La expresidenta Cristina Fernández deberá cumplir la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos que dictó en su contra un tribunal federal en 2022 luego de que este martes la Corte Suprema ratificara el fallo.
En lo inmediato, CFK no podrá ser candidata. Y la Justicia deberá decidir si acepta el pedido de prisión domiciliaria que seguramente solicitará su defensa
La expresidenta Cristina Fernández deberá cumplir la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos que dictó en su contra un tribunal federal en 2022 luego de que este martes la Corte Suprema ratificara el fallo.
La decisión del Máximo Tribunal deja a la titular del peronismo a las puertas de su detención y abre un nuevo escenario político en Argentina.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en un juicio en 2022 que halló culpable a la expresidenta del delito de administración fraudulenta y que fue ratificada en noviembre de 2024 por la principal cámara penal del país. Este fallo de la Corte respondió a un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Kirchner, en el que objetaba la legitimidad de las pruebas presentadas en su contra durante el juicio, entre otros cuestionamientos.
Los magistrados consideraron por unanimidad que el debido proceso fue salvaguardado y que la dirigente peronista obtuvo una sentencia fundada en la ley.
En lo inmediato, CFK no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, como había anticipado.
Aunque la sentencia quedó firme, el encarcelamiento de la exmandataria (y de los otros ocho condenados en el mismo caso) no será inmediato. Ahora deberán presentarse ante la Justicia en un plazo de cinco días hábiles y allí se les notificará dónde cumplirán la condena.
En el caso de Cristina se da por descontado que su defensa solicitará el beneficio de la prisión domiciliaria por tratarse de una persona mayor de 70 años. El tribunal oral puede o no aceptar el pedido.
La expresidenta fue condenada por irregularidades en 51 procesos de licitación para la construcción de obras sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner y el periodo en que ella fue mandataria.
Según la Justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos.
Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20 %.
El juicio empezó en mayo de 2019 y concluyó en diciembre de 2022 con la condena a Cristina Kirchner y a Báez (seis años), al exsecretario de Obra Pública José López (seis años), al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti (seis años) y otros cinco exfuncionarios de esa dependencia.
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