Este miércoles será un día para balconear en el Concejo Municipal de Rosario cómo evolucionarán dos temas centrales con impacto en la ciudad: el proyecto de habilitación para las plataformas de transporte como Uber y Didi, por un lado, y la prohibición para la actividad de cuidacoches por el otro. Ambos serán motivo de reuniones conjuntas de las comisiones de cara a sendos dictámenes que permitan su tratamiento en el recinto de sesiones.

Este lunes, en el inicio de la reunión de Servicios Públicos, su titular, Anahí Schibelbein, confirmó la realización de una nueva reunión conjunta con la comisión de Gobierno para este miércoles a las 11 en el Salón del los Acuerdos del Palacio Vasallo para continuar el tratamiento de la habilitación de las plataformas electrónicas de transporte.

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La concejala anticipó la presentación de cambios en la redacción propuestos por el interbloque Unidos, que serán puestos a consideración en esa reunión. "Una de las últimas solicitudes que hicieron los taxistas es que dentro de las opciones que ofrecen Uber y Didi se incluya la opción taxis. Considero que es muy factible, y luego veremos lo de la tarifa mínima. Lo que no es una posibilidad para nosotros es lo de legalizar los viajes por App en motos", le dijo a La Capital la edila pullarista.

En el desarrollo de la comisión sectores taxistas objetaron, como ya ocurrió en reuniones anteriores, la legalización de las aplicaciones de transporte de pasajeros. Uno de ellos fue nuevamente José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), quien reiteró la falta de cobertura de seguros para pasajeros transportados por aplicaciones como un de los puntos débiles a resolver en una futura ordenanza. En tal sentido, el dirigente de la familia taxista indicó que el alcance de la protección abarca a titulares de vehículos, no a personas transportadas, y automóviles con hasta 10 años de antigüedad. Y para afirmar sus dichos propuso llamar a audiencia a los representantes locales de la Asociación de Productores Asesores de Seguros para que se expidan sobre la materia.

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En otro orden de cosas, otra referente del sector, Vanesa Judith Mulardo, se refirió al último estudio de costos sobre el sistema público de taxis que (al mes de julio 2026 arroja una variación con el valor tarifario actual del 29,35 por ciento). Es decir sobre la actual bajada de bandera (3.559,78 pesos), y de un 53,44 por ciento sobre la ficha cada cien metros (actualmente establecida en 177,98 pesos), lo que acrecienta las diferencias de tarifa con las promociones de las aplicaciones.

Ricardo Arijón, de la Asociación Civil Paradas Libres, graficó que Uber como empresa transporta fundamentalmente a personas, y que eso implica la condición de servicio público, y no de un servicio privado como sostienen quienes impulsan la legalización de Uber y Didi.

Debate friccionado

Hasta la semana pasada, el trámite parlamentario se había empantanado. La propuesta del intendente Pablo Javkin no reúne voluntades de otros bloques. El concejal libertario Juan Pedro Aleart se afirmó en su postura de eliminar la actual ordenanza de 2023 que habilitaba las aplicaciones y regulaba su funcionamiento, remarcó que los precios de los viajes deben acordarse por oferta y demanda, rechazó el cobro de una tasa a las empresas y afirmó que se deben habilitar los traslados en moto. Un ítem que el mensaje del Ejecutivo dejó a un lado.

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El peronista Mariano Romero cuestionó la eliminación del límite de antigüedad en la reglamentación que propuso el oficialismo de diez años al considerar que las aplicaciones deben ser consideradas como un servicio público y no se puede desregular totalmente la tarifa.

Frente a estos cuestionamientos, el oficialista Fabrizio Fiatti defendió la continuidad de la normativa referida a taxis y remises. "No podemos cambiar la definición de servicio público, eso no está en debate", remarcó en cuanto al alcance que puede tener desde principios de año la ley de modernización laboral.

El edil oficialista sostuvo que hay acercamientos, pero fijó un límite tajante en cuanto al diálogo con LLA: "No compartimos que haya que regular las motos". Al respecto, recordó que los viajes ofrecidos por Uber no tienen una cobertura acorde que sea reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En el medio del debate y tras un segundo encuentro ampliado que se concretará este miércoles, los voceros de Uber para el Cono Sur se habían ofrecido a concurrir el Concejo para intercambiar información, cruzar datos, relatar experiencias en otras ciudades y marcar postura sobre pros y contras en la futura legislación. "El mensaje del Ejecutivo va en el camino correcto", habían anticipado en diálogo con este diario.

Cuidacoches sigue en debate

El otro mensaje trascendente es el enviado por el Ejecutivo el pasado 17 de octubre y por el que se propone la adhesión a la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia. Para continuar con su análisis se acordó la realización de una comisión conjunta de Control, Convivencia y Seguridad, Obra Pública y Gobierno para el tratamiento de proyectos vinculados a la temática de cuidacoches, también para este miércoles.

El Ejecutivo local envió al Concejo su adhesión a la ley provincial 14.486 que prohíbe la actividad de cuidado de autos en la vía pública. En líneas generales impone tareas educativas y comunitarias para aquellos que cometen contravenciones, también contempla multas pecuniarias y una gradualidad en las sanciones según los niveles de coacción o extorsión que se cometan y establece penas de casi un millón de pesos para los organizadores de grupos de cuidacoches que se beneficien con esta actividad prohibida.

Para actuar ante la contravención, se faculta a los agentes municipales a solicitar la intervención y auxilio de la policía "al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda".

Con la modificación del artículo 300 del Código de Convivencia municipal, se introducen como multas tareas socioeducativas y luego sanciones pecuniarias que podrían rozar el millón de pesos para los infractores. También un capítulo social que promueve la reinserción laboral en oficios para aquellos que puedan transitar esta reconversión. Otro punto será el tratamiento y abordaje de consumos problemáticos, muy presente en personas que están en situación de calle y cuidan autos para sobrevivir.