Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 al menos siete simuladores se hicieron pasar como empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para robar transformadores valuados en miles de dólares. La maniobra consistía en un escena repetida pero efectiva: una hidrogrúa llegaba hasta donde estaba ubicado el aparato elegido, un supuesto trabajador mostraba una orden de retiro y se llevaba el equipo como si se tratase de un procedimiento oficial. Este martes fue condenado el último miembro del grupo, que para la Justicia funcionó como una asociación ilícita que sustraía los transformadores con el fin de extraer y vender el cobre.

Joel Andrés Espíndola fue condenado a cuatro años de prisión efectiva como parte de la banda que concretó al menos tres robos de transformadores y dejó un cuarto en grado de tentativa. El juez Estanislao Surraco aceptó la acusación del fiscal César Pierantoni por los delitos de miembro de asociación ilícita y robos agravados.

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Espíndola era el último integrante de la organización que tenía pendiente resolver su situación procesal. Otros seis acusados ya habían sido condenados mediante procedimientos abreviados. Uno de ellos era miembro de una cooperativa que prestaba servicios de mantenimiento a la empresa.

Falsos empleados de la EPE

Según se acreditó durante el debate, Espíndola tenía un papel central en la ejecución de los robos. Se hacía pasar por trabajador de la EPE, contactaba a empresas de hidrogrúas, confeccionaba órdenes falsas de retiro y coordinaba con los choferes el traslado de los transformadores. En algunos casos concurría personalmente a los lugares y en otros enviaba a personas que también simulaban ser empleados de la empresa eléctrica.

Para concretar las maniobras utilizaron grúas capaces de levantar los equipos, que estaban instalados a unos tres metros de altura y pesaban alrededor de 2.000 kilos. Una vez retirados, los transformadores eran llevados hasta depósitos donde se los desarmaba para extraer el cobre y colocarlo posteriormente en el mercado ilegal.

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El primero de los hechos ocurrió el 30 de noviembre de 2023 en Virasoro y Río de Janeiro. Espíndola se presentó como un trabajador de la EPE y contrató una grúa para retirar un transformador Fohama de 630 KVA, valuado en unos 20.300 dólares. El chofer fue engañado con documentación que aparentaba autorizar el retiro y recién advirtió que algo no estaba bien cuando el supuesto destino oficial fue cambiado por un depósito ubicado en barrio Acindar.

Robo de transformadores

El segundo robo ocurrió el 20 de febrero de 2024 en Sarmiento al 3000. Esta vez Espíndola utilizó el nombre de "Goro" para contactar a una empresa de servicios industriales y solicitar una hidrogrúa. Cuando el chofer llegó, le explicó que debía retirar un transformador porque estaba quemado y le exhibió una supuesta orden de la EPE. El equipo terminó siendo trasladado hasta un depósito de Avellaneda al 4800, donde lo esperaba otro miembro de la banda.

El tercer episodio fue el 27 de marzo, en Tomás de la Torre y Los Gladiolos, en Funes. Espíndola volvió a presentarse como empleado de la EPE, aunque en esta ocasión utilizó el nombre de Alejandro Sivori. El transformador, de 315 KVA y valuado en unos 52.000 dólares, fue levantado con una hidrogrúa y trasladado hasta el depósito de Avellaneda al 4800.

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En ambos casos, como en el primero, los equipos no estaban conectados al momento de ser sustraídos. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los robos afectaban el normal funcionamiento del servicio porque los transformadores debían ser reemplazados y podían ser necesarios ante una mayor demanda de energía.

El último golpe y la caída

El cuarto episodio fue planificado para el 2 de mayo de 2024. El objetivo era un transformador Faraday ubicado en Cepeda al 400, en Rosario. Espíndola volvió a contactar al mismo chofer de grúa que había intervenido en el primer robo y coordinó el supuesto traslado del equipo hasta un depósito de Pérez.

Para entonces la Fiscalía ya había tomado conocimiento del plan. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) siguieron al camión que transportaba el transformador hasta el depósito ubicado en Pérez. Cuando los sospechosos llegaron al lugar fueron detenidos, el transformador y el camión fueron secuestrados junto con documentación que simulaba ser una orden oficial de retiro de la EPE.

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La investigación también permitió establecer que el depósito tenía vencida la habilitación municipal como establecimiento dedicado al almacenamiento de metales no ferrosos. En su interior se encontraron lingotes de aluminio y dos morteros de fundición. El transformador finalmente no pudo ser reducido para extraerle el cobre.

Una banda organizada

La Fiscalía reconstruyó una estructura en la que cada integrante tenía una función determinada. Leandro Andrés Romero, medio hermano de Espíndola, fue señalado como jefe y organizador: seleccionaba los transformadores que podían ser sustraídos, coordinaba el pago de las grúas y determinaba el destino de los equipos. Su vínculo laboral con una cooperativa que prestaba servicios de mantenimiento a la EPE le habría permitido conocer cuáles estaban en condiciones de ser robados.

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Kevin Astudillo, por su parte, tenía a su cargo la recepción de los transformadores y su posterior reducción. Los primeros tres equipos fueron llevados a un depósito contiguo a su domicilio, en Avellaneda al 4800, donde se realizaban actividades vinculadas con metales no ferrosos.

En el caso de Espíndola, el tribunal tuvo en cuenta su intervención en la coordinación de las maniobras, la contratación de las hidrogrúas, el uso de falsas identidades y documentación apócrifa y su presencia en distintos lugares de los hechos. Por esas conductas fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y se dispuso además el decomiso de las falsas credenciales, formularios, mamelucos, teléfonos celulares y del Renault Clio que utilizaba para desplazarse durante los operativos.