Bajo la lupa judicial que se posó en 2021 sobre la familia Funes por venta de drogas en los barrios Tablada y República de la Sexta estuvo, entre otros seis acusados, una adolescente cuyo celular sirvió de punto de partida para desentrañar cómo funcionaba la organización. Era Solange Funes, hija de una mujer cuyo asesinato en 2016 desató una guerra en zona sur. Cinco años después, un tribunal analizó si correspondía aplicarle pena por esos delitos cometidos cuando era menor de edad y resolvió imponerle el mínimo legal: 3 años de prisión efectiva.

El Tribunal Oral 3, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrer, impuso esa pena a Solange Daiara Funes. La joven de 21 años fue condenada por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, delito agravado por haberse cometido con violencia y la intervención organizada de tres o más personas. A la pena de prisión se añadió el pago de una multa de 4.050.000 pesos.

Solange es hermana de Alan Funes, un jefe narco condenado a prisión perpetua por instigar desde la cárcel de Ezeiza el crimen de Mariel Lezcano, una chica de 21 asesinada de un balazo en la cabeza en 2021. El ataque iba dirigido a su madre y fue cometido por sicarios a cambio de 150 mil pesos.

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Un mes antes de esa condena, a fines de septiembre de 2024, Solange era detenida en una casa de barrio Tablada. Fue acusada de coordinar los incendios de autos cometidos entre abril y mayo de ese año como protestas por las restricciones penitenciarias aplicadas a su hermano como preso de alto perfil. Se constató que en ese período realizó más de mil llamadas a su hermana desde un teléfono común de la cárcel.

El negocio en un celular

La detención de la joven en esa causa provincial por amenazas e intimidación pública motivó al fiscal federal Federico Reynares Solari a pedir condena para Solange en una causa por narcotráfico iniciada en octubre de 2021, cuando era menor de edad. Su hermano y otros implicados ya habían sido condenados en un acuerdo abreviado de junio de 2024. En el caso de Alan, a 12 años de prisión como organizador. El resto —Jorgelina Selerpe, Valentino Barjacoba, Lucas Salvarezza, Miriam Rojas y Elías Salazar— a penas de 4 a 8 años. Como Solange tenía 16 años al momento de desbaratarse el grupo, quedó sometida al régimen especial para menores.

De su celular, según el fallo, se desprendió información clave para la causa y un activo protagonismo de la por entonces adolescente en las actividades de venta de su familia. En marzo del año pasado se declaró su responsabilidad en el caso. Quedaba pendiente definir si correspondía o no aplicarle pena ya que el régimen penal juvenil, orientado a la resocialización, admite no imponerla en ciertos casos.

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En una audiencia realizada en abril para discutir ese asunto, el fiscal planteó que no se puede considerar innecesaria la pena porque Solange acumuló una acusación posterior por los incendios de autos. Un legajo en el aparecen fotos de la joven portando armas y en las que afirmó haber encontrado pruebas sólidas de su intervención en carácter de partícipe primaria. Pidió la aplicación de la pena mínima pero de cumplimiento efectivo.

Violencia narco

El debate, así, quedó centrado en la figura de una chica nacida y criada en el seno de una familia ligada a la venta barrial de drogas, aliada por entonces al clan Ungaro y en histórica disputa con sus antagonistas, los descendientes del asesinado jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos. La madre de Solange, Mariela Miranda, fue asesinada con un balazo por la espalda la tarde del 11 de marzo de 2016 en la puerta de su casa de Ayacucho y Uriburu. La joven tenía entonces 11 años.

La familia Funes terminó con tres integrantes asesinados: además de Mariela fueron ejecutados a tiros sus hijos Ulises y Jonatan “Bam Bam”. Alan y otro de los hermanos, Lautaro, fueron detenidos. El defensor de Solange, Maximiliano Rupani, aludió a ese contexto al plantear que la joven carga con una historia signada por “la vulnerabilidad, fallecimientos, encierros de familiares y debilitamiento de la red primaria de contención”.

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El abogado remarcó que la muerte violenta de su madre, la detención del padre, el arresto o asesinado de sus hermanos y el cuidado de los niños de la familia a cargo de la abuela la marcaron. Puntualizó que el derecho penal juvenil tiene principios propios como la mínima intervención, la finalidad educativa y la reintegración social. Y sostuvo que “no puede valorarse del mismo modo” a Solange que “a una persona que creció con condiciones de estabilidad, protección y oportunidades”.

Aislamiento

La joven, según se planteó en esa audiencia, se encuentra detenida en el ámbito provincial bajo condiciones restrictivas y aislamiento. Al momento de la entrevista psicológica llevaba “vestimenta distintiva, cadenas y restricciones de visitas o comunicación”. En ese contexto, una supervisora de la Unidad de Defensa de Niños planteó que la joven necesita “ayuda y presencia estatal, pero no bajo la forma de una pena”.

No obstante, el tribunal recordó la gravedad de la causa en la que la adolescente fue detenida, en un domicilio donde se secuestraron “numerosos envoltorios de cocaína y marihuana” y consignó que las conversaciones extraídas de su celular “permitieron dilucidar aspectos relevantes de la organización investigada”.

“Entendemos que la respuesta estatal con la efectiva imposición de una pena aparece necesaria en el caso”, dijeron. Plantearon que el monto bajo de la pena “incorpora la menor culpabilidad propia de la edad, su contexto personal y familiar y los datos positivos de su conducta posterior”. Decisión que según el fallo no se debe sólo a la gravedad del delito sino a las perspectivas de reintegración de Solange.