Crimen de Ailén Oggero: los vínculos de su expareja con miembros de una banda narco

Este martes se cumplirá una semana del asesinato de Ailén Oggero, de 31 años, baleada en la puerta de su casa del barrio Belgrano. Sus allegados apuntaron desde un principio a su expareja como sospechoso, quien días después del crimen quedó preso por una denuncia previa que la víctima había hecho por violencia de género. Los vínculos de este hombre con miembros de una banda criminal suman complejidad a una investigación de la cual no se conocieron avances en estos primeros días.

Jonathan Omill, la expareja de Ailén Oggero, supo tener domicilio en Funes, una casa también vinculada a personas ligadas a una banda narcocriminal. Se trata de una vivienda ubicada en Las Garzas 2253, donde en 2020 fue asesinado un hombre que vivía allí. En esa misma casa, tiempo después, cumplió prisión domiciliaria Brenda Pared, condenada por narcotráfico. Esta mujer es pareja de Alejandro Isaías "Chucky Monedita" Núñez y ambos están imputados por los homicidios de tres trabajadores ocurridos en marzo de 2024.

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Omill, además, tiene vínculos estrechos con Jésica "Fea" González, con causas en la Justicia federal por narcotráfico y en el fuero provincial por ser parte de la banda de René "Brujo" Ungaro. Además es media hermana de Brenda Pared y también expareja de Claudio "Morocho" Mansilla, otro recluso condenado a prisión perpetua por homicidios y también vinculado al narcotráfico. Mientras González cumplía prisión efectiva, algunos de sus hijos vivieron en la misma casa de Las Garzas al 2200 bajo el cuidado de su abuela.

El crimen de Ailén

Ailén Oggero, de 32 años y extraccionista en los laboratorios del Hospital Centenario, fue víctima de violencia de género y había presentado denuncias contra Omill. El martes 18 de febrero, cuando fue acribillada a tiros en la puerta de su casa de Prusia al 6700, la hipótesis del femicidio se instaló como la principal línea de investigación por ese contexto previo. Sus allegados apuntaron a su expareja y hablaron de amenazas de muerte y más hostigamientos a pesar de la restricción de acercamiento que pesaba contra el hombre.

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En tanto, el abogado de Omill, Fernando Sirio, aseguró que al momento del asesinato su defendido estaba en su trabajo en una planta de Vicentín. Un contexto que no despega al sospechoso de su posible participación en el hecho, sino que hace pensar en la posibilidad de que se haya tratado de un asesinato con un presunto trasfondo de violencia de género pero que pudo ser ejecutado con las herramientas de la narcocriminalidad.

En ese sentido fuentes de la investigación confirmaron que se analiza como una de las hipótesis que ciertas conexiones de Omill propiciaran el asesinato. Las pistas que abonan esa sospecha son más de una: el arma utilizada, la mecánica del ataque, los vínculos de la expareja de la víctima y el conocimiento que algunos allegados de la mujer tenían acerca de hostigamientos de parte de la propia Jésica González.

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Omill, por su parte, quedó preso por el plazo de ley el jueves pasado en el marco de la causa por violencia de género contra Ailén Oggero. Un avance con críticas lógicas de los allegados de la víctima, que lo consideraron tardío. La fiscal Verónica Ballari le imputó, por una serie de hechos ocurridos en noviembre de 2024, los delitos de violación de domicilio, amenazas simples reiteradas, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por el contexto de género, y también hurto de vehículo y tenencia ilegitima de arma de guerra.

Vínculos complejos

El 3 de diciembre de 2020 en la misma vivienda de Las Garzas al 2200 fue asesinado Marcelo Domingo San Miguel, de 56 años, con un tiro en la cabeza. El faltante de dos televisores, un teléfono celular y algunas plantas de marihuana que cultivaba la víctima hicieron suponer que se había tratado de un homicidio en ocasión de robo, aunque a los investigadores en esa ocasión les llamó la atención que ninguna abertura de la vivienda estaba forzada.

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Tiempo después en esa casa vivió Brenda Pared, donde cumplió prisión domiciliaria hasta que la Justicia provincial le imputó su participación en una serie de homicidios de marzo pasado. Para la Fiscalía, esta mujer siguió las órdenes de Chucky Monedita Núñez para organizar los asesinatos de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa con el fin de amedrentar al gobierno provincial por las restricciones a los presos de alto perfil. Crímenes que cometieron menores de edad con un arma cargada con balas policiales.

En la misma vivienda estuvieron bajo custodia de su abuela los hijos de Jésica "Fea" González, media hermana de Pared. Esta mujer fue condenada por vender drogas, incluso estando en prisión domiciliaria, y también la acusaron por vender de manera ilegal números para definir el orden de entrada de visitantes de la cárcel de Piñero. En ese marco fue considerada parte de una banda liderada por otro recluso, René "Brujo" Ungaro. Ahora distintas fuentes la ubican con vínculos cercanos al principal sospechoso del asesinato de Ailén Oggero.