Otros tres policías fueron imputados por un procedimiento ilegal de diciembre pasado en el barrio República de la Sexta, donde un grupo de agentes le plantaron un arma de fuego a un motociclista y robaron dinero, objetos electrónicos y dos teléfonos en la requisa a viviendas. A los cuatro efectivos que habían sido detenidos entonces se sumaron ahora un superior de servicio de la Brigada Motorizada, acusado de permitir y ocultar los delitos cometidos por sus subordinados, mientras que dos empleados de la misma repartición fueron implicados por falsear actuaciones e incumplir sus deberes.
La imputación fue formulada por el fiscal Pablo Socca en el Centro de Justicia Penal. La audiencia se realizó el jueves pasado, horas después de que un policía preso desde hace seis meses, Lucas Brest, acordara 3 años de condena condicional por su participación en aquel operativo irregular. El procedimiento cuestionado fue el 7 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Brigada Motorizada interceptaron a un motociclista en la esquina de Esmeralda e Ituzaingó, en inmediaciones de La Siberia, y lo demoraron porque no llevaba su DNI ni la documentación de la moto, una Yamaha YBR.
Secuencia ilegal
Luego lo llevaron a su casa y la situación empeoró: hicieron un acta falsa sobre el hallazgo de un revólver Orbea calibre 38 con seis cartuchos para justificar la detención del muchacho cuando en realidad, según la pesquisa, encontraron el arma en el techo de un galpón de Pasco al 100 bis. Antes del arresto ilegal los efectivos robaron un teléfono Xiaomi y un Motorola G6. Este último celular era una pieza clave para encubrir los delitos, ya que el hermano del motociclista lo había usado para filmarlos en uno de los allanamientos.
Durante una requisa en Esmeralda al 2000, la víctima se escapó por el balcón del tercer piso. Los uniformados pidieron refuerzos y lo apresaron en la vivienda de otro familiar, en Beruti al 1900. Allí ingresaron por la fuerza y lo agredieron físicamente. Además de los dispositivos electrónicos se llevaron 70 mil pesos y un sistema de sonido a estrenar, que incluso tenía su caja contenedora.
Una vez que el dueño de la moto quedó detenido, lo llevaron a la comisaría 2ª como parte del operativo trucho. Mientras estaba en la seccional de Paraguay al 1100 lo amenazaron y le pegaron. Los imputados querían la contraseña del teléfono que tenía los videos que los incriminaban, pero no la consiguieron.
Cuatro policías de la Brigada Motorizada fueron detenidos en diciembre y acusados de delitos como violación de domicilio e incumplimiento de deberes de funcionario. Además de Brest, condenado por privación abusiva de la libertad y el allanamiento ilegal, fueron acusados los policías Matías Ovando (por llevarse un celular que se encontró en su casa), Julián Márquez y Bernardino Fernández.
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Más policías implicados
Un quinto policía, jefe del Comando Radioeléctrico de Alvarez, fue detenido por el caso la semana pasada. Se trata de Nicolás Ezequiel Meyer, quien al momento de los hechos era superior de servicio en la Brigada Motorizada. En la audiencia imputativa del jueves fue acusado de haber permitido que sus subordinados cometieran las irregularidades. Lo acusaron de ocultar delitos, incriminar falsamente a la víctima y permitir que los subalternos robaran dinero y otros elementos en la requisa, además de ordenar el secuestro de dispositivos electrónicos sin fundamento.
Según planteó Socca, hizo consignar en el acta de manera falsa que esos elementos —típicos de un centro de estética— hallados en una casa de Berutti al 1900 habían sido ofrecidos por la víctima como coima, circunstancia que se acreditó falsa. Acusado además de omitir datos en el acta y de falsear las circunstancias del supuesto hallazgo del revólver calibre 38, quedó imputado por falsedad ideológica de instrumento público, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento, omisión de promover la persecución de delincuentes y robo agravado.
Otro imputado es el policía Leonardo Félix Vega, quien participó de la requisa a la casa de Pasco al 100 bis donde se halló el arma calibre 38 que los policías sustrajeron (y luego plantaron) sin imputar a nadie por la tenencia ilegal del revólver. Según planteó Socca, el policía le dictó a una empleada cómo debía consignar en el acta una falsa entrevista con un testigo. En su caso, le reprocharon falsedad ideológica, incumplimiento de sus deberes y omisión de promover la persecución de un delito.
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Una lista de doce delitos
El tercer uniformado que se agregó a la lista de acusados es Gabriel Gastón Fernández, empleado de la Motorizada que según Socca participó del arresto de la víctima en Berutti al 1900. Fue imputado de haber vertido declaraciones falsas sobre las circunstancias de la detención al declarar sobre el caso en la sede de Fiscalía días después.
Dijo que el detenido ofreció a modo de “coima” elementos de kinesiología que había en el lugar a cambio de su libertad, lo que en realidad no ocurrió. Habló además del secuestro de un arma en los techos, supuestamente envuelta en una remera del detenido, cuando en realidad había sido hallada por otro policía dentro de la vivienda de Pasco al 100 bis. “Todas esas declaraciones son falsas”, dijo Socca, quien le adjudicó los delitos de falso testimonio, incumplimiento de los deberes y encubrimiento agravado.
Tras un acuerdo entre el fiscal y la defensa, los tres nuevos acusados quedaron en libertad con restricciones.
Por último a Bernardino Fernández, uno de los empleados detenido en diciembre, le formularon una nueva imputación por sustraer el parlante de una de las viviendas, además de falsear datos sobre el hallazgo del revólver 38 como si hubiera sido descartado por la víctima en su escape fallido. Se le imputó además haber permitido que sus compañeros se apropiaran de dinero en efectivo, conducta que fue admitida por él en mensajes de WhatsApp enviados a su pareja: le dijo que habían encontrado “una banda de plata en la casa del caco”.
Le imputaron doce delitos entre los que constan la privación abusiva e ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, robo, amenazas, incumplimientos y lesiones.
La jueza Paola Aguirre dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de ley de dos años para Fernández y la misma medida para el efectivo Ovando Márquez.
