El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, integrado por fiscales y funcionariado de todo el país, expresó su preocupación por la creciente circulación de discursos que sostienen la existencia de una supuesta “masividad de denuncias falsas” en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

El organismo, que funciona en el ámbito del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, alertó además sobre proyectos legislativos que, basados en ese diagnóstico, podrían derivar en restricciones al acceso a la justicia para las víctimas, especialmente mujeres.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento apunta a una confusión frecuente: no toda denuncia que no termina en condena es falsa. Según explicaron, decisiones judiciales como el archivo de una causa, su desestimación o incluso una absolución pueden responder a distintos factores propios del proceso penal, como la falta de pruebas suficientes, dificultades en la investigación o la aplicación del principio de inocencia.

Equiparar estos resultados con la falsedad de la denuncia, señalaron, constituye “un error conceptual y jurídico” que distorsiona el funcionamiento del sistema judicial.

Datos de Santa Fe: más denuncias, más respuestas

En ese contexto, los indicadores del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe aportan evidencia concreta para el debate. Según el informe presentado por María Cecilia Vranicich, jefa de los fiscales, en la Legislatura la semana pasada, durante 2025 se registraron 4.984 ingresos por delitos contra la integridad sexual en la provincia de Santa Fe, lo que representa un aumento del 31% respecto de 2024. Es decir, que cada vez más personas se animan a denunciar. De ese total, 3.683 casos avanzaron a investigación penal preparatoria.

Sin embargo, solo 354 terminaron en condena (7,1%), mientras que 4.070 fueron desestimados o archivados (81,7 %), más del doble que el año anterior. Lejos de probar la existencia de denuncias falsas, estos datos reflejan, según los estándares del sistema penal, las dificultades probatorias, los tiempos de investigación y la aplicación del principio de inocencia.

La Fiscalía Regional 2, con sede en Rosario, concentró: 2.601 ingresos (más de la mitad del total provincial), 2.015 investigaciones abiertas y 2.087 audiencias realizadas

En términos de condenas, también lidera la estadística: 43, % de las condenas en juicios orales y 61,2% de las condenas mediante procedimientos abreviados A la vez, acumuló 2.251 archivos y desestimaciones, lo que muestra la magnitud del volumen de casos que tramita el sistema en la región.

Los datos también pueden leerse como un indicador del funcionamiento del sistema: el alto número de desestimaciones y archivos no remite necesariamente a denuncias falsas, sino a procesos de evaluación en los que intervienen estándares probatorios exigentes y la obligación de investigar antes de descartar un caso.

Qué se entiende por “denuncia falsa”

El Observatorio remarcó que la figura de “denuncia falsa” tiene una definición legal estricta: implica la comprobación de que una persona denunció deliberadamente un hecho inexistente.

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Este tipo de situaciones, indicaron, es estadísticamente marginal, de acuerdo con estudios empíricos tanto a nivel nacional como internacional.

En contraste, distintas investigaciones muestran que los delitos sexuales y las violencias de género presentan altos niveles de subregistro, es decir, una gran cantidad de casos que nunca llegan a denunciarse.

Las barreras para denunciar

Entre los factores que explican ese subregistro, el organismo enumeró el miedo, la dependencia económica, la estigmatización social y la revictimización institucional.

En ese sentido, advirtieron que la difusión de la idea de denuncias falsas generalizadas puede tener efectos concretos, como desalentar a las víctimas a acudir a la justicia, reforzar estereotipos de género y debilitar la credibilidad de quienes denuncian.

Alertas sobre proyectos de ley

El pronunciamiento también pone el foco en iniciativas legislativas que parten de lo que consideran diagnósticos erróneos. Según el Observatorio, estas propuestas podrían introducir nuevos obstáculos para el acceso a la justicia y entrar en tensión con estándares internacionales que obligan al Estado a investigar este tipo de delitos con debida diligencia y perspectiva de género.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con una política criminal sustentada en evidencia, el respeto por las garantías del debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas.

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En ese marco, consideró “imprescindible” que el debate público y legislativo se base en datos verificables, definiciones jurídicas precisas y un enfoque de derechos humanos, evitando la difusión de información inexacta sobre un fenómeno de alta sensibilidad social.