“¿Quién vende? ¿Dónde hay una pistola? ¿Dónde está la droga?”. Un consumidor que había ido a un puesto del barrio Parque Casas a comprar cocaína en enero del año pasado fue forzado a responder esas preguntas, una tras otra, cuando irrumpieron policías y uno de ellos le apoyó un arma en la cabeza. Como se negó a contestar lo patearon, le pisaron las manos y lo llevaron preso junto a una tía del vendedor, acusado falsamente de trabajar como dealer. En la comisaría le siguieron pegando.

Ese fue sólo uno de los casos que en marzo de 2025 motivaron la detención de seis policías de la Brigada Motorizada por armado de causas y cobro de coimas en el barrio, donde buscaban proteger a una transera y perseguir a un competidor en el negocio del narcomenudeo. Dos de ellos, los oficiales Marcelo Borovachi y Ricardo Font, ambos de 28 años, aceptaron este miércoles condenas a 3 años de prisión efectiva y a 6 años de inhabilitación por una serie de operativos truchos cometidos de los últimos dos años. El primer uniformado reconoció su responsabilidad en seis casos, el segundo en cinco.

Los dos fueron condenados en un procedimiento abreviado acordado entre sus defensas y los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci. El juez Facundo Becerra dictó las penas por una serie de delitos contenidos en seis legajos judiciales. Se reiteran detenciones ilegítimas, falsedades ideológicas de las actas, amenazas, incumplimiento de deberes, falsos testimonios y allanamiento ilegal.

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Esas prácticas policiales saltaron a la luz cuando fue detenida Sandra Álvarez, una vendedora de 44 años de Parque Casas que en diciembre pasado aceptó 5 años de prisión y el pago de una multa de 4 millones de pesos por comercialización de estupefacientes. En su celular se descubrió que mantenía un contacto estrecho con policías de la Brigada Motorizada que habían custodiado su casa tras una balacera.

Irrupción, golpiza y droga plantada

Entonces, se descubrió, comenzaron a realizar procedimientos ilegales para perjudicar a un grupo rival. Junto a los ahora condenados, fueron apresados los policías Lucila Bellizi, de 21 años; Dylan Pérez, de 23; Rodrigo Ramírez, de 23, y Jesús Soria, de 31. Además fueron apresados una médica policial, otro integrante de la Motorizada y cuatro miembros de la cúpula de la seccional 10ª por el arresto irregular del comprador acusado como dealer, a quien le negaron un control médico e impidieron la visita de su madre para que no se descubrieran los apremios.

La investigación expuso cómo los agentes provinciales utilizan en beneficio propio las facultades de la ley de microtráfico. El operativo falso en el que se llevaron preso a un comprador ocurrió del 27 de enero de 2025 en un quiosco de Superí al 2000. A las 11.30, cinco efectivos de la Motorizada irrumpieron a la fuerza y privaron de la libertad al consumidor de 31 años y a Graciela González, de 72. La mujer es tía de Marcelo “Frentudo” Fernández, detenido en noviembre de 2024 como uno de los referentes de venta al menudeo en la zona. En 2017 se había enfrentado con efectivos de la comisaría 30ª en un cortejo fúnebre tras un crimen.

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De acuerdo con la condena, los policías Borovachi y Font amenazaron al consumidor para que actuara como una suerte de informante sobre los movimientos del búnker. “Si nos decís, te dejamos ir”, expresaron. Como se negó, otro efectivo que según la pesquisa era Dylan Pérez lo golpeó a patadas y con el bastón policial en las piernas y las manos mientras le gritaba: “Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas”.

Tras la golpiza, se acercó una empleada policial —según la acusación, Lucila Bellizi— y sacó de su chaleco dos bolsas con nueve envoltorios de cocaína. “¿Dónde querés que la ponga?”, le preguntó a su jefe, que respondió: “Ahí, abajo de la mugre”. La agente colocó la droga en el sitio indicado y comenzó a tomar fotos del falso secuestro con su celular.

Al comprador y a la tía de Frentudo los llevaron presos a la comisaría 10ª. Como consecuencia del operativo armado —acusaron a la mujer de comerciar paquetes con droga en un baldío—, fueron imputados en una causa judicial y estuvieron 17 días presos hasta que recuperaron la libertad.

Causas armadas

Para entonces, tanto Borovachi como Font acopiaban una serie de denuncias en la Unidad de Violencia Institucional por operativos similares. En un caso del 14 de abril de 2024, reseña la condena, acusaron por llevar droga en una mochila a un joven 28 años al que supuestamente persiguieron hasta su domicilio de barrio Rucci cuando en realidad lo apresaron en una estación de servicio. Allí, le quitaron las llaves de su casa, que requisaron sin testigos. El joven, que estuvo imputado y preso, denunció que le sustrajeron 300.000 pesos de los que sólo consignaron 75.000 en el acta, aunque esto no llegó a acreditarse.

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A los tres meses, el 21 de julio de 2024, entraron sin motivo a una casa del pasaje Rivero al 1200 donde vivían una mujer de 70 años y su hijo de 45 y provocaron destrozos, cuando la central 911 los había comisionado a un domicilio en la vereda de enfrente. En septiembre, acusaron a una mujer de 28 años de arrojar un paquete con droga al escapar de la policía en la zona de 5 de Agosto y España. Sin embargo, se comprobó que la apresaron tras irrumpir en su casa, donde estaba con sus cuatro hijos menores de edad. Al mes, la víctima quedó en libertad por lo irregular del operativo.

Por último, el 1° de octubre de 2024 detuvieron a cuatro personas por la supuesta tenencia de drogas en Pasco al 200 con un relato falso para justificar el procedimiento, lo que ocasionó que permanecieran dos meses presos.