El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y quien fuera su superior, el ex Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, seguirán detenidos en el marco de la causa en la que están imputados por ser parte de una asociación ilícita que regenteaba el juego clandestino en la provincia de Santa Fe. El primero de los nombrados está detenido desde el 31 de julio de 2020 y en una audiencia de prórroga de la medida cautelar lo seguirá estando por otros 45 días acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y ser parte de la organización delictiva. En tanto Serjal, apresado el 11 de agosto de 2020 y a quien le concedieron el arresto domiciliario por problemas de salud en febrero pasado, seguirá en esa condición por 90 días más acusado de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor, omisión de persecución penal en carácter de coautor y peculado de servicios en carácter de autor.

Así lo dispuso la jueza de primera instancia Eleonora Verón en el marco de una audiencia en la cual se revisó la medida cautelar impuesta a los ex funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Lo llamativo de la jornada fue que Ponce Asahad solicitó en esta oportunidad acogerse a la figura de arrepentido y en ese marco declaró por más de dos horas en las que “brindó importantes elementos para la investigación”, según sostuvieron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron.

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De acuerdo a la acusación hecha el año pasado, Ponce Asahad y Serjal eran parte de una asociación ilícita cuyo objetivo fue “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente, para lo cual, con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal”. En esa misma causa están imputados el ex empleado del MPA Nelson Ugolini y el empresario Leonardo Peiti, en tanto el ex policía santafesino Alejandro Torrisi ya firmó un juicio abreviado aceptando su culpabilidad y David Itatí Perona, llamado “El rey del juego” en la ciudad de Rafaela, estaba acusado pero falleció víctima del Covid en noviembre último.

Según la acusación, la organización se desplegó en distintos ámbitos de la provincia, concretamente en las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Galvez, Gálvez y Rafaela. Los fiscales le achacan el rol de jefes de la asociación a Serjal y Peiti mientras que al resto los acusaron de participar en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

En ese marco, dice la acusación, los imputados “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.

La organización “tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018, fecha en la que Peiti se encontró por primera vez con Ponce Asahad” para que, en su carácter de Fiscal Adjunto le ofreciera información sobre las causas que el empresario tenía abiertas en su contra; y hasta el 24 de julio de 2020, cuando se reunieron en una cochera de Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti y el propio fiscal.

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Siempre según lo dicho por los fiscal Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el rol de Ponce Asahad en la organización “consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de Fiscal Adjunto para recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener al empresario como sospechoso y/o aquellas que él le solicite y/o las referidas a juego ilegal”. En ese sentido, “a mediados de diciembre de 2018 Ponce Ashad se comunicó con Peiti para informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas”.

Así las cosas, el imputado junto a Nelson Ugolini “obstaculizó la investigación penal por juego clandestino que llevaba adelante el fiscal de Melincué Matías Merlo, quien llevaba como imputado a Peiti y otras personas, informándole la existencia de la investigación y la solicitud de allanamientos”, lo que motivó que el fiscal del sur santafesino desista de la realización de los operativos como consecuencia de esa filtración de información.

A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, el 5 de diciembre de 2018 Ugolini “creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar Merlo. Esto les permitió acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos”.

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Así Ponce Asahad, a sabiendas que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, dado que Maximiliano “Cachete” Díaz (un hombre ligado a la banda de Los Monos) y algunos de sus allegados “le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Serjal y le indicaron que no realice medidas de investigación y que no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad”.

En esa secuencia, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades desde diciembre de 2018 a los fines de recibir el dinero exigido a Peiti para brindarle protección. Y además, el 17 de junio de 2020 junto con Sejal fueron al Organismo de Investigaciones del MPA (OI) sito en Moreno 1053 de Rosario, y “tomó conocimiento de una investigación en curso sobre una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Torrisi y Peiti, entonces le informó al empresario del juego rosarino de la existencia de esa investigación en la que aparecía como sospechoso y le pidió 100 mil dólares para evitar que prospere dicha investigación”.

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En ese espacio de tiempo, Serjal viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 14 de noviembre de 2019 se alojó en el Hotel Etolie donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar, la que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma cuota. En el marco de ese acuerdo, Ponce Asahad se reunió con Peiti en bulevar Oroño y Mendoza en diversas oportunidades para recibir el dinero acordado. En otro momento de ese mismo año, y previo a un viaje del ex fiscal adjunto a Italia, le requirió a Peiti dinero extra y éste le entregó euros y dólares que equivalen a dos de los pagos mensuales que en esa época entregaba.

Ponce Asahad, dicen los investigadores, “concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020 al mediodía en pasaje Rosales y 3 de Febrero y acordaron que el empresario entregaría 10 mil dólares ese mismo día a la tarde. Esa entrega se concretó a las 18 en la sede del Círculo Argentino Arabe de Rosario o Centro Cultural Arabe de Dorrego al 1200.

Finalmente, Ponce Asahad se reunió con el abogado defensor de Peiti en una cochera de Jujuy entre Alvear y Santiago de Rosario a las 21.40 de ese día con el fin de manifestarle que no los denunciara ni a él ni a Serjal.