“Como hace 50 años, hoy hay una enorme ofensiva contra la clase trabajadora y el movimiento sindical”. Victoria Basualdo, investigadora de la UBA, la Universidad de Quilmes, Flacso y el Conicet es una de las más importantes historiadoras de los trabajadores y trabajadores y del mundo sindical. Y desde esa actividad formó parte del grupo de trabajo multidisciplinario que investigó más de una veintena de casos de empresas involucradas en la represión durante la dictadura.

Con numerosos libros escritos, es coautora de “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un insumo clave para los juicios en los que se investigó esa complicidad. Invitada por el Sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario (Soear), estuvo el martes pasado en la “carpa de la resistencia” que montó un conjunto de organizaciones sindicales en la plaza San Martín, como parte de las actividades previas al Día de la Memoria. Disertó, junto a su colega Andrea Andújar, sobre el pasado y presente de la clase trabajadora en Argentina, a cincuenta años del golpe del 76.

¿Qué hilo conductor existe para la clase obrera entre el golpe de Estado de 1976 y la situación actual?

El hilo conductor fundamental es que, tanto hace 50 años como hoy, vemos una enorme ofensiva contra la clase trabajadora y el movimiento sindical. A lo largo de estas cinco décadas hubo distintos ciclos con intentos de avance sobre los derechos conquistados tras la Segunda Guerra Mundial. El de los años 70 marcó un intento de reconfiguración brutal de ese legado de organización y condiciones de trabajo que hoy nuevamente se quieren modificar. Es muy fuerte recordar esa ofensiva en el cordón industrial, donde la represión a la clase trabajadora comenzó incluso antes del golpe, en 1975. El 24 de marzo de 1976 implicó una ofensiva económica, laboral y represiva que transformó la estructura económica del país, pasando de un modelo de industrialización por sustitución a uno de valorización financiera, con un desmonte de derechos muy importante.

¿Cómo se manifiesta esa ofensiva en el presente?

Hoy vivimos otro escalón de esa misma ofensiva, intentando lograr lo que no se pudo completar en los 70, 80, 90 o durante el gobierno de Macri. Ponerlo en perspectiva histórica nos permite ver que el conflicto trasciende la figura de Milei. Se trata de la relación capital-trabajo y los planes de un poder económico concentrado. Los autores de las reformas actuales, como el DNU 70, la ley de Bases o la nueva reforma laboral, no son los parlamentarios de la Libertad Avanza sino los abogados de los grandes grupos económicos que llevan décadas intentando reconfigurar el poder de la organización sindical en Argentina.

Embestida contra los trabajadores

¿Se trata de los mismos actores de hace 50 años?

En muchos casos, son exactamente los mismos. Como equipo de investigación, trabajamos sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y vemos nombres que persisten. Aunque cambien las caras, son las mismas unidades económicas que se beneficiaron del golpe, pusieron cuadros empresariales en los equipos de la dictadura y estatizaron sus deudas privadas. Hoy, esos mismos sectores escriben las reformas actuales, tal como hicieron con las modificaciones a la ley de contrato de trabajo en 1976.

Investigaste casos específicos de empresas donde incluso funcionaron centros clandestinos de detención.

Así es. Entre 2014 y 2015, un equipo de veinte personas provenientes de Flacso, Cels y el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, analizó 25 casos de empresas involucradas en la represión. Identificamos que cinco de esas empresas tenían centros clandestinos de detención dentro de sus propias plantas. Un ejemplo es Acindar, en Villa Constitución, cuya presidencia pasó de José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura, al militar Alcides López Aufranc.

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¿En qué situación están las causas judiciales por responsabilidad empresarial en la represión?

Es una cuestión muy difícil de juzgar que enfrenta obstáculos de los poderes económicos con fuertes inserciones en los ámbitos político y judicial. Si bien la sentencia del caso Ford fue un hito internacional, es difícil de replicar. Nos preocupa profundamente la demora en juicios como "La Fronterita" en Tucumán, ya que estas dilaciones garantizan la impunidad biológica: tanto imputados como víctimas mueren antes de que se alcance la justicia.

El movimiento obrero

En Rosario, la sentencia de la causa "Villazo" fue un golpe muy duro, ¿qué impacto tuvo?

Fue una sentencia durísima y repudiable: 17 absoluciones en uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad empresarial. A pesar de que la existencia del centro clandestino en Acindar estaba documentada por la Conadep desde 1984, el resultado judicial es absolutamente incongruente con la evidencia histórica. Muchos trabajadores murieron esperando un juicio que llegó tarde y terminó en un espanto judicial que lleva a descreer de la potencialidad de la herramienta judicial.

¿Considerás que esto es parte de un "clima de época"?

Sin duda. Vemos la demora en casos como Mercedes Benz o Molinos en un contexto de ofensiva brutal contra el campo de los derechos humanos y de desmantelamiento de equipos estatales. Se intenta frenar un proceso de memoria, verdad y justicia que es considerado ejemplar a nivel mundial.

¿Qué lecciones nos deja la historia de resistencia obrera durante la dictadura para enfrentar estos momentos?

Nos enseña que hubo una historia de resistencia increíble, incluso en contextos terribles donde se arriesgaba la vida en cada movimiento. Se realizaron huelgas, sabotajes, trabajo a desgano y jornadas de protesta nacional. La lección es que, aun en las peores circunstancias, siempre hay maneras de dar la lucha por derechos justos y encontrar caminos hacia un mundo más igualitario.

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