El pedido en el Concejo para que se habilite la construcción de tres edificios en el microcentro (Corrientes entre Córdoba y Rioja) desnudó los retrasos y conflictos económicos y sociales que despierta la falta de definiciones de indicadores urbanísticos en las áreas denominadas "de reserva". El martes pasado, a la comisión de Planeamiento había ido otro desarrollador a solicitar una excepción para construir más pisos en Güemes al 2900. En los últimos años creció la cantidad de inversores y particulares que transitan por el Palacio Vasallo pidiendo excepciones o que se establezcan indicadores urbanísticos para sortear la laguna legal en la que quedaron varias zonas de la ciudad. Mientras tanto, se sigue esperando que el Ejecutivo envíe los parámetros y límites de construcción.
Las sucesivas reformas al Código Urbano definieron más de 150 "áreas de reservas" distribuidas por toda la ciudad, una de ellas es la de Corrientes entre Córdoba y Rioja, donde se busca levantar tres torres. Las