El colectivo travestis, transexuales y transgéneros es estructuralmente pobre. Nada nuevo en ese dato. Sin embargo, ocho meses de pandemia de coronavirus llevaron a mujeres y varones trans, 1.200 estimadas en toda provincia, al límite. En una población donde la expectativa de vida apenas si alcanza los 40 años y el 90 por ciento no accede a trabajos formales, se profundizó no solo su condición de pobres, sino que se acentuó la vulneración de sus derechos -alimento, vivienda digna y trabajo- y se potenciaron las situaciones de violencia que atraviesan. Las organizaciones que las agrupan celebraron el jueves pasado la media sanción de la ley integral trans en la Legislatura provincial, pero volvieron a insistir en el cumplimiento de las normas ya vigentes, como el cupo laboral trans que rige no sólo a nivel nacional y provincial, sino en 15 localidades de la provincia incluida Rosario. El reclamo es que “no se convierta en letra muerta”.
Solo la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, que previo a la pandemia venía manteniendo contacto con unas 500 mujeres y varones trans, llegó a atender este año unas 50 demandas semanales, y recibió a lo largo de estos ocho meses las demandas de 780 personas. A la ayuda alimentaria que se prestó desde el día en que comenzó a regir el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo pasado, se sumó la ayuda habitacional, tanto el pago de alquileres como compra de materiales para mejoras en viviendas, así como el abordaje de situaciones de violencia.
La pandemia además puso en juego las miradas en el sector de salud, donde la perspectiva de diversidad tampoco estaba extendida en todo el sistema. “La mayoría de las que tenía contacto con la red de salud lo hacían a través del consultorio específico que hay que el Cemar”, explicó Martín Clapié, responsable del área de diversidad sexual de la Secretaría, quien señaló que en muchos casos lograr el acercamiento de esta población a los centros de salud requirió “de una acompañamiento cuerpo a cuerpo de cada una de ellas”.
Algo similar sucedió en el abordaje de las violencias, y así lo señaló la propia secretaria de Género, Mariana Caminotti. “La emergencia con el 30 por ciento del personal licenciado nos obligó a tener un equipo único de trabajo para las situaciones de violencia, lo que permitió transversalizar también a esos servicios la perspectiva de las diversidades, y centralmente, de la población trans y dejar de pensar las intervenciones desde el binarismo mujer víctima y varón agresor”, detalló.
De hecho, desde la secretaria remarcaron como excepcional e inusual en los últimos años, que tres personas trans fueron alojadas en los refugios de la Municipalidad como parte de intervenciones ante situaciones violentas. “Eso no se hacía antes, y ahora están dadas las condiciones para que se haga”, apuntó Clapié.
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Replegarse
“Hemos visto compañeras en situaciones muy extremas durante la pandemia que no tenían donde vivir y, en pleno julio, se han instalado de manera precaria con plásticos, casi a la intemperie, al lado de la casilla de chapa de su familia, porque no les quedó opción”, cuenta Patricia Emanuele, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y de la Organización Inclusiva Diversa (OID), que hace unos días se movilizaron con distanciamiento y cuidado en el Monumento a la Bandera para reclamar por la aplicación de los cupos laborales en la provincia y la ciudad.
Lo que relata Emanuele no es más que el repliegue que muchas de las personas trans tuvieron que hacer frente a la imposibilidad de trabajar y pagar sus alquileres, muchas de ellas incluso de apenas una pieza. Incluso volviendo en muchos casos a núcleos familiares de donde habían sido expulsadas por su condición de género.
Solo en la ciudad, además de las ayudas alimentarias que fueron la entrega de 10 viandas a través de la Universidad Nacional de Rosario y a partir de julio de la entrega de unos mil módulos alimentarios periódicamente, la Secretaría de Género atendió 463 demandas habitacionales, e incluso en 287 de esas situaciones se hicieron aportes económicos para que pudieran hacer frente a deudas de alquileres y no fueran expulsadas.
Todo eso en una ciudad donde a la población trans se le niega la posibilidad de alquilar por su condición de género, y en los casos donde pueden hacerlo, lo hacen pagando alquileres por encima del precio de mercado por el mismo motivo.
“Eso es así y es una práctica extendida cualquiera sea el modo el que se tramite el alquiler, por inmobiliaria, a dueños o pensiones”, indicó Clapié, aunque señaló que “el miedo a denunciar esos manejos persiste ante la posibilidad de perder la vivienda”.
La posibilidad del empleo
El trabajo formal es otro de los derechos negados desde siempre y eso lo expresa el hecho de que el 90 por ciento de la población trans vive de la prostitución, una situación que durante el aislamiento las dejó sin posibilidad de un ingreso, pero que incluso persiste hasta ahora.
“Apenas para subsistir algunas compañeras están teniendo un cliente por 300 ó 400 pesos, pero eso al mes no representa ni 7 mil pesos, cuando ellas pagan alquileres que rondan el doble del promedio en cualquier lugar que sea que vivan”, agregó Emanuele.
A eso se suma que muchas de las que volvieron a trabajar y lo hacían en la calle, se vieron obligadas a hacerlo en zonas más cercanas a sus domicilios, lo que generó otros conflictos y un aumento de los escenarios de violencia.
“Cambiar de zona no es fácil, hay que tejer otras redes de cuidado y seguridad para que las dejen trabajar, y la mayoría de las veces eso tiene que ver con las actividades delictivas de cada sector de la ciudad y eso claramente las expone a mayores situaciones de violencia”, explicó también el responsable del Área de Diversidad Sexual del municipio.
La centralidad del cupo laboral
Por eso, el reclamo de cumplimiento de las normas que establecen un cupo de empleo trans tanto a nivel nacional como provincial, así como en las 15 ciudades donde la normativa rige por ordenanzas municipales.
En Rosario, una de esas ciudades, el cupo laboral se implementó en 2017 y 2018, sin embargo el año pasado no se concretó. Ahora con nueva gestión, la Secretaría de Género está terminando las entrevistas que permitirán seleccionar a las cinco personas que ingresarán al municipio en los próximos meses, un proceso que se lleva adelante con la presencia de las propias organizaciones y el Sindicato de Empleados Municipalidad como veedores.
Si bien a nivel provincial la ley fue aprobada el año pasado, todavía está lejos de su implementación. “Por ahora no vemos más que gestos cuando la situación que atravesamos es urgente”, afirmó Pamela Rocchi, activista y militante trans de la provincia.
“Esta es una herramienta central, una reparación histórica del colectivo trans en cuanto a la vulnerabilidad que vive la población trans históricamente, pero incluso estando aprobada en ninguno de los niveles del Estado está siendo aplicada como es debido, y en muchos casos no es más que letra muerta por ahora”, consideró.
La activista incluso recordó que llegar a tener cupo laboral en Santa Fe fue una pelea dura, ya que la ley fue aprobada en 2018 por los diputados, recién en 2019 lo hicieron los senadores, y se reglamentó el 8 de septiembre pasado. “Los tiempos del Estado son lerdos, pero estos son tiempos muy difíciles, la pandemia destruyó la vida de muchas, y lo único que venimos recibiendo son bolsas de alimentos, cuando potenciar el trabajo trans es una urgencia”, afirmó, y opinó que “falta voluntad política sobre una herramienta que verdaderamente le cambia la vida a las personas”.
