Finalmente, y tras una semana intensa, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó la prohibición en la actividad de cuidacoches. Sin embargo, al proyecto original que la semana pasada intentó poner en consideración de sus pares el senador por Rosario, Ciro Seisas, se le introdujeron varias modificaciones e incluso participaron del debate del al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro.

La futura norma le otorga a la policía atribuciones para actuar, pero se delega en los municipios la facultad para aplicarla a través de sus propias ordenanzas: un planteo que descomprimió las críticas que emanaron de comunas más pequeñas de la bota santafesina. En el caso de Rosario, será el Concejo el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezca específicamente atribuciones y alcances en el territorio rosarino.

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De esta manera, la prohibición de los trapitos avanza en la Legislatura. Pero será en consonancia con las iniciativas que el propio oficialismo había elaborado al respecto. Lo que dilató el debate fue el planteo de senadores de departamentos de menor densidad poblacional, quienes indicaron que la problemática era inherente a los grandes aglomerados urbanos de la provincia y por ende su resolución debía dirimirse en cada territorio.

La luz verde que le dio el Senado llegó con varias modificaciones. En líneas generales, se incorporan al Código de Convivencia, también conocido como de Faltas provincial varios artículos. Entre ellos el que establece sanciones para aquellas personas que, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, "ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no".

Cuidacoches: sanciones, arresto y competencia municipal

Esta transgresión será reprimida con trabajo comunitario de dos a diez días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención. En caso de reincidencia la pena, será arresto de diez a veinte días.

Pero atención. La sanción se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo. También se endurecen las penas si se constata aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.

También se agravarían las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos.

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A su vez, hay un capítulo dedicado a quienes son organizadores, coordinadores o responsables de la actividad. En estos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de sus autores materiales.

Y entre las modificaciones, se subraya que todas las acciones del Estado por las contravenciones estarán a cargo de los municipios. "Los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad", se describe en un apartado.

Abordaje Integral

En otro capítulo se indica que el Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social, que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación. Es más, se insta a los municipios a que, en el marco de sus competencias, desarrollen las acciones previstas en el artículo precedente. Y el Ejecutivo priorizará la celebración de acuerdos de colaboración con los gobiernos locales y entidades públicas y privadas, a los fines del cumplimiento de la futura ley.

Con la aclaración de que serán los municipios quienes deberán sancionar sus ordenanzas correspondientes para adherir a la norma provincial y la actuación de oficio por parte de la policía, se lograron zanjar algunas disidencias que había en la previa a dar el consenso necesario para la media sanción.

Para ello también contribuyó la presencia en la Legislatura el miércoles pasado, de los ministros de Gobierno santafesino Fabián Bastia, su par de Economía Pablo Olivares y fundamentalmente de Seguridad Pablo Cococcioni, además de la mirada de la titular de la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda.

La aclaración de una adecuación normativa hacia las principales ciudades como Rosario y Santa Fe, acallaron las voces de senadores de departamentos de la provincia donde la prohibición generaba preocupación. En varios municipios pequeños funcionan cooperativas, padrones o bolsas de empleo temporario con muchos ciudadanos que son cuidacoches. En algunas hay ordenanzas de diversa naturaleza y abordaje de la problemática y en otras decretos reglamentarios.

Ecos en el Concejo

En el Concejo ya se sienten las primeras repercusiones en este intento de avance a nivel provincial. La propia titular del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck aclaró que los trapitos no desaparecerán de inmediato y pese a la potestad policial para actuar, para inclinarse en una implementación progresiva alternando la mirada sobre las zonas más críticas en general áreas gastronómicas y la búsqueda de una reinserción social y laboral, además de sondear el consumo problemático de sustancias de quienes están en situación de calle y ejercen la actividad de trapitos.

Con un tono más directo, el concejal libertario Juan Pedro Aleart se expresó a través de sus redes sociales. "Basta de mirar para otro lado. Es el Concejo el que debe prohibir a los cuidacoches. Si el ministro de Seguridad del propio oficialismo nos da la razón y reconoce el problema, entonces la solución no puede seguir siendo declamativa. Rosario es autónoma. Tiene herramientas. Tiene competencia. Y tiene responsabilidad. Nuestro proyecto de prohibición va en esa línea: ordenar el espacio público y terminar con prácticas que todos saben cómo funcionan. Menos excusas. Más decisión política", concluyó.