La historia que empezó con una denuncia desesperada en redes sociales y escaló con millones de reproducciones ya tiene su primer capítulo judicial fuerte. Este lunes 23 de marzo de 2026, en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución, el fiscal Ramiro Martínez imputó en libertad a Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza, en carácter de autor, por haber dispuesto ilegítimamente de 161 animales vacunos vinculados a Bruno Riboldi, el productor agropecuario e influencer conocido como La Joya Agro.

La causa, que durante varios días mezcló dramatismo rural, exposición pública y una intensa circulación de videos en Instagram, comenzó a tomar forma penal con una hipótesis mucho más compleja que la de un simple abigeato. Según la imputación, el acusado habría aprovechado una relación comercial previa y la confianza depositada en él para mover, vender y dar apariencia de legalidad a una maniobra que terminó con 161 bovinos fuera del establecimiento donde estaban alojados y en manos de terceros compradores.

La audiencia dejó además una primera definición sobre la situación procesal del imputado. La Fiscalía pidió restricciones por 90 días, fijación de domicilio, prohibición de salida del país y el pago de una caución. La jueza de primera instancia, María Sol Usandizaga, tuvo por formalizada la audiencia e hizo lugar a las medidas de fijar domicilio y prohibición de salida del país por el plazo de 90 días.

Imputación por el caso de las vacas del influencer

De acuerdo con la atribución fiscal, los hechos se habrían desarrollado entre el 25 de febrero de 2026 y el 20 de marzo de 2026 en el establecimiento rural “La Cañada”, ubicado en la zona rural de Santa Teresa. Allí, Nicolás Coscia tenía a su cargo la tenencia y el cuidado de hacienda ajena en virtud de un acuerdo verbal de pastaje celebrado con B.R., identificado en la causa como socio gerente y accionista mayoritario de Agrotranquera S.R.L.

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La acusación sostiene que, abusando de esa confianza y de la relación comercial existente con la víctima, el imputado dispuso ilegítimamente de los animales actuando mediante o en representación de Agroganadera del Este S.A.S., firma de la cual Coscia habría formado parte o respecto de la cual prestó colaboración para la maniobra.

Ese es uno de los puntos medulares del expediente. Para la Fiscalía, no se trató de una simple sustracción clandestina de ganado, sino de una operatoria montada sobre vínculos previos, documentación oficial y una estructura que buscó dar cobertura formal a un desapoderamiento ilegítimo.

Cómo fue la maniobra con los 161 bovinos

Siempre según la imputación, el 25 de febrero se instrumentó, a través de una firma y mediante la consignataria de una sociedad anónima, la venta de 161 bovinos pertenecientes a Agrotranquera S.R.L. La hacienda fue distribuida de la siguiente manera: 104 animales a favor de Agrolap S.R.L. —65 novillitos y 39 novillos— y otros 57 a favor de Establecimiento P.V.G. S.A.S. —55 vaquillonas y 2 terneras—.

La acusación indica que para concretar esa disposición se gestionó la emisión y utilización de Documentos de Tránsito electrónico (DT-e) ante Senasa, en los cuales los animales fueron presentados como propios de Agroganadera del Este S.A.S., pese a que Coscia no tenía facultades para disponer de esos bienes.

Esos documentos permitieron el traslado de los 161 animales desde Santa Teresa hasta un predio rural de Chabás, donde finalmente fueron entregados a los compradores. La maniobra, tal como fue descripta por el fiscal, no solo habría implicado el movimiento irregular del ganado sino también la construcción de una apariencia de legitimidad mediante el uso de documentación oficial.

La secuencia no terminó allí. La investigación también le atribuye al imputado una segunda gestión que ahora aparece como otro eslabón de la maniobra.

La gestión ante Senasa y las nuevas guías por 190 animales

La Fiscalía señaló que el 17 de marzo de 2026, aproximadamente a las 9, Coscia se presentó personalmente en las oficinas de Senasa para gestionar la emisión de nuevas guías de traslado por 190 bovinos a nombre de Agrotranquera S.R.L., sin autorización de su titular.

Ese trámite incluía 90 vaquillonas, 77 novillitos y 23 novillos. Según la acusación, esa cantidad ni siquiera se correspondía con la existencia real de animales en el establecimiento. Para los investigadores, se trató de una maniobra adicional orientada a generar una apariencia de continuidad y de cobertura formal respecto de la disposición ya efectuada.

El damnificado advirtió esa operación el mismo día y logró que fuera anulada.

La recuperación de la hacienda y el perjuicio patrimonial

La causa sostiene que, como consecuencia del accionar atribuido, 161 animales fueron desapoderados de su legítimo titular y trasladados fuera del establecimiento donde se encontraban, consumándose así una disposición ilegítima sin consentimiento de Agrotranquera S.R.L.

Esos bovinos fueron finalmente localizados y recuperados el 20 de marzo de 2026 en predios rurales de Agrolap S.R.L. y Establecimiento P.V.G. S.A.S., en la localidad de Chabás. La correspondencia del ganado fue verificada mediante marcas y señales identificatorias.

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Para la imputación, el perjuicio patrimonial existió al momento mismo de la disposición y del traslado, con independencia de que después los animales hayan sido recuperados. Esa precisión no es menor: la Fiscalía ubica el daño en la pérdida de disponibilidad y en el desapoderamiento ilegítimo, aun cuando parte del stock regresó luego a manos de su titular.

De acuerdo con la información que tomó estado público a partir del caso, Riboldi había denunciado inicialmente el faltante de 190 cabezas de ganado. De ese total, 161 fueron halladas y recuperadas en Chabás, mientras que todavía restan localizar 29 vacunos.

