A poco más de un mes de la imputación a 18 personas por integrar una suerte de pyme de narcomenudeo con protección policial en el barrio San Francisquito, una mujer acusada de integrar la banda como vendedora aceptó una condena a 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado. De acuerdo con la pesquisa, el grupo operaba en la confluencia de tres pasillos cercanos al mercado de concentración de 27 de Febrero y Castellanos, con su jefe preso en una cárcel de Mendoza.

La organización fue desbaratada a fines de marzo, a partir de escuchas iniciadas tras una serie de balaceras extorsivas al dueño de una distribuidora en reclamo de una supuesta deuda. Los ataques quedaron filmados. Uno de los acusados de integrar la banda fue imputado por un homicidio cometido el día de las últimas elecciones presidenciales. Otro integra la lista de prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.

A Ramona Graciela Saravia, quien aceptó condena este lunes en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, se le asignó un rol menor como integrante de la asociación ilícita, rango en el que fueron ubicadas otras doce personas. El grupo de vendedores estaba organizado en tres turnos de trabajo. Su rol, según el procedimiento acordado entre el fiscal Alejandro Ferlazzo y su defensa, era el de la venta, fraccionamiento y guardado de estupefacientes. Una actividad que cesó el 24 de febrero pasado a raíz de un allanamiento en su domicilio.

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El juez Nicolás Vico Gimena dictó la condena a Saravia como miembro de una asociación ilícita en concurso con comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas, esto último en carácter de partícipe secundario. Fue involucrada en base a escuchas en las que conversa sobre la actividad de venta y el armado de paquetes. Es la primera condena al grupo.

Al fijar la condena con modalidad condicional se tuvo en cuenta que está embarazada. Deberá buscar domicilio a dos kilómetros de distancia del barrio San Francisquito y no podrá tener contacto con otros implicados en la causa. Además deberá someterse al control de la agencia provincial de medidas no privativas de la libertad.

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Tres pasillos de San Francisquito

La pesquisa detectó que la organización funcionó al menos desde octubre pasado con la venta en tres pasillos a los que se accede por Amenábar al 3900, Alsina al 2900 y Lavalle a la misma altura. El grupo disponía de conexiones en la fuerza policial y obtenía favores para realizar la actividad: “La banda criminal se vale de información privilegiada de parte de la fuerza policial, que en ocasiones le ha dado aviso de ciertas medidas de investigación en curso para alertarlos”.

“Ya, saquen todo. Despejen la zona ahí. Ahorita”, se escucha en uno de los diálogos intervenidos para alertar sobre la inminencia de un operativo. “Ya guardo todo, no queda un peso acá. El último paquete que estábamos sacando, todo me llevo”, sigue la conversación. A raíz de movimientos del grupo que dan cuenta de una posible connivencia policial el fiscal abrió una investigación paralela, aún sin implicados.

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Al frente de la organización aparece Maximiliano "Gordo" Acosta, un preso alojado por una causa federal en el Complejo 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, a 877 kilómetros de Rosario. La banda quedó expuesta tras un ataque a a tiros del 13 de noviembre pasado con fines extorsivos a un quiosco de la calle Espinillo al 3600, en barrio Triángulo, donde dos atacantes realizaron dos disparos con una pistola 9 milímetros y dejaron un cartel. Horas más tarde, a la noche, atacaron al frente de una distribuidora de Avellaneda al 3200. La secuencia siguió con más aprietes.

El cotejo de las vainas secuestradas en las distintas escenas arrojó que provenían de tres armas usadas, a su vez, en una veintena de hechos con disparos de esos meses. Luego, la intervención a las líneas telefónicas usadas en la trama extorsiva terminó de diagramar el esquema de roles y nombres, que ahora desembocó en la primera condena.