Tiempo antes de la pandemia, a mediados del año pasado, varios supermillonarios norteamericanos le habían pedido al presidente Donald Trump que les cobre más impuestos. Era un reducido grupo de 19 personas, entre los que figura el magnate George Soros, quienes sostenían que pagando más tributos se “fortalecen la libertad y la democracia de Estados Unidos y es patriótico”. Esa iniciativa se enmarcó en una propuesta presentada por la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, para que las familias con un patrimonio superior a los 50 millones de dólares, (sólo 75 mil en un país de 330 millones de habitantes), contribuyan en mayor medida al fisco para promover acciones en favor de las clases bajas y medias.
Warren propuso que esas familias más ricas paguen un tributo anual del 2% sobre cada dólar que exceda los 50 millones de patrimonio y un 6% cuando exceda los mil millones de dólares. Sin embargo, para Trump esa idea no fue viable porque se enmarcaba dentro de lo que considera “socialismo” e incluso durante su mandato ha tomado medidas para que los millonarios paguen menos impuestos.
Ya en plena pandemia, a mediados de julio, otro grupo integrado por 83 supermillonarios de todo el mundo publicó una carta en el diario británico The Guardian en el mismo sentido de la del norteamericano. Bajo el título de “Millonarios por la humanidad”, les pidieron a sus gobiernos que les suban los impuestos a “gente como nosotros” de manera inmediata, sustancial y permanente. La carta comenzaba así: “Mientras el Covid-19 golpea el mundo, los millonarios como nosotros tenemos un papel fundamental que desempeñar en la curación de nuestro mundo. No, no somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No conducimos las ambulancias. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles. Pero tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá siendo necesario en los años venideros”.
Tras pedir casi con desesperación que se les suban los impuestos como una salida viable a la debacle mundial, considerar que la “humanidad es más importante que nuestra plata” y asegurar que la situación “no puede resolverse con caridad por más generosa que sea”, los supermillonarios trazaron un sombrío panorama del futuro: “El impacto de esta crisis durará décadas y podría llevar a la pobreza a 500 millones más de personas porque cientos de millones perderán sus trabajos. Además, ya hay casi mil millones de niños sin escolarizar. Y, por supuesto, la ausencia de camas de hospital, mascarillas protectoras y ventiladores es un doloroso recordatorio diario de la inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública en todo el mundo”.
El propio diario inglés donde se publicó la carta de los supermillonarios reveló que alrededor del mundo hay medio millón de superricos con fortunas superiores a los 30 millones de dólares y que en Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial y el capitalismo, el partido laborista apoya un impuesto a las mayores fortunas de la sociedad.
Pero, ¿por qué los supermillonarios dicen que la caridad no es la salida sino la suba de las tasas impositivas a los grandes patrimonios? ¿Por qué una institución filantrópica como The Giving Pledge (La Promesa de Dar) integrada desde hace años por 210 donantes muy ricos de 23 países no es suficiente?
Lo explica muy bien Chuck Colins, director del Programa de Desigualdad y Bien Común del Institute for Policy Studies, con sede en Washington DC. El escritor y académico estadounidense sostiene que es un mito que la filantropía sea una cuestión privada por fuera del gobierno al asegurar que cuando más rica es una persona tiene más ventajas en la deducción impositiva para fines de caridad.
Colins asegura que en los Estados Unidos, al menos, por cada dólar que se dona a una fundación privada los contribuyentes aportan 74 centavos en la pérdida de ingresos fiscales. Y postula que, entonces, al ser las donaciones una cuestión púbica-privada los ciudadanos tienen el legítimo derecho de asegurarse que esos fondos serán destinados a cuestiones de interés público.
En la Argentina se está debatiendo en el Congreso una ley de contribución especial por única vez, conocida como de aporte extraordinario solidario, para que 12 mil contribuyentes que tienen declarado un patrimonio por más de 200 millones de pesos ayuden al Estado en esta crisis sanitaria y económica. Pagarían entre un 2 y 3,5 por ciento, según una escala ascendente, para alcanzar una recaudación probable para el fisco de 300 mil millones de pesos.
Muchos de esos contribuyentes a los que les alcance la medida seguramente la cuestionarán, incluso también aquellos dentro del staff mediático permanente del establishment que no tienen que pagar el impuesto pero son sus voceros. Pero seguramente entre esas 12 mil personas habrá también gente con sentido común a la que no le molestará hacer su aporte en estas difíciles circunstancias.
Es sabido que a los argentinos no nos gusta pagar impuestos, no importa a qué sector social se pertenezca. Cuando en noviembre del 2011 el gobierno nacional dejó librado a la voluntad de las personas la potestad de renunciar a los subsidios en la tarifa de gas muy pocos argentinos, incluso aquellos que pagaban monedas en barrios elegantes de Buenos Aires, se sumaron. En Rosario tampoco hubo muchos voluntarios, apenas unos pocos cientos, por lo que ni los propios militantes del partido gobernante de ese entonces ni tampoco sus votantes apoyaron el pedido oficial. El bolsillo fue más que la ideología y sigue siendo así.
No suena descabellado reclamarles ahora a unos pocos una contribución especial, medida que se analiza en países centrales de Europa a los que nos gusta siempre mirar con admiración y envidia. Al menos en esto, podríamos imitarlos.
