El jefe de la comisaría 5ª de Empalme Villa Constitución, Eduardo Quispe, fue imputado como parte de una banda dedicada al narcomenudeo. La Fiscalía lo acusó de haber facilitado, con conductas activas y omisivas, el funcionamiento de la organización. También le atribuyeron una extorsión al presidente comunal de la localidad para garantizarle protección.

"Puedo tomarme un mate en la vereda y sé que no me buscan más", le dijo uno de los miembros de la banda a otro tras concretar su arreglo con la policía. La conversación fue en noviembre de 2024 y es parte de las evidencias expuestas por el fiscal Franco Carbone en la audiencia imputativa realizada este jueves en los tribunales de Villa Constitución.

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También se ventilaron detalles de cómo planearon la intimidación a Facundo Stizza, el presidente comunal, quien terminó entregando dinero luego de una serie de aprietes en persona. Además del jefe policial, la Fiscalía imputó a otras ocho personas como parte de una banda dedicada al microtráfico de cocaína y marihuana que operó hasta su desarticulación tras los allanamientos realizados el sábado pasado

El jefe y los narcos

El fiscal Franco Carbone, titular de la Unidad de Microtráfico, explicó en la audiencia el rol que tuvo Eduardo Ángel Quispe, primero como subjefe y luego como jefe de la comisaría 5ª: "Desplegó de manera funcional, deliberada y sostenida en el tiempo una serie de conductas activas y omisivas destinadas a facilitar y asegurar el desarrollo de la actividad ilícita". "A su vez requirió y recibió indebidamente beneficios económicos u otras dádivas a cambio de brindar protección policial", precisó el funcionario.

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"Valiéndose de la estructura jerárquica y de los recursos propios de la dependencia a su cargo, intervino y permitió conductas contrarias a la ley interfiriendo y entorpeciendo investigaciones y procedimientos judiciales con el objeto de evitar el avance de las mismas", explicó Carbone. Quispe fue detenido el sábado pasado y este jueves, además de comercio organizado de estupefacientes, le imputaron extorsión, cohecho pasivo y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Como referente o líder del grupo fue identificado Gabriel Mazón, considerado "nexo operativo" entre otros miembros y el jefe policial. También imputaron a su pareja, Celeste Oriana Traferri; a Facundo Traferri, hermano de ella; a Ulises Cilifoni, amigo de Mazón; a Martín Goñi, uno de los más activos de la banda; y a Eduardo Ventroni y sus hijos Brian y Jonathan, que en la redada del sábado pasado cayeron con cocaína y marihuana. Todos ocupaban distintos roles en la planificación y ejecución de la venta de drogas al menudeo en Empalme Villa Constitución que, de acuerdo a la acusación, realizaron al menos desde noviembre de 2024.

Extorsiones y arreglos

La investigación develó cómo se gestó la extorsión al presidente comunal Facundo Stizza, quien ya en 2024 había denunciado a Eduardo Ventroni, uno de los imputados. Por ese hecho fueron acusados el jefe policial Quispe, Juan Gabriel Mazón y Martín Goñi, quienes planificaron distintas intimidaciones para finalmente lograr que Stizza abonara un adelanto de 100 mil pesos.

Según expuso el fiscal Carbone, de acuerdo a la evidencia, Quispe tuvo una reunión con Mazón en la que éste hizo referencia de una extorsión anterior. Entonces el jefe policial le pidió que volviera a exigirle dinero: "Sacale 5 palos". En ese sentido Quispe le sugirió que lo extorsionara con información que tenían sobre un hijo del presidente comunal. Tras la planificación, Mazón mandó a Goñi a concretar la amenaza, lo cual ocurrió a mediados de 2025 cuando el imputado abordó a Stizza en la sede comunal. Le dijo que por información policial sabía que tenía dinero en su casa y, tras más intimidaciones, finalmente el 19 de septiembre pasado le hizo una transferencia por 100 mil pesos como una suma inicial.

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Quispe también cobraba dinero de parte de los miembros de la organización más expuestos en las maniobras de narcomenudeo. Uno de los hechos ventilados en la audiencia es la entrega de 200 mil pesos que Mazón le hizo al jefe policial "con el propósito de influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones". "La conducta desplegada tuvo como finalidad procurar la protección policial de Quispe hacia la organización delictiva de la cual formaba parte", explicó Carbone en audiencia.

El 11 de noviembre de 2024 Mazón mantuvo una conversación por teléfono que ahora forma parte de las evidencias. Habló de que no podía seguir prófugo y que tenía que juntarse con policías. "Para darles lo que quieren y ellos darme a mí lo que quiero", aseguró. Horas más tarde, con la transacción consumada, manifestó su alivio: "Ahora mando yo a los milicos. Puedo tomarme un mate en la vereda y sé que no me buscan más, mientras la ponga".

Aviso de allanamientos

Por si hiciera falta aclararlo, esos arreglos económicos, según Fiscalía, fueron para forjar "un acuerdo funcional ilícito". "Quispe habría facilitado información sensible vinculada a procedimientos policiales, incluyendo posibles allanamientos, controles y operativos", planteó la acusación. Entre las evidencias que arrojaron las conversaciones telefónicas que son parte del legajo, hay una captura de pantalla de una conversación entre los imputados: "Me dijo que limpie que a las 4 hay dos allanamientos acá pero no sabe bien dónde".

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La investigación devino finalmente en una serie de allanamientos llevados a cabo el 17 de abril pasado que culminó con la detención de algunos de los ahora imputados, dado que otros ya estaban presos. En la casa de los Ventroni, considerada una base de las operaciones de la banda, se hallaron las principales evidencias materiales: una planta de marihuana y varios envoltorios con cogollos, algunas bolsas con cocaína y una balanza de precisión.

El fiscal Franco Carbone imputó a los nueve detenidos por comercio organizado de estupefacientes. Al jefe policial Quispe, a Goñi y a Mazón los acusó también como coautores de extorsión consumada. Por el arreglo económico a Mazón le atribuyó cohecho activo y a Quispe cohecho pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público, además de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil por un revólver calibre .32 hallado en su vivienda en el allanamiento del sábado pasado. El juez Ignacio Vacca confirmó la prisión preventiva hasta el 19 de mayo para Ulises Cilifoni y para el resto hasta el 31 de julio.