¿Quién pagará la deuda con el FMI?

Más allá de las distintas estrategias para intentar ganar las elecciones presidenciales de este año, los partidos con posibilidades de llevar a sus candidatos a la Casa Rosada no aclaran demasiado cómo harán para enfrentar los compromisos externos del país, principalmente los asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo stand-by con el FMI, que ya sufrió tres revisiones, se aprobó el 20 de junio del año pasado y establece una ayuda financiera al país de 57 mil millones de dólares en un lapso de 36 meses. La Argentina ya recibió 38.900 millones y antes de las Paso tendrá otro desembolso por 5.400 millones. Esa suma equivale a poco más del 75 por ciento de lo pactado. El total se completará con pagos trimestrales menores hasta junio de 2021.

El crédito otorgado por el FMI es el mayor de la historia del organismo financiero, con sede en Washington DC y creado en diciembre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Para entender el porqué de tamaña ayuda financiera al país habría que analizarla dentro del contexto geopolítico de la región de la mano de los intereses de los Estados Unidos que, a través de su actual presidente Donald Trump, ha respaldado sin fisuras al gobierno actual y fue decisivo para la aprobación del crédito.

Para dimensionar la magnitud de los fondos que el FMI acordó entregar al país, se puede comparar con otra iniciativa política de los Estados Unidos en otra región del planeta. El yerno y consejero político de Trump, Jared Kushner, acaba de anunciar en Manama, la capital de Barein, el segmento económico de un plan que intentará poner fin a un crónico conflicto en Medio Oriente. El denominado programa de “Paz para la prosperidad” propone la inyección de 50 mil millones de dólares en diez años, entre capitales públicos y privados, para desarrollar la economía palestina en Cisjordania y la franja de Gaza, como también la de Jordania, Egipto y Líbano. Los autores del programa, al que le falta aún revelar su parte política, consideran que con un desembolso algo menor al otorgado a la Argentina, el PBI de Gaza podría duplicarse y el desempleo caería del casi 45 por ciento actual a sólo un dígito a través de la creación de un millón de puestos de trabajo. Con esos fondos previstos para distribuir a lo largo de una década se anunciaron 176 proyectos destinados a mejorar la infraestructura palestina, la construcción de hospitales, escuelas y el desarrollo del comercio, la ciencia y tecnología. También incluye la habilitación de un corredor vial que conecte Cisjordania y Gaza a un costo de unos 5.000 millones de dólares.

¿Por qué un plan de desarrollo pensado para otra región del planeta y casi con la misma cantidad de fondos no logra en la Argentina un resultado similar?

Los economistas y políticos tendrán muchas hipótesis para explicar ese fenómeno, pero la realidad es que cualquiera que sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo deberá afrontar como mayor desafío las obligaciones del pago del préstamo del FMI, cuyos vencimientos podrían ahogar la economía argentina por la necesidad de un enorme ajuste fiscal.

Si bien es casi seguro que habrá una nueva negociación con el FMI para extender los plazos de pago de la deuda, esa concesión conllevará condicionamientos. Debe ser por esa situación que hace pocos días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se comprometió en Washington a impulsar una reforma laboral y previsional si es reelecto el presidente Macri. Al menos fue sincero y anticipó de dónde saldrán parte de los recursos para pagarle al FMI: del sector laboral y de la clase pasiva. Los otros candidatos no fueron explícitos sobre este tema crucial y más que anunciar un futuro pedido de renegociación de los pagos no se animaron a especular sobre otras alternativas. En las reuniones que mantuvieron el jueves, por separado, Alberto Fernández y Roberto Lavagna con técnicos del FMI no hubo mayores precisiones. ¿Alcanzará para pagarle al FMI con sólo estirar las fechas de los vencimientos?

En Estados Unidos, George Soros y otros 19 multimillonarios firmaron hace unos días una carta abierta para que el gobierno de Trump les cobre más impuestos. Sí, quieren pagar más porque consideran que lo que aportan al fisco es insuficiente. Los magnates piden crear un gravamen especial a la riqueza del 1% para el 1% más rico del país, con lo que los ingresos tributarios provengan en menor cantidad de los más pobres y de la clase media. Con una población aproximada de 325 millones de habitantes, se calcula que unas 75 mil familias harían un esfuerzo tributario superior al resto para intentar lograr mayor equidad en el sistema y reducir la brecha entre los más ricos y pobres. Los millonarios que firmaron la petición pública sostuvieron que la implementación del impuesto es “un paso justo y patriota para reforzar la democracia y la libertad en el país”.

También los demócratas norteamericanos apuntan a la creación de un nuevo impuesto para los millonarios, aún mayor al requerido por Soros y sus compañeros de ruta. La senadora Elizabeth Warren, por el Estado de Massachusett, propuso una tasa impositiva especial del 2% para los contribuyentes con más de 50 millones de dólares de patrimonio y la lleva hasta el 3% para los que declaren bienes por 1.000 millones de dólares. Ese dinero adicional al presupuesto, que estima en unos 3 mil millones de dólares en una década, quiere destinarlo a la infraestructura del país y a mejorar el sistema de salud, entre otras cosas.

La Argentina necesitará fondos para cumplir con sus obligaciones externas durante los próximos años. El debate central será de dónde saldrán y el costo social que llevará implícito.