La segunda etapa de la reforma de seguridad impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro atraviesa un momento de estancamiento. A las diferencias ideológicas se suma una visible puja de poder en el seno de la coalición gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe, cuya interna quedó expuesta tras el fracaso en el intento de aprobar el paquete de leyes en la Cámara de Diputados.

Luego de un cuarto intermedio sin acuerdos, el tratamiento debió postergarse para la semana próxima, mientras los reproches entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Socialista (PS) se hicieron visibles en el propio recinto.

El nudo principal del conflicto radica en las objeciones planteadas por el socialismo respecto de las nuevas facultades que el proyecto pretende otorgar a la policía y a los fiscales, particularmente en materia de allanamientos y controles judiciales y declaraciones de personas investigadas.

En el PS sostienen que varios artículos requieren modificaciones profundas para superar el filtro constitucional. Por su parte, el radicalismo contraofertó cambios en puntos clave como los interrogatorios, las denominadas zonas de intervención especial y el procedimiento por decreto penal.

Reforma de seguridad, bajo la lupa

Mientras el socialismo mantiene firme sus reservas sobre cuestiones que considera sensibles, en la Casa Gris defienden la iniciativa con un argumento central: la necesidad de evitar un rebrote del accionar de las bandas delictivas en la provincia.

En el entorno del gobernador resaltaron a La Capital que hubo tiempo, desde mayo pasado a la actualidad, para negociar retoques al texto, como ocurrió con anteriores normativas de seguridad y Justicia sancionadas en 2024.

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Antes de la sesión fallida, y frente a la falta de respuestas del socialismo, intervino directamente el Ejecutivo para advertir a sus referentes sobre la urgencia de aprobar el proyecto.

“No dan margen de negociación. ¿Son perfectibles estas leyes? Sí”, enfatizaron en el pullarismo, al tiempo que advirtieron que las resistencias socialistas pendulan entre el plano ideológico y especulaciones políticas de fondo.

El debate

Entre los motivos que sospechan en la UCR figuran la intención de diferenciarse de cara a las Paso de 2027 y la inquietud latente por un supuesto intento de desplazar al socialismo del núcleo central de poder de Unidos.

“Es un error diferenciarte del gobierno en materia de políticas de seguridad en función de los resultados que se vienen registrando en la provincia”, añadieron entre las bancas de la Cámara baja.

En paralelo, el socialismo descartó la intención de frenar el avance de las reformas, si bien advirtió que se requieren consensos y garantías institucionales para dotar de seguridad jurídica a las futuras normas.

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De cara a la sesión prevista para el jueves próximo, el escenario parlamentario continúa siendo complejo. En ese marco, el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) ya adelantaron su rechazo.

En el gobierno provincial, en tanto, insistieron en que existen múltiples alternativas para suavizar las medidas propuestas, pero advirtieron una condición excluyente: “Para eso, primero tiene que haber voluntad”.