El suboficial Guillermo Toledo, de la policía de la provincia de Santa Fe, fue condenado este martes a ocho años de prisión como líder de un grupo de agentes que en agosto de 2024 robó una carga de cocaína y miles de dólares en un allanamiento ilegal. También le atribuyeron participar en la venta de parte de esa droga robada y de aplicar torturas con picana eléctrica a personas aprehendidas con el objetivo de obtener información. "Reconoce el palo como su único evangelio", sostuvo la Fiscalía al momento de solicitar la pena y ubicó los procedimientos abordados en la causa como prácticas ilegales habituales.

La condena a Toledo es parte de la causa por la cual otros seis agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) ya aceptaron en acuerdos abreviados penas de 2 a 7 años de prisión por haber tenido distintos tipos de participación en los hechos investigados. El origen de la causa fue un allanamiento ilegal en una casa de Forest al 5600, adonde llegaron por la información que obtuvieron torturando a dos personas a las que habían detenido con droga encima. Una vez en la vivienda robaron al menos 4 kilos de cocaína, aunque se cree que pudieron ser 15 en total, y al menos 6 mil dólares entre otros elementos.

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La acusación y el alegato de cierre de los fiscales María Virginia Sosa, Soledad García, Andrés Montefeltro y Javier Arzubi Calvo hizo énfasis en la aplicación de torturas como una costumbre del grupo policial que integraba Toledo. Se respaldaron en las evidencias surgidas del peritaje a los teléfonos secuestrados, donde había conversaciones que daban cuenta de la aplicación constante de tormentos a sus víctimas. "Las prácticas relatadas en varias conversaciones indican no solo habitualidad sino un sadismo inusitado", indicaron los investigadores.

Un botín de cocaína y dólares

Aquel 13 de agosto de 2024 todo comenzó cerca de las 15 en Jaures al 5500, donde otros dos agentes de la PAT aprehendieron a dos hombres que llevaban un kilo de cocaína en una Ford Ranger. Minutos después Toledo y su grupo llegaron a ese lugar en dos móviles y estuvieron ahí hasta las 16.30. La investigación determinó que allí, dentro de los patrulleros, los detenidos fueron torturados. "El policía me dijo que quería el pescado gordo. Después entre ellos hablaban. Encima nos pegaron y nos picanearon", declaró después una de las víctimas.

Pocos minutos después, con el dato del pez gordo, el grupo se dirigió a una vivienda de Forest al 5600, tocaron timbre, se identificaron y una mujer les abrió. Perla R. estaba con su pareja Diego I. junto a sus dos hijos de 1 y 8 años y José Luis L., un amigo de la familia. Allí fue Toledo, de acuerdo a lo expuesto en la causa, quien ocupó un rol de líder para "negociar" con Diego I.

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El hombre declaró que Toledo le propuso llevarse la mayor cantidad de la droga y blanquear solo una parte mínima ante las autoridades, asegurándole así una disminución ante una eventual pena. También dijo que el total de lo robado fue de 15 kilos de cocaína, más de 50 mil dólares y prendas de vestir como jeans y gorras que vendía con su pareja. La investigación alcanzó a determinar que Toledo adquirió al menos 4 kilos de la droga que luego revendieron familiares políticos en la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales federales destacaron que el procedimiento ilegal frustró una investigación que ubicaba al domicilio de calle Forest como un punto de almacenamiento de cocaína y a Diego I. y Perla R. a cargo de esas maniobras. La pareja y José Luis L. habían sido imputados pero tras 45 días en prisión preventiva recuperaron la libertad al declararse la nulidad del procedimiento por el que habían sido detenidos. "El material estupefaciente no se cauteló para la Justicia sino para beneficio personal de Toledo y sus colegas, los dispositivos móviles secuestrados con motivo del allanamiento ilegal debieron descartarse como elementos de prueba, sin poder permitirnos escalar en la cadena de tráfico y comercio de estupefacientes", indicaron los funcionarios.

Torturas y evangelio

En etapas anteriores de la causa la fiscal María Virginia Sosa calificó a Toledo como "un pedagogo de la ilegalidad". En los teléfonos secuestrados surgieron conversaciones que los policías tenían en un grupo y daban cuenta de cómo torturaban a las personas que detenían en la calle o inmediaciones de puntos de venta de drogas. Lo hacían para obtener información como una práctica habitual para sacar beneficios personales de operativos que llevaban a cabo como funcionarios policiales.

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En uno de esos chats había un audio de Toledo donde se refería a lo que habían hecho con un hombre: "Lo llevamos al medio del campo... lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No dijo una palabra. Alto soldado era". "Las carcajadas, la naturalidad y liviandad con la que estructura los mensajes dan cuenta de que disfruta de estas prácticas y que tornan sus jornadas laborales en guardia 'divertidas'", indicaron los fiscales en la audiencia de este martes. En una ocasión Toledo le mandó a su pareja una foto con un mensaje que decía "el palo como evangelio" y le contó que había "predicado la palabra casi hasta el amanecer".

"El evangelio de un funcionario policial no puede ser un palo sino la sujeción estricta e irrestricta a las leyes y a la Constitución Nacional, la que ya incluso en su antecedente de la Asamblea del año 13 abolió la tortura como práctica", indicaron los fiscales. Acerca de la picana que utilizaba Toledo y su grupo, sospechan que fue robada en el allanamiento a un búnker. Meses después la hallaron en la casa de uno de los agentes investigados. Se trataba de una picana de 5000 kilovoltios que un especialista consultado en la causa describió con "efectos muy específicos y potencialmente graves en el cuerpo humano".

Policía condenado

La investigación también determinó cómo se había armado el encubrimiento del procedimiento ilegal con el fin de darle curso en la Justicia provincial. Dieron aviso a la Justicia una hora después del operativo en la casa de calle Forest, llevaron los testigos cuando ya habían cometido el robo, afirmaron en el acta que no había cámaras en los alrededores cuando luego se comprobó que sí había, entre otras artimañas. Pero los agentes cometieron un error en su plan cuando entre los elementos secuestrados que sí blanquearon incluyeron tres granadas. Por ser material explosivo la Fiscalía provincial advirtió que la causa debía pasar al fuero federal, donde finalmente se inició la investigación contra los policías.

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En marzo pasado los otros seis policías que participaron del operativo firmaron un procedimiento abreviado. Jesús Balais fue condenado a 7 años de prisión efectiva, Fernando Ferreira acordó la pena de 6 años y medio, Iván Schneider y Gerardo Pérez a 4 años y medio. Sergio Robledo a 3 años y medio y Miguel Aguilar a dos años de cárcel. Mientras que tres familiares de Toledo fueron imputados por vender en Santa Fe parte de la cocaína robada a la que, según los fiscales, planeaban sacarle 7.500 dólares de ganancia.

Por su parte Toledo reconoció los hechos y su participación, por lo que el 17 de abril pasado el juez de garantías Carlos Vera Barros homologó el acuerdo con la Fiscalía. Este martes, debido a discrepancias entre Fiscalía y defensa en relación al monto de la pena, se realizó una audiencia de cesura en la que los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider condenaron a Toledo a 8 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación de documento público, sustracción de elementos, comercio de estupefacientes agravado, vejaciones y apremios ilegales.