El juez civil y su secretario, los tres abogados y el martillero denunciados penalmente por desviar fondos de cuentas judiciales inmovilizadas negaron las imputaciones al ser indagados ayer en el marco de la causa donde se investigan las maniobras denunciadas por el Banco Municipal de Rosario. Oficialmente quedaron acusados de estafas reiteradas, defraudación, falsificación de instrumento público y asociación ilícita, entre otros delitos. En la investigación surgió el nombre del empleado bancario infiel que habría aportado los datos de las cuentas.
Las indagatorias se realizaron en el juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo de Mónica Lamperti, quien tiene en sus manos el resonante expediente judicial por la estafa económica denunciada en noviembre pasado.
Los acusados son el juez civil y comercial Alejandro Pedro Martín; su secretario, Ricardo Lavaca; los abogados Martín Sugasti, Luciano García Montaño y Jorge Heter, y el martillero Oscar Kovalevski.
Aunque con distinto grado de participación, les endilgan generar juicios ejecutivos falsos para tramitar el embargo de cuentas judiciales inmovilizadas del Banco Municipal (de otros juzgados), y cuyas órdenes de pago a favor del grupo de abogados eran libradas desde el juzgado de Martín.
Se detectaron 57 movimientos sospechosos por un millón 50 mil pesos, aunque en los pasillos de Tribunales se habla de que esa cifra se multiplicaría 80 veces.
La investigación ya dio con el empleado del banco que habría aportado a los abogados el listado de cuentas.
Uno por uno. El primero en ingresar al juzgado de Lamperti fue el abogado Heter, quien se negó a declarar. Sugasti, en tanto, dijo desconocer las maniobras, aunque reconoció haber cobrado una cuenta inmovilizada a modo de favor a su colega García Montaño —quien le entregó el oficio— y con quien dijo tener una relación "fortuita y aislada".
Por su parte, Kovalevski rechazó los cargos y se negó a responder preguntas. No trascendió la declaración de García Montaño, al tiempo que Lavaca solicitó postergar el trámite por unas horas. El último de los indagados fue el juez Martín, cuya participación en las maniobras obligó a la Corte Suprema de Justicia a iniciarle un sumario administrativo y junto a Lavaca apartarlos de sus cargos (ver aparte).
El funcionario pisó los Tribunales a las 15, presentó un descargo por escrito donde se desligó de la acusación y respondió unas 100 preguntas formuladas por el fiscal Nº 3, Carlos Covani.
Como lo hizo ante la Corte, Martín apuntó a la falta de control del Banco Municipal y a la facilidad que tienen los abogados de identificar los juicios sucesorios (Mesa de Entrada Unica de Tribunales), de los que se valen para iniciar juicios ejecutivos ahora bajo la lupa.
El juez decidió declarar, no amparase en sus fueros y someterse al proceso. A las tres horas salió de Tribunales acompañado por sus abogados, Carlos Varela, Adrián Martínez y Carlos Edwards.
En virtud de nuevos datos surgidos de las indagatorias celebradas ayer, se ordenarían más medidas tendientes a esclarecer la resonante estafa económica.
