Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fallaron este martes en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz. En Rosario, inmediatamente después de conocerse el fallo, militantes peronistas se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para manifestar su repudio al fallo del máximo tribunal de Justicia del país.
Minutos después de las 16, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se reunieron para revisar el recurso de queja que planteó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron los primeros en emitir su voto, incluso ante del conclave, más tarde lo hizo Ricardo Lorenzetti. Así, los magistrados coincidieron con el criterio impuesto por la Sala IV de la Cámara de Casación en noviembre de 2024.
La decisión de la Corte Suprema deja firme y ordena el cumplimiento efectivo de la condena. Cabe recordar que, el tribunal supremo no condena, sino que se encarga de revisar cada proceso que llega a sus manos para corroborar que no haya ninguna violación de garantías constitucionales.
En este contexto, la Corte Suprema revisó el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión y la imposibilidad de ejercer a cargos públicos de por vida por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2.
Comunicada la decisión de la Corte Suprema, la Plaza 25 de Mayo en Rosario se vio colmada de militantes peronistas cercanos al Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), la Intersindical Rosario y el partido justicialista local, que repudiaron la decisión de los jueces.
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Qué definieron los jueces
El folio con 35 hojas, firmado por los tres jueces de la Corte Suprema, cerró con la conclusión de que "la prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada".
Además, los magistrados indicaron que "la política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”.
La Causa Vialidad
La Cámara Federal de Casación Penal y el Tribunal Oral Federal condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. La expresidenta de la Nación recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A su vez, dentro del fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a los demás funcionarios nacionales y de las agencias viales involucradas en la causa.. Por ello, las demás condenas fueron para Báez (6 años de prisión), José López (ex secretario de Obras Públicas, 6 años), Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, 6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
De la misma manera, la audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py se anunció las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz; y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, por prescipción.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña fueron quienes confirmaron la condena de la ex presidenta, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía. Los mismos sostuvieron que “se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas” durante su resolución.
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La causa juzgó los hechos remitidos a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, durante el período de 2003-2015.
Durante el mencionado período, las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Báez, también condenado en la causa. A través de esta asignación de obras públicas viales, el grupo empresarial obtuvo un crecimiento económico exponencial.
La Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contaron con funcionarios que convalidaron irregularidades en el desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras, por lo que fueron involucrados y condenados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas, fue también responsabilizado con los mismos actos.
En tanto, se demostró que desde el Poder Ejecutivo Nacional realizaron maniobras con la finalidad de concretar el circuito de irregularidades. Allí es donde señalaron la suscripción de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en aquel momento, del Decreto PEN 54/09, el cual fue intervenido por López. El mencionado decreto permitió financiar directamente las obras viales que se le adjudicaron a Báez. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
