Por Leo Graciarena
Con un rotomotor un efectivos del Servicio Penitenciario trabaja sobre el hueco donde detenidos habían escondido 37 celulares.
Con buena parte de la banda de “Andy” Benítez y Julián Aguirre encarcelada e imputada ahora parece haberle cambiado la suerte a su archirrival, la gavilla de Francisco “Fran” Riquelme. Luego de que el viernes fueran detenidas seis personas sindicadas como miembros de esta banda sindicada como franquicia de Esteban Alvarado, este martes fueron encontrados 37 celulares que serían usados por este grupo escondidos detrás de una rajadura de la pared de una celda de la cárcel de Piñero.
Utilizando un rotomartillo, efectivos del Servicio Penitenciario hallaron detrás de una rajadura en una de las paredes de la celda 36 del pabellón 16 lo que se denominó como un “nido de celulares”. En esa celda se alojaban Carlos Salvador O. y Leonardo Ezequiel G., quienes responderían a “Fran” Riquelme. Los aparatos fueron secuestrados y serán enviados a peritar por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Luis Schiappa Pietra.
Los fiscales conforman una unidad fiscal especial que abordó la tarea de desentrañar el mundo de Riquelme y sus conexiones, que estarían ligadas a René “Brujo” Ungaro, la banda de Los Funes y Alvarado. En principio se presume que estas facciones mantienen desde hace al menos un año disputas territoriales contra una banda dirigida desde Piñero por Benítez y Aguirre, que aparece como tributaria de Los Monos, que pusieron bajo fuego los barrios Ludueña y Empalme Graneros.
Además de los 37 celulares incautados en la celda 36 también se encontraron otros seis en otras celdas del pabellón 16 y dos más en el pabellón 13. Los fiscales entienden que los celulares incautados eran utilizados por integrantes de la banda para continuar delinquiendo detrás de los muros.
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La noche del viernes pasado efectivos de la división Homicidios Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron 15 allanamientos en Ludueña en busca de sospechosos de tres homicidios que ocurrieron allí entre enero y junio de este año: el de Natalia Andrea Longhi, de 27 años, el 6 de enero en Pasaje Franco al 2000; el de Cristian “Larva” Fernández, de 28 y asesinado el 14 de abril en Gorriti y Campbell, y el de Miguel Alejandro Ramírez, de 31 y ultimado el 20 de junio en De La Salle y Solís.
Esa noche efectivos de la fuerza de seguridad provincial irrumpieron en pasillos de Felipe Moré al 500 y al 600 bis, en un domicilio de Sotomayor 600 bis, otro de Olavarría 1200 bis, De La Salle al 5800, República Dominicana al 50, Vera y Pintado al 400 bis, Formosa al 800 bis y Cochabamba al 7400. Además de esos domicilios se allanó otro en Almagro al 500 de Puerto Gaboto.
En esos procedimientos del viernes fueron detenidos Osvaldo G., Cesar Matías A. M., Ricardo Alejandro M. y Daiana Elizabeth B. Además se incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, una moto Honda CB Twister 125 con pedido de secuestro, dinero en efectivo, documentación, varios celulares y notebooks.
En ese marco, este martes se ejecutaron requisas complementarias de aquel operativo realizado el viernes. A partir de información colectada en estos procedimientos este jueves serán imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a diversos delitos, entre ellos homicidios el propio Riquelme y Daniel Martín “Gatito” Miranda.
Gatito ya fue acusado por los crímenes de Cristian “Larva” Fernández y de Brian Nicolás “Chichito” Ortigoza, ocurrido el 13 de febrero último en Vergara al 2200. Los investigadores colocaron a Miranda ocupando la posición de confianza con Riquelme que tenía el asesinado Joel Bulnette, ultimado en abril pasado en Felipe Moré al 600 bis.
Además se sentarán en el banquillo Osvaldo Hernán G., Alejandro Daniel G., Matías Nicolás A., Lemuel Abraham S., Lisandro Joel O., Ricardo Alexander M. y Héctor Daniel A. También estará entre los acusados la pareja de Fran, Daiana Elizabeth B.
La disputa armada entre las bandas de Benítez y Aguirre contra la de Riquelme fue la usina generadora, desde Ludueña y Empalme Graneros, de cerca de un 20% de los 212 crímenes cometidos hasta anoche en lo que va de este año. Los números de las estadísticas motivaron la caída de Mauro Gerez, el pasado 24 de agosto. Y a partir de ese momento buena parte de la estructura de Benítez y Aguirre fue cayendo por efecto dominó en investigaciones que llevó adelante el fiscal de Balaceras Pablo Socca.
Días después de la imputación a 26 personas como parte de la organización pro Monos en Ludueña, surgió una poco usual —y hasta bizarra— manera de protesta por parte de la banda caída en desgracia: fue entre el miércoles 31 de agosto y el viernes 2 de septiembre cuando una volanteada en lugares públicos ventiló su descontento porque el desbaratamiento de la gavilla permitiría que las huestes de Riquelme se adueñara de las calles.
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Primero el mensaje en panfletos arrojados el 31 de agosto en la puerta de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Lamadrid al 500, donde arrojaron desde una moto volantes en sintonía con otros arrojados desde un auto frente al Hospital de Niños Zona Norte y otras calles de Arroyito. "Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente inocente y meter preso a la gente que Fran Riquelme y Jonita Riquelme le apuntan”.
La madrugada siguiente, es decir la del 1º de septiembre, el blanco fue el Centro Municipal del Sur Rosa Ziperovich de Uriburu al 600, donde colocaron un pasacalle y apedrearon una puerta de vidrio. “Socca y Edery hacen meter presos y hacen causa a la gente de René Ungaro, los Funes y los Riquelme les apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estadía en pabellones comunes", decían panfletos y pasacalle.
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En principio desde la Fiscalía Regional Segunda se intentó bajarle los decibeles a la panfleteada, pero el peso específico de los instaló en la agenda pública. La investigación de la volanteada motivó que dos hombres fueran detenidos en un asentamiento de barrio Molino Blanco. Juan Manuel S.C., de 26 años, quien cayó a raíz de una huella dactilar en uno de esos papeles, y Leonel Alejandro D., de 19, fueron imputados por la fiscal de la unidad balaceras Valeria Haurigot.
El juez Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva por el legal de dos años. Se presume que serían parte de una gavilla cuyo liderazgo se le atribuye a Matías César, un joven condenado junto con otros miembros de Los Monos por balaceras a objetivos del Poder Judicial.
La volanteada, según indicó Haurigot en la acusación, buscó “amedrentar, limitar las acciones y hacer que los fiscales que investigan bandas vayan para atrás y sembrar dudas. Pero va más allá de una simple amenaza. En estos casos hubo daños en el Distrito Sur, donde se arrojaron piedras. Hay un plus de conocimiento de los lugares para conmover a la persona que está investigando, que le genere dudas y coartar la libertad personal que tenemos todos los días”.
