A seis meses del inicio del Plan Bandera, el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich destacó los resultados del operativo, que contempla una batería de medidas destinadas a terminar con la violencia que azota la ciudad a través de un informe que revela los números concretos de la intervención de Nación.

"Desde el primer día tomamos una firme decisión política: poner todos los recursos del Estado a disposición para reducir la violencia y desmantelar las bandas criminales que operan en el gran Rosario", destacaron desde la cartera.

Según el informe, en el primer semestre hubo una reducción de más del 50% de homicidios dolosos frente al mismo período del año pasado, mientras que en las zonas a cargo de las fuerzas federales la disminución interanual estuvo en el orden del 70% en homicidios. Se trata de la cifra de hechos violentos más baja en los últimos 10 años.

"Esto se complementa con la reducción de 50% en atentados contra la propiedad privada y extorsiones a comerciantes y una fuerte baja de 55% en cantidad de heridos por armas de fuego", precisaron.

El Plan Bandera, que se presentó el pasado mes de diciembre en el Monumento Nacional a la Bandera, fue anunciado y puesto en marcha en conjunto por autoridades nacionales, provinciales y municipales. Tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el intendente Pablo Javkin estuvieron en su lanzamiento y en las posteriores visitas de Bullrich a la provincia. "Se trata de un trabajo fuerte y unificado. No hay dos estrategias, es un mismo equipo", subrayaron.

Los barrios más calientes

El balance del Ministerio sostiene que los barrios donde se fueron desplegando las fuerzas federales son aquellos donde se registraron los últimos años los índices más altos de inseguridad y criminalidad: Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, La Tablada, General Las Heras, Villa Manuelita, Municipal, Triángulo y Moderno, Barrio Banana, Vía Honda.

En los próximos días también se sumarán efectivos en otros puntos calientes como Las Flores, en la zona sur, y Casiano Casas, Cristalería y Cerámica en zona norte.

Según indicaron, "la estrategia fue realizar operativos de saturación simultáneos, sorpresa, diarios y de alta visibilidad en distintos puntos de la ciudad en los horarios de mayor nivel de incidencias, con dispositivos de seguridad cerrojos, que permiten aprovechar al máximo el despliegue de efectivos en zonas calientes facilitando una buena prevención y persecución del delito".

En total, llegaron a Rosario unos 1.800 efectivos de fuerzas federales dedicados a seguridad pública, entre Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se enviaron 140 medios logísticos, tres helicópteros y una lancha de procedencia israelí para operaciones de interceptación en la Hidrovía de objetivos ligados al narcotráfico. Todos los recursos fueron puestos bajo el Comando Unificado de Fuerzas Federales, dirigido por el comandante mayor Alejandro Fernández, bajo supervisión política de la ministra Bullrich y del subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

Trabajo conjunto

El informe aclaró que todas las juridiscciones aplicaron la misma estrategia y que se llevaron adelante reuniones de coordinación semanales en mesas de análisis, inteligencia criminal y operaciones conjuntas para la toma de decisiones futuras. "Desde el ámbito federal, fue clave la coordinación y la interoperatividad de las distintas áreas, unificando criterios y alineando la política criminal, en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación , pero trabajando a la par con Ministerio de Justicia, Defensa, la UIF y Ministerio Público Federal", explicaron.

El balance del primer semestre de la cartera de Bullrich hizo hincapié en "la incorporación del Servicio Penitenciario Federal como un actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones con el exterior, para así sacarles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde las cárceles y mandar a extorsionar o matar gente". "Se terminó el home office", sentenciaron.

Poner en macha el régimen de presos de alto perfil para limitar y controlar al máximo sus movimientos fue uno de los puntos fuertes del Plan Bandera. A esto se le suma, la consolidación del Grupo Operativo Conjunto (GOC Centro), un comando de fuerzas de élite que tiene el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en materia de inteligencia criminal, para desarrollar investigaciones y operativos tácticos contra el lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.

"Creamos el Grupo de Élite Antinarco de Rosario (GEANRO), para el trabajo conjunto con la Justicia Federal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Se pusieron en marcha investigaciones no solo para el avance de la lucha contra el narcotráfico, sino también para desbaratar la logística financiera de la criminalidad y para retirar armamento de las calles de Rosario", agregaron.

Más controles

El reporte semestral del Plan Bandera también resalta que se realizaron más de 220 mil controles sobre las motos, principal medio de movilidad de quienes cometen delitos, con miles de retenciones y secuestros, mediante consultas al Sistema Federal de comunicaciones policiales, como así también controles dentro del auto, pedido de documentación, binomios con perros para restringir movimientos de los delincuentes. Hay 270 investigaciones en curso, con foco en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, siendo esto clave para terminar con cada banda investigada, quitándole sus recursos para reactivarse.

Además, se avanzó en el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, controles y requisas preventivas en rutas a través de las cuales se distribuye lo ingresado de manera terrestre, fluvial o por vía aérea, que se complementa con la presencia de efectivos en los barrios para decomisar la mercadería que puedan tener lista para la venta; y también la reactivación de los controles sobre los precursores químicos, tanto en rutas como en empresas.

La Justicia

El gobierno marca un hito en el combate contra la narcocriminalidad la decisión de avanzar rápidamente en la implementación del sistema acusatorio en tiempo record, coordinando con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación, que dinamiza los procesos judiciales, ayuda a combatir al narcotráfico y al lavado de activos, y que estaba frenado por una decisión política desde el 2019. "El sistema dio su primer condena por narcotráfico a 28 días de haberse avanzado en la investigación, mientras que en el otro sistema, ese mismo hecho se hubiera resuelto en no menos de tres años", aseguraron.

También se reactivó la Unidad de Información Financiera en Rosario para investigar los delitos económicos, que son clave para desarticular las organizaciones criminales. "Dimos golpes duros a las distintas bandas que operan en Rosario con más de 500 procedimientos, incautando cientos de kilos de droga, arsenales de armas, y aprehendiendo a 480 delincuentes, prófugos y nuevos líderes de las bandas", contaron desde la cartera de Bullrich.

En ese sentido, mencionaron operativos de gran impacto como capturar a Alan Tripi, jefe de la banda narco conocida como "Los Tripis" que hacía 5 años que se lo buscaba y estaba prófugo y a Mauricio "Caníbal" Laferrara, jefe de sicarios de Esteban Alvarado.

Proyectos clave

En materia legislativa, el informe recuerda que se presentaron en el Congreso de la Nación proyectos como la baja de edad de imputabilidad a 14 años, para que "quienes cometan delitos de adulto, paguen penas de adulto".

También "la ley Antimafia, para ir a fondo contra las bandas criminales y todos tengan la misma condena que su máximo responsable; el proyecto de ley de legítima defensa y cumplimiento del deber, para respaldar a las fuerzas que cumplen con el deber de defender a la gente de bien y cuidar a quienes nos cuidan; y el proyecto de ley de reiterancia, para terminar con la sensación de puerta giratoria de una vez por todas y que los delincuentes que son reincidentes, esperen el juicio en la cárcel".