El crimen de un policía federal, aparentemente por parte de un grupo de personas en actitud sospechosa, encendió una luz amarilla en el Gobierno de Santa Fe por su impacto pero, a la vez e indirectamente, le sirve como argumento para profundizar su plan de seguridad.

Esa luz se amortiguó rápidamente, aunque fue un cierre de semana movido en el tema de seguridad y policía. Al crimen del agente federal se sumó la detención de nueve policías de Rosario por un complejo caso del año pasado en el que incriminaron a una persona que terminó prendida fuego.

En tanto, el viernes el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, marco en el cual recibió apoyo por el plan de seguridad, según contaron oficialmente. El norteamericano “preguntó mucho por las estadísticas”, confiaron en la Casa Gris.

Pullaro, EEUU y la seguridad

También avanzaron en convenios en materia de inteligencia criminal, seguridad pública y gestión penitenciaria. No hay demasiados detalles. En su retirada, el norteamericano regaló que, “cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”, hay logros.

Un contacto y respaldo hard power que empuña el gobierno bien alto.

Todo esto ceba al rumbo. “Vamos a profundizar el plan. Lo único a pleno es el patrullaje”, dijo el gobernador a La Capital.

En la cartera de Seguridad, obviamente, sostienen lo mismo. “El plan está en construcción. Lo del crimen es un ejemplo más para ajustar situaciones que vemos en los barrios y nos necesitan”, comentaron. Y agregaron: “Vamos a seguir pidiendo medidas”.

El pedido de mayores medidas se refiere a la reforma en seguridad que presentaron en Diputados hace un mes y, después de algo de ruido, no avanzó. "Los cambios normativos son oportunos y necesarios, sin duda alguna", repiten.

De hecho, de la docena de puntos, deben limar los más duros pero confían en que la mayoría pasa. ¿Cuáles son los que se deben discutir internamente en Unidos con los sectores más reticentes? Solo Pullaro y, a lo sumo, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, lo saben hoy.

“Algunos se ponen modo garantista, como si se hubiera terminado la violencia, y esto (el crimen del policía) demuestra que no”, opinó un dirigente de Unidos encima de las novedades en seguridad.

Luego fue al hueso: "Hay que seguir modificando la legislación porque este crimen te da la pauta de que no está resuelto el tema. Ese es el error de algunos compañeros de Unidos".

Los cuestionamientos son particularmente sobre el punto que busca la ampliación de la autoridad a la policía y la zona de intervención especial de esa fuerza.

Con el caso de los nueve policías detenidos vuelve a resonar la propuesta que faculta el allanamiento sin orden judicial, cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública, y la que permite el interrogatorio policial cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo.

En tanto, en el último tiempo se están priorizando refuerzos en la zona del Fonavi de Rouillón y Seguí y Vía Honda, como también en Banana, Tablada y algunos sectores de Empalme/Ludueña, lo que permite interpretar que ,llegado el caso, podrían aplicar en la herramienta de intervención especial.

Esta semana o la otra debería empezar a limarse el texto. Una opción es que se divida en dos partes esa docena de medidas. Todo está tibio por ahora en el debate legislativo, preocupado más bien por la reforma electoral.

La premisa

El gobierno mantendrá la premisa de que la situación está contenida pero no resuelta definitivamente. Según esa lógica, si todo estuviese consolidado y pacificado, un crimen como el del policía hubiese tenido otra resonancia.

En cambio, si la circunstancia y el contexto aún permiten la violencia letal, hay margen para seguir actuando. En esa línea, repiten que faltan las cárceles, más cámaras con IA y las estaciones policiales y que, en 2027, podría estar listo. Año clave electoral, por caso.

Reacción al crimen

La versión inicial de la Policía Federal es que estaban de servicio tres oficiales: el conductor con uniforme y dos vestidos de civil. En una esquina del rebautizado por las autoridades barrio Banana -ya no Villa Banana, insisten- observan a un grupo de personas en actitud sospechosa.

Los dos efectivos se alejaron unos 100 metros del auto que los escoltaba. Parece demasiado arriesgado, pero es una forma de actuar de la PFA. Lo mismo que los dos vestidos con un "camperón" que no mostraba credenciales. La cuestión es que se aproximan y terminan baleados, uno muerto.

"Si se creyeron que eran policías, que venían a chorear o que eran de otra banda, o lo que fuera, hasta ahora no se sabe". Al margen de la motivación, lo claro es que terminaron baleados, uno muerto.

"No nos lleva a pensar en una confrontación abierta de bandas contra las policías", afirman para despejar algún escenario más complejo.

En términos políticos, el crimen de Rodolfo Arnaldo Manfredi dejó algunas cuestiones para analizar. En primer lugar, que la respuesta política fue doblemente concreta.

Por un lado, se mostraron juntos el Gobierno de Santa Fe y de la Nación a través del Ministerio de Seguridad, evitando algún tipo de responsabilidades cruzadas. Por otro lado, afirmaron que el Plan Bandera se mantiene.

Respecto de lo primero, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, dijo que “son hechos que ameritan dar un mensaje de trabajo en conjunto”.

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Lo hicieron a través de una conferencia de prensa que intentó cerrar la cobertura mediática. Pero todo comenzó de madrugada cruzando llamados y la llegada, apenas amanecía el viernes, del secretario nacional de Seguridad, Martín Ferlauto, y del jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle.

Tuvieron una reunión con la cartera de seguridad provincial y luego con el fiscal regional, Matías Merlo, con la participación de Cococcioni. En el medio, las autoridades nacionales se cruzaron con Pullaro en la sede de Rosario de la Gobernación.

En cuanto a lo dicho sobre el Plan Bandera, el secretario de Seguridad de la Nación aclaró: “Quiero dar la certeza de que no vamos a retroceder ni un paso, no nos van a amedrentar. No nos vamos a apichonar en lo más mínimo y seguiremos trabajando coordinadamente”. Si hasta ahora esa tesitura resultó y los logros estuvieron, por qué cambiar, dicen.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, agregó por redes: “Ni un paso atrás”. El gobernador lo comparte y hasta da un paso adelante: "Ni arrancamos".