Bruno Riboldi, La Joya Agro y una denuncia que explotó en redes

La dimensión pública del caso estuvo atada desde el comienzo a la figura del denunciante. Bruno Riboldi, conocido en redes como La Joya Agro, es un productor agropecuario e influencer que suele mostrar la vida de campo y generar contenido vinculado al trabajo rural.

Según los datos aportados, tiene más de 2,5 millones de seguidores y supera los 3 millones entre Instagram y TikTok. Desde esa plataforma denunció el faltante del ganado y convirtió la búsqueda en una narración por entregas, con videos, actualizaciones y una comunidad siguiendo minuto a minuto las novedades del caso.

El primer video en el que contó lo ocurrido tuvo millones de reproducciones, mientras que la publicación en la que relató el hallazgo de los animales también alcanzó cifras extraordinarias de visualización y de interacción. Esa exposición llevó el episodio mucho más allá del circuito agropecuario tradicional y lo instaló en una audiencia masiva, incluso entre usuarios que no seguían previamente su contenido.

El lote denunciado estaba compuesto, según precisó el propio Riboldi, por 100 machos —novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, animales próximos a incorporarse al ciclo productivo. El valor estimado de la pérdida superaba los 300 millones de pesos.

La repercusión fue inmediata. Además de los mensajes de apoyo, la visibilidad del caso impulsó la circulación de datos y aportes que terminaron rodeando de presión pública una investigación que en pocos días derivó en allanamientos, rastreos y recuperación parcial de la hacienda.

Una causa que se aleja del simple abigeato

Más allá del impacto mediático, el expediente empezó a desplazarse hacia una zona más compleja. El propio fiscal Ramiro Martínez evalúa si los hechos encajan en una estafa o defraudación derivada de vínculos comerciales previos entre La Joya Agro y una persona que dice ser su socio, y que con ese argumento intenta sostener que no hubo delito en el movimiento de los animales.

Ese punto es directamente rechazado por el damnificado.

La trama, así, se mueve en una frontera delicada entre el robo de ganado, la administración de hacienda ajena, la existencia o no de acuerdos comerciales válidos y el eventual uso irregular de herramientas administrativas del circuito agropecuario.

En esa zona aparece también una fuerte contradicción entre las versiones de los involucrados. Riboldi niega cualquier sociedad o amistad con Coscia, aunque no en un contenido de Instagram, mientras que el acusado afirma que sí existía un vínculo comercial previo, que actuó de buena fe y que estaba autorizado a mover la hacienda hacia el feedlot de Chabás.

El dueño de ese establecimiento, a su vez, compró de buena fe, pero terminó quedándose sin el ganado adquirido una vez que la Justicia y la policía avanzaron sobre la trazabilidad de los animales.

El rol de Senasa y los documentos de traslado electrónico

Uno de los aspectos centrales para el avance de la causa son los Documentos de Tránsito electrónico y su emisión a través del sistema vinculado al control sanitario y de traslado de hacienda.

La sospecha es que esos permisos fueron gestionados de manera irregular para habilitar el movimiento de los animales hacia el feedlot donde habrían sido vendidos como propios. Por eso, el fiscal Martínez solicitó informes exhaustivos a Senasa para determinar la validez de esa documentación y esclarecer si existió o no una sociedad real que justificara la operatoria.

En el corazón del expediente está precisamente esa pregunta: si se trató de un movimiento acordado dentro de una relación comercial o si, por el contrario, se montó una cobertura documental para encubrir una disposición ilegítima de bienes ajenos.

La respuesta no solo es clave para la calificación penal final, sino también para reconstruir la secuencia exacta de la operatoria, el rol de cada actor y el eventual grado de conocimiento de quienes intervinieron en la cadena comercial.

Los Pumas, la recuperación en Chabás y la investigación abierta

La denuncia presentada por Riboldi activó un operativo de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, que desplegó tareas en el sur santafesino y logró recuperar en tiempo veloz la mayor parte de los animales en un feedlot ubicado en Chabás, a unos 80 kilómetros del campo de origen.

La identificación de la hacienda se hizo mediante marcas, señales y documentación asociada al movimiento de los animales, lo que permitió establecer la correspondencia con el rodeo denunciado.

Fuentes oficiales remarcaron que la pesquisa se apoyó en tareas de inteligencia de la Sección Nº 6 de Peyrano. La escala del traslado, además, dejó en evidencia que no se trató de una maniobra menor: movilizar casi dos centenares de bovinos exige logística, camiones, personal, trazabilidad y cobertura documental.

Por eso, además de la imputación ya formulada, la investigación sigue abierta para determinar si existieron otros participantes en la planificación y ejecución del movimiento de la hacienda.

Crisis financiera, negocios agropecuarios y una novela todavía abierta

En paralelo al expediente judicial, el caso quedó atravesado por otro elemento que complejiza la escena: la situación financiera atribuida a Coscia. Según trascendió periodísticamente, el imputado atravesaría una crisis económica severa, con un pasivo de 500 millones de pesos producto de cheques sin fondo y otros incumplimientos.

Ese dato aparece como telón de fondo de una historia donde la denuncia penal se mezcla con negocios agropecuarios en tensión, sociedades discutidas, acusaciones cruzadas y una exposición pública inusual para este tipo de causas.

Por su parte, Aguirre Vázquez, la casa consignataria que operó la venta al comprador de buena fe, sostuvo que fue "víctima de una maniobra cuyos alcances se encuentran bajo investigación judicial".

Con el objetivo de colaborar con la investigación, la firma puso a disposición de la justicia información y documentación y adelantó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la fiscalía de Villa Constitución. "Aguirre Vázquez Sociedad Anónima reafirma su compromiso con la transparencia, la seriedad y el cumplimiento de sus obligaciones", señaló el comunicado firmado por el directorio presidido por Lucía Cristiá.