Un polémico proyecto presentado por el concejal Miguel Tessandori intenta darle un giro de 180 grados al accionar de los cuidacoches en las calles rosarinas. El edil de Volver a Rosario propuso modificar el reciente Código de Convivencia y multar entre 3 mil y 57 mil pesos a los trapitos que obstruyan el tránsito, hagan uso preferencial de la calzada o generen extorsiones, además de "prestar servicios de estacionamiento o limpieza de parabrisas sin autorización de la autoridad". También plantea que los infractores puedan realizar tareas educativas. Por otro lado, el proyecto propone que cuenten con una licencia oficial, siempre y cuando obtengan la aprobación de no menos del 10 por ciento de los vecinos del sector o cuadra donde ejerzan su actividad.
Hasta fines del año pasado, en el Concejo se presentaron tres proyectos que, con matices, apuntan a regular los cuidacoches. Los expedientes corresponden a Lisandro Cavatorta (Frente de Todos), María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y al bloque Ciudad Futura.
Ninguno propone prohibir la actividad, sino muy por el contrario. Cavatorta quiere censar y registrar a los "cuidadores de calles" y, una vez hecho el relevamiento, replicar y expandir el antecedente de quienes trabajan en cooperativas a precio voluntario y a favor de entidades de bien común.
Gigliani también pide un padrón, le agrega capacitación profesional, conocimiento de sitios turísticos, identificación con pecheras, permisos intransferibles y convenios con cooperativas.
En tanto, la iniciativa de Ciudad Futura busca una prueba piloto en un radio céntrico de la ciudad. La idea consiste en que el automovilista compre al cuidacoches un cartón para poder estacionar. De este modo, el trapito recibe una ganancia y el municipio también obtiene un ingreso que deberá destinar al sistema de bicicletas públicas y el Fondo Compensador del Transporte.
Otras iniciativas previas a esta composición legislativa proponían eliminar trapitos y hasta denunciar organizaciones mafiosas que operan en los eventos deportivos o shows musicales. En esta línea punitivista se inscribe la iniciativa de Tessandori, que está en la comisión de Obras Públicas del Concejo, antes de su pase a la comisión de Gobierno.
En su artículo 300, el flamante Código de Convivencia establece que el conductor damnificado por extorsión será el encargado de hacer la denuncia correspondiente. Una normativa muy discutida en el recinto a la hora de su aprobación y vilipendiada por su escasa eficacia para ponerla en práctica.
La idea de Tessandori fue girado en diciembre pasado y quedó en análisis. "Lo han frenado, nadie lo trata; es un proyecto muy interesante pero lo frenan los otros grupos", lamentó el concejal ante La Capital.
Lo singular de la iniciativa es que pide multas o bien tareas de concientización y hasta plantea un filtro vecinal como la única manera de avalar un permiso para ejercer la actividad.
"Si se tratara de un pago obligatorio, entonces estaríamos ante una concesión solapada del espacio público o de un servició público entregado a privados; y se debería seguir la normativa al respecto", expresa en sus considerandos, y agrega: "Existe una desigualdad manifiesta y desproporcionada entre el ciudadano que deja un bien desprotegido con relación a una persona que ofrece un servicio de seguridad, que naturalmente no le corresponde por ser materia de las fuerzas policiales. El ciudadano debe elegir entre la evidente ausencia del Estado y la virtual obligación de pago a cambio de una supuesta protección. No le queda otra opción que pagar".
En la argumentación, el proyecto asume que "la tarea de trapitos la ejercen personas con evidentes carencias económicas, también es cierto que es realizada por organizaciones ilegales que aprovechan la ausencia policial".
También se critica el artículo 300 del Código por no hacer "mención alguna a los casos donde intervienen grupos organizados y parece dejarle al ciudadano la obligación de demostrar la extorsión".
De esta forma, la iniciativa de Tessandori plantea un cambio radical de la normativa para dejarla redactado de la siguiente manera: "La persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma, preste servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 unidades fijas (UF) o la realización de tareas educativas y concientizadoras. El precio publicado a octubre por la provincia estableció este nomenclador en 287 pesos, lo cual hace que las infracciones de estas características oscilen entre los casi 3 mil pesos y los 57 mil".
Sin embargo, el proyecto abre una opción para quienes deseen obtener un permiso especial para cuidar coches. Habla de "especificación inequívoca del sector o cuadra en donde el interesado desarrollará la actividad, y el acuerdo y aprobación de no menos del 10 por ciento de los vecinos del sector o cuadra en donde el interesado ejerza su función".
Deberán presentar certificado de antecedentes penales y de buena conducta. Y un estudio de Impacto ambiental. De esta forma, la Secretaría de Control y Convivencia otorgará una credencial de autorización que podrá ser revocable en forma unilateral por parte del Ejecutivo.
