La defensa del jefe narco Fran Riquelme, condenado en mayo pasado a la pena de prisión perpetua, pidió que se declare la nulidad de aquel juicio oral y que se realice un nuevo debate ante otro tribunal. La presentación fue realizada por la abogada Antonela Travesaro, quien fundamentó el planteo en la presunta afectación de las comunicaciones confidenciales que mantenía con su defendido mientras se desarrollaban las audiencias, entre marzo y mayo de 2026.

El planteo refiere a una intervención telefónica sobre la línea institucional del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde Francisco "Fran" Riquelme está alojado cumpliendo la pena máxima. Según la presentación, la medida comenzó el 25 de abril de 2025, casi once meses antes del inicio del juicio, y tenía como objetivo captar las comunicaciones del detenido en el marco de otra investigación por una presunta asociación ilícita que habría dirigido desde la cárcel.

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Para las defensoras, esa intervención compromete la validez del juicio porque el teléfono era uno de los canales fundamentales para preparar la defensa. En ese sentido, sostienen que no pueden descartar que integrantes del Ministerio Público de la Acusación hayan tenido acceso a conversaciones en las que se analizaban pruebas, testimonios y decisiones procesales. También reclaman conocer qué funcionarios accedieron a los registros y qué mecanismos se utilizaron para preservar el secreto profesional.

Escuchas

La intervención telefónica fue ordenada por la jueza Eleonora Verón a requerimiento de los fiscales Marina Vigo, Mercedes Banchio y Diego Giro. La medida estaba vinculada con una hipótesis investigativa sobre una presunta organización criminal que Riquelme habría conducido desde su lugar de detención. En septiembre volvió a ser imputado como jefe de una asociación ilícita que también integra su hijo Ezequiel.

El escrito remarcó que la captación de las comunicaciones se extendió durante el período en que se desarrolló el juicio oral. Sobre ese punto, plantearon: "Durante todo ese período, y particularmente durante el desarrollo del juicio oral, mantuvimos con Francisco Riquelme comunicaciones telefónicas frecuentes, cotidianas y sustanciales, destinadas al ejercicio concreto de la defensa técnica".

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También plantearon que Riquelme participaba de las audiencias mediante videoconferencia desde Marcos Paz y que la distancia con Rosario dificultaba mantener entrevistas presenciales entre una jornada y otra. En ese sentido sostienen que el teléfono era una herramienta indispensable para el trabajo profesional. "No era un medio accesorio, eventual o prescindible de comunicación: constituía uno de los canales indispensables para sostener el vínculo profesional y garantizar el ejercicio cotidiano de la defensa", señalaron.

Un abogado imputado

Uno de los elementos centrales del planteo es un episodio que quedó expuesto durante las audiencias imputativas realizadas los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 en la causa denominada "Los Riquelme 2". En esas jornadas, el Ministerio Público de la Acusación reprodujo comunicaciones telefónicas entre Riquelme y el abogado Martín Castillo, quien lo asistía en una causa de ejecución penal tramitada en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la presentación, esas conversaciones habían sido captadas mediante la intervención de la línea del penal y posteriormente utilizadas por la Fiscalía para sustentar una imputación contra Castillo, a quien se le atribuyó participación en una supuesta asociación ilícita. La acusación estaba relacionada con la modalidad mediante la cual se habrían posibilitado determinados contactos telefónicos de Riquelme con sus familiares.

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Por este episodio Travesaro advirtió sobre la posibilidad de que también hayan sido registradas las conversaciones que ella y las otras defensoras mantenían con Riquelme durante el juicio. "Lo que se encuentra comprometido es la propia posibilidad de que la acusación haya tenido acceso, directa o indirectamente, al espacio de confidencialidad en el que nuestro defendido preparaba su defensa junto con estas letradas", expresa el escrito.

Nulidad del juicio

La presentación también plantea un pedido de información sobre la intervención y el destino de los registros obtenidos. Las defensoras indicaron que desconocen si las conversaciones fueron escuchadas en tiempo real, cómo se almacenaron, quiénes pudieron reproducirlas y si existieron mecanismos para excluir los intercambios protegidos por el secreto profesional.

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En ese marco reclamaron que se identifique a todos los funcionarios que tuvieron acceso al material, las unidades fiscales que participaron de su recepción y análisis y las eventuales remisiones internas de audios o transcripciones. También solicitaron que se informe si hubo procedimientos específicos para separar las comunicaciones entre Riquelme y sus abogados de las restantes conversaciones captadas. "La Fiscalía no puede beneficiarse de la opacidad de un sistema de captación y almacenamiento que se encuentra bajo su órbita institucional", plantearon.

En ese sentido plantearon que el eventual acceso de los investigadores a esas conversaciones pudo favorecer la preparación de la acusación durante el debate, al permitirles conocer de antemano las estrategias, los argumentos y las decisiones que analizaban las defensoras con su cliente. En ese marco solicitaron la nulidad del juicio oral y de la sentencia condenatoria, además del reenvío para que se realice un nuevo debate ante un tribunal distinto.