Hace mucho ya que quienes trabajan en los barrios de Rosario se sienten desprotegidos. Más en las últimas semanas. Médicos, enfermeras, maestros y directores de escuelas, porteros y auxiliares de cocina, administrativos de centros de salud, trabajadores sociales y psicólogos, operadores territoriales se convirtieron en blanco móvil en un escenario de violencia extrema con una frazada cada vez más corta donde buscan dar respuesta en una población también cada vez más vulnerable y vulnerada. Antecedentes de robos, ataques y agresiones hay de a decenas.

Quizá la muestra más brutal de esa desprotección lleva el nombre de Vanesa Castillo: la docente santafesina asesinada en Santa Fe tras acompañar a una alumna a denunciar un abuso sexual. Su historia y el escenario de su muerte, a manos de un sicario en el barrio Alto Verde de la capital provincial, impulsaron la redacción del proyecto de ley Vanesa que llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe y que justamente buscaba promover la protección no sólo de niñas, niños y adolescentes en los procesos de denuncia, sino también de los adultos que los acompañan.

Sin embargo, la iniciativa, que llevaba la firma de la diputada Agustina Donnet perdió estado parlamentario. Luego del traspié, el escenario amerita repensar herramientas y proyectos de protección para quienes en los barrios se sienten a la intemperie y sin ninguna protección del Estado.

Natalia Cachiarelli es psicóloga, fue personal de planta de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a través de un concurso y luego fue despedida "por decreto" durante la gestión de Omar Perotti. Tras haber acompañado un proceso de denuncia de abuso en 2017 de cinco niños al interior de una familia y sufrir amenazas, comenzó a trabajar junto a la hermana de Vanesa Castillo, Silvia, y quien fuera la abogada en el proceso judicial que llevó a su asesino a la cárcel Carolina Walker. Juntas comenzaron a trabajar en una iniciativa que llegó a la Legislatura provincial de la mano de la diputada por Igualdad y Participación, pero que no logró ni el debate ni los consensos necesarios.

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"Hoy con el escenario que existe en Rosario, lo que sucede es que los trabajadores de los territorios siguen estando desprotegidos y sin herramientas para enfrentar esas situaciones", señaló Cachiarelli, y agregó que ante situaciones de amenazas como la que sufrió en primera persona "no existen herramientas concretas más que las licencias psiquiátricas que muchos trabajadores se ven obligados a tomar sin tener patologías ante situaciones de profundo estrés y angustia por las situaciones que atraviesan ante intimidaciones concretas".

Las licencias como única salida

Si algo se escuchó en esta semana entre quienes trabajan en centros de salud que tuvieron que cerrar ante intimidaciones, y también en maestros y auxiliares, así como operadores de cualquier dispositivo que funcione en el territorio, es el "temor" y la "desprotección" de tener que lidiar con escenarios cada vez más complejos, vinculados al narcomenudeo y a la narcocriminalidad. Todoo esto, muchas veces, por salarios de pobreza.

Tras cada hecho de amenaza, intimidación o incluso balacera que escuelas o centros de salud han sufrido en los últimos meses, además del cierre posterior por medidas de seguridad, lo que inmediatamente sucede es el incremento de los pedidos de licencia de quienes integran los equipos de trabajo.

"¿Qué resguardo tenemos los trabajadores que tenemos como obligación en nuestro trabajo develar y realizar el acompañamiento de niños o adolescentes en casos de abuso sexual que se producen muchas veces al interior de sus familias?", se preguntó Cachiarelli, quien además recalcó -como lo vienen señalando los operadores en los barrios- que "cada vez más los integrantes de estas familias tienen vinculaciones con las redes delictivas".

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Y esa desprotección indica también se traslada al plano administrativo. "No hay allí tampoco herramientas, tanto es así cuando yo sufro las amenazas y en ese contexto con concurro a mi lugar de trabajo, me terminan abriendo un sumario", agregó.

"Los operadores para no volver a los barrios terminan pidiendo licencias psiquiátricas cuando no tienen esas patologías, pero no tienen una protección. Si no, deberían ir de a uno a la Justicia para que les sea reasignado un lugar de trabajo y algunas de esas cuestiones son justamente las que el proyecto de ley preveía", indicó en diálogo con La Capital.

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El proyecto de ley Vanesa

Propuesta desde afuera, pero elaborada en la letra fina a través de una comisión redactora, el proyecto de ley Vanesa se presentó originalmente en 2022 con el objetivo justamente de establecer una "red provincial de protección a las infancias víctimas de abusos, para el abordaje de situaciones de calle, maltrato, abuso, explotación, prostitución, consumo problemático de sustancias, situación de riesgo penal y cualquier otra que implique vulneración de derechos" de las infancias y adolescencias, así como de las personas adultas los acompañen estas situaciones.

En el caso de los adultos, la propuesta contemplaba en la red la protección de quienes intervengan en carácter de informantes, denunciantes, testigos o acompañantes del proceso y, en ese sentido, detallaba que el alcance llegaba tanto a quienes se desempeñaban en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud del ámbito público o privado.

Entre las medidas concretas de protección, la ley preveía, el resguardo de la identidad, el asesoramiento jurídico, la licencia inmediata y el traslado de repartición, así como el inicio del tramite de traslado transitorio del agente a fin de garantizar su seguridad durante la licencia.