos de venta ilegales de sustancias psicoactivas. Nosotros hicimos un pedido de informe en mayo pasado a raíz de esas denuncias y la provincia ofreció sumarlo a un plan de protección de testigos. Pero nunca lo protegieron, al contrario. Y además, no hay mafia narcopolicial sin apoyo de algún nicho corrupto del poder político", dijo Carlos Del Frade, legislador provincial por el Frente Social y Popular que el pasado 3 de mayo presentó un proyecto de Comunicación en la Cámara baja para que el Poder Ejecutivo "explique el funcionamiento de algunas comisarías de la ciudad de Santa Fe y las características de los barrios en los que actúan distintas bandas con notoriedad en los últimos años".
"Si Cejas denunció en 2015 a sus superiores y la connivencia directa con el narcotráfico diciendo que sabía literalmente dónde estaban los búnker de drogas y que ellos no podían desmantelarlos porque se los impedía la propia fuerza. Si en 2016 se atrincheró en un bar céntrico de Santa Fe pidiendo protección para su familia y un año más tarde aparece muerto con 20 balazos, evidentemente nosotros estuvimos mirando para otro lado", reflexionó a su turno Leandro Busatto, diputado provincial por el Frente para la Victoria.
Una docena de tiros
El fiscal Nessier indicó: "Estamos trabajando sobre dos líneas. Por un lado, con los testigos directos y presenciales del momento del hecho. Por el otro, con personas allegadas a Cejas para reconstituir sus últimas horas y los motivos por los cuales estaba ahí. Esos testimonios son de absoluta reserva para garantizar el resultado de la investigación y la seguridad de estas personas. No existen aún imputados ni privados de su libertad", agregó.
Extraoficialmente se supo que la autopsia al cuerpo de Cejas indicó que recibió una docena de balazos "concentrados en la región toráxica". Y que se extrajeron del cadáver dos proyectiles calibre 9 milímetros que servirán para saber si se usó una o más armas. "El examen inicial reveló numerosas lesiones por proyectiles, pero hay que esperar la autopsia final para ver cuáles son orificios de entrada y cuáles son de salida", explicó Nessier.
Cejas "era un personal policial en actividad, que tenía asignada protección por distintas circunstancias no propias de nuestra Fiscalía. No era una custodia fija. Nosotros (la Fiscalía) dos años atrás habíamos trabajado un caso donde él denunció haber sido víctima de una tentativa de homicidio, un hecho en el que le habían disparado en vía pública. Se investigó y no se pudo individualizar a los responsables. Meses después, creo que el año pasado, hubo otro acontecimiento en el que denunció ser víctima de amenazas y un abuso de arma contra un allegado", indicó el fiscal. Y conluyó: "Por el momento no tenemos formas de vincular la muerte de Cejas con las denuncias que realizó, con su función como policía y tampoco con una circunstancia de robo. Todas las hipótesis están abiertas".
