La nueva causa alcanza a otras 17 personas, entre ellas su hijo y su abogado. La Fiscalía acusa al letrado de actuar como mensajero, triangular llamadas y facilitar las órdenes del capo desde Marcos Paz.
19:06 hs - Jueves 10 de Septiembre de 2026
A sólo tres meses de ser condenado a prisión perpetua por liderar una violenta banda narco que disputó una guerra territorial en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, Fran Riquelme fue imputado junto a diecisiete personas por seguir dirigiendo desde prisión la venta de drogas al menudeo en esa zona. En esta nueva organización que perpetuó el negocio con su jefe en el encierro aparece como una figura clave su abogado, acusado de actuar como mensajero, poner a circular mensajes y triangular llamadas telefónicas durante sus visitas al preso, alojado en la cárcel federal de Marcos Paz.
La imputación que a lo largo de cuatro jornadas realizaron contra el grupo los fiscales Mercedes Banchio, Marisol Fabbro, Marina Vigo y Diego Giro tiene entre los acusados al hijo del recluso, Ezequiel Riquelme, de 19 años. Fue detenido el 7 de agosto pasado en el barrio privado Condominios del Alto, en Ingeniero Thedy al 100 bis, frente al shopping Alto Rosario. El mismo donde años atrás la Justicia provincial descubrió una vivienda del narco Esteban Alvarado que era ocupada por el policía Javier Makhat, que terminó condenado como parte de la organización.
Francisco "Fran" Riquelme fue condenado a fines de mayo pasado por delitos cometidos por su banda cuando estaba preso en la cárcel de Piñero, entre ellos seis homicidios. Entre 2021 y 2022, la organización que lideró, afín a Alvarado y con base en el barrio Empalme Graneros, mantuvo un violento enfrentamiento con otro grupo criminal de barrio Ludueña cercano a Los Monos. Hubo otros once condenados por participación en los homicidios o en hechos violentos como balaceras o extorsiones, además de la venta de drogas en esos barrios.
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En la audiencia iniciada el viernes pasado que finalizó este miércoles en el Centro de Justicia Penal, el equipo de fiscales le atribuyó a Fran liderar una nueva formación que, al igual que la anterior, cometió delitos contra las personas, la seguridad y la administración pública. A este se le asignan hechos cometidos desde enero de 2024 hasta la fecha en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial. El grupo, surgido tras el arresto de Fran, desplegó homicidios, amenazas y otros delitos con armas.
Para los fiscales, el objetivo era el control territorial y la consolidación de poder para la venta de drogas a baja escala en modalidad de microtráfico. “La banda se constituyó por un grupo de personas que actuaban en un acuerdo de voluntades estable, con un grado relevante de cohesión y organización interna”, plantearon.
El abogado, rol clave en la banda
Como una pieza clave en ese armado fue ubicado al abogado Martín Fabio Castillo, defensor de Riquelme, detenido el 31 de agosto en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Scalabrini Ortiz al 2400. Le secuestraron dos celulares. Visitaba a Fran en el penal de Marcos Paz, adonde está alojado con restricciones a sus comunicaciones. Para los fiscales, “excediendo y abusando de su labor profesional” el letrado aprovechaba esos contactos para facilitar el contacto de su cliente con el exterior. Además permitía el envío de mensajes y triangulaba llamadas telefónicas para la coordinación de la banda.
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Con Fran a la cabeza, su hijo Ezequiel fue ubicado como organizador de la asociación ilícita que funcionaba con puntos de venta fijos. Se lo ubica como el “canal directo” de transmisión de las directivas de su padre y quien ejercía la administración central de la recaudación y ordenaba pagos. “Todos los demás integrantes de la estructura respondían a sus órdenes directas”, plantearon los acusadores. Padre e hijo sumaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de más de tres personas.
Un crimen gestado en el búnker
Por debajo, seis personas fueron acusadas como miembros de la banda y partícipes primarios de las actividades de comercio. Fueron ligadas al control y rendición de cuentas de puestos de venta o a ataques para usurpar viviendas.
Entre ellos figuran tres acusados de asesinato. Nicolás Gabriel Gramonte era uno de los “asistentes principales” de la banda. Ligado a la gestión de puntos de venta de Felipe Moré y French y de French y San Jerónimo, en abril de 2025 fue detenido con balas, cocaína y dinero en su casa, acusado de instigar el homicidio de Agustín Rosales. El otro es Juan Cruz García, uno de los que —según la pesquisa— reemplazó a Gramonte tras su arresto. Lo apresaron en diciembre pasado como uno de los autores materiales del homicidio de Rosales. Un tercer implicado en ese asesinato es Yair Demarchi, detenido al salir de una fiesta en octubre pasado, a quien le asignan un rol de gatillero en la nueva banda de Fran.
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Agustín Gabriel Rosales, de 28 años, fue asesinado el 20 de marzo del año pasado en barrio Industrial. Llegó en moto hasta la casa de Gramonte en French y San Gerónimo y preguntó por él. Al saber que el muchacho lo buscaba, el encargado del búnker les ordenó a otros tres hombres que lo mataran. A Rosales lo corrieron a tiros en un auto y murió con varias heridas de bala tras ser trasladado al Heca.
División de tareas
Entre otros integrantes la banda fuer imputada Irina B., acusada de encargarse de la administración y fiscalización del dinero de los kioscos, a quien le rendían ganancias incluso mediante transferencias bancarias. Pablo M. y Maximiliano G. serían quienes tomaron el control de los puestos de venta de Gramonte tras su arresto. Y Kiara R. fue acusada de controlar el movimiento de los quioscos mediante el monitoreo de cámaras de seguridad, gestionar líneas telefónicas para el grupo y la recepción de alertas por WhatsApp de vecinos ante la presencia de policías en la zona.
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Ubicados como partícipes secundarios de la red de microtráfico figuran Kevin E. , acusado del control de búnkers y la ejecución balaceras; Gabriel S., supervisor de “soldaditos” y de desvíos o faltantes de dinero; Xavier G., sindicado por controlar a vendedores callejeros y proveerles las dosis fraccionadas; y Luciano G., por colaborar con la rendición de cuentas.
Como el encargado de la guarda y custodia de armas de la banda figura Andrés “Plin” Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores, quien había ingresado a la lista de los prófugos más buscados hasta que lo apresaron en junio pasado a la salida de un boliche en San Telmo. Se suman Priscila G. —encargada del control de mujeres que se ocupan de la venta—, Alan G. —ejecutor de balaceras contra adversarios— y Tomás C., presunto tiratiros también ligado a dos homicidios.