Ariel Máximo “Guille” Cantero recibió una nueva condena, la octava en sus 33 años de vida. La Justicia federal, en un acuerdo abreviado, le endilgó ser organizador de una red de narcomenudeo comandada desde la cárcel y la aplicó una pena de 12 años de prisión y una multa de 450 mil pesos. Según el fallo, se trata de una banda que comenzó a ser investigada a fines de 2017 y en la cual el líder de Los Monos y su ladero, Leandro “Gordo” Vilches, bajaban las órdenes a la pareja de éste, Gisela “Gi” Boccuti, quien así gerenciaba el negocio en la calle a través de otros miembros que manejaban los territorios como Tania Rostro y Gustavo “Toro” Martinotti.
Con esta sentencia Guille acumula un total de 96 años y 8 meses de condenas. Lo que en sí es un hecho anecdótico si se valora que el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación sostiene que la unificación de todas las penas no podrá exceder los 50 años de encierro como precio final para cualquier recluso. Lo llamativo es que de las últimas seis penas recibidas, los delitos endilgados fueron cometidos mientras estaba tras las rejas, por lo que habría que pensar si Guille es más peligroso en una cárcel o en la calle.
La nueva condena para Guille es producto de una causa con 23 imputados pertenecientes a dos bandas independientes: una liderada por Cantero junto con Vilches y Boccuti, y la otra por Julio Andrés Rodríguez “El peruano” Granthon e imputado en la causa por el crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante. Si bien en diciembre del año pasado la fiscal federal Adriana Saccone pidió elevar la causa a juicio, casi un año después el procedimiento se terminó resolviendo en forma abreviada para todos los acusados. En ese sentido el juez federal Eugenio Martínez Ferrero se constituyó como tribunal unipersonal para analizar los términos de los acuerdos de partes presentados por la fiscalía y las defensas y este miércoles emitió su resolución.
Previo al análisis de los acuerdos, el juez remarcó que parte de los acusados actuó siguiendo órdenes de gente que ya estaba presa por los mismos delitos que ahora se les achacan. Y que incluso han pasado por varios penales y, sin embargo, siguen incurriendo en delitos vinculados al narcotráfico que “muchas veces se originan dentro del sistema penitenciario donde el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas para evitar la repetición constante de sucesos con el mismo lugar de origen”.
El magistrado aclaró que los imputados admitieron las acusaciones y aceptaron sus penas a través de los acuerdos. Luego explicó las organizaciones investigadas: si bien tuvieron algún punto de contacto, ambas traficaban drogas “en forma separada, organizada y bajo las órdenes de sus respectivos líderes”.
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La banda liderada por Guille, Vilches y Boccuti se conoció a partir de una investigación iniciada el 26 de diciembre de 2017 con escuchas a dos jóvenes hermanos que vendían drogas como “delivery”. Los pesquisas establecieron que los padres de los sospechosos también intervendrían en esas maniobras y, por otro lado, detectaron a quienes los estaban abasteciendo. Mediante escuchas y otras medidas se fue reconstruyendo la red que encontró a Cantero y sus laderos como organizadores desde la cárcel y que Vilches le daba las órdenes a su pareja para que ella las comunicara a los otros miembros del grupo.
Así, Gisela órdenaba a una primera línea a cargo de Jorge Orellana y su pareja Tania Beatriz Rostro. Vilma Liliana Roda y Ramón Esteban Velázquez (asesinado en febrero de este año) respondían a Tania, al igual que su hermano Nahuel León Rostro y María Beatriz Gunsett. Agustín Bugnar obedecía a Orellana, con quien colaboraba María Cristina Orellana. Yamir y Agustín Capporosi, abastecidos por Bugnar, vendían con la colaboración de sus padres Oscar Eduardo Capporosi y Adriana Alcira Varela. Sergio Adrián Granatto también proveía drogas a Yamir. Y otra rama de distribución era manejada desde la cárcel por Gustavo “Toro” Martinotti a las órdenes de Boccuti.
Las escuchas que dieron con esta red también detectaron las actividades que, por otra parte, realizaba el Peruano mientras todavía estaba en libertad, teniendo en cuenta que estas actividades narco de Rodríguez Granthon fueron anteriores a otras que realizara luego de ser detenido y por las cuales ya fue condenado a 12 años. Los detenidos vinculados con esta organización fueron Nicolás Ezequiel Rodríguez, Gustavo Daniel Godoy, Miguel Alejandro López, Yamila Belén Toloza, Ignacio Dantur y Daniel Alberto Robledo.
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El juez resolvió las condenas como organizadores para cuatro de los procesados. Además de los 12 años para Cantero, Rodríguez Granthon aceptó 10 años que de unificarse con una sentencia anterior a 12 años totalizarían 15 años tras las rejas. Por su parte Vilches recibió once años y 396 mil pesos de multa, que se unifica con otras dos penas de 2019 y 2020 en una única de 18 años. Y Boccuti fue condenada a 10 años que se unificará en 12 con una anterior y una multa similiar.
En el caso de Martinotti, quien cumple una condena por haber tiroteado la casa de su hermana, al delito de tráfico de drogas se le suma la tenencia ilegal de armas de fuego, con lo cual redondeó una condena a 9 años de cárcel y una multa de 288 mil pesos. Su condena anterior implica una pena unificada en 10 años y 6 meses.
Jorge Orellana y Tania Rostro fueron condenados a 8 años de prisión con multas de 270 mil pesos por tráfico de drogas. Vilma Roda recibió 7 años de cárcel mientras que a Nahuel Rostro le corresponden 6 años a unificarse en 6 años y 11 meses. Yamir Capogrossi también acordó una pena a 6 años.
Como partícipes secundarios del mismo delito Daniel Robledo fue condenado a 4 años y medio de cárcel que contemplan el delito de tenencia indebida de un arma de fuego. Cuatro años recibieron Yamila Belén Toloza, Agustín Bugnar y Adrián Granatto. Para Gustavo Godoy y Miguel Alejandro López las penas son de 3 años de cumplimiento efectivo mientras que Adriana Alcira Varela, Oscar Capporosi, María Cristina Orellana, María Beatriz Gunsett, Ignacio Dantur, Nicolás Ezequiel Rodríguez y Luis Cares Aravena recibieron una condena de 3 años de ejecución condicional con reglas de conducta.
