El fiscal Luciani dijo que la investigación por corrupción en la causa de la obra pública "revela a Cristina Fernández como la jefa de la asociación ilícita".
“Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”. Con esta frase contundente sintetizó el fiscal federal Diego Luciani en su octava jornada de alegatos, responsabilizando a la actual vicepresidente de la organización del fraude a la administración pública, a través del otorgamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez.
Luciani incluyó también en la figura del delito de la asociación ilícita al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.
“El objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darle apariencia legal a esos fondos en las causas conocidas como Los Sauces-Hotesur", fundamentó el fiscal.
Tras sustentar que Cristina Fernández de Kirchner se revela como jefe de la asociación ilícita, la Fiscalía dijo sobre López, De Vido y Periotti que fueron los organizadores de dicha asociación porque “tenían competencias claves para influir en el desarrollo de la maniobra”.
Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, Luciani dijo que no se demostró que haya prueba que haya participado de la asociación ilícita.
En esta octava jornada de alegatos, el fiscal Luciani mostró nuevos mensajes del celular de López que dan cuenta de lo que llama el “plan limpiar todo” antes de la asunción en diciembre de 2015 de Mauricio Macri como presidente de la Nación.
La administración de Cristina Kirchner le pagó 537 millones de pesos a las empresas de Báez y ordenó que se abandonen las obras, las compañías y se despida a las empresas. Para el fiscal los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible para Lázaro Báez", enfatizó.
“Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, concluyó el fiscal.
Si la Fiscalía no pide más tiempo, este lunes será la novena y última audiencia, en la que se hará el pedido de pena para los 13 acusados del juicio.
Por Tomás Barrandeguy
Por Juan Iturrez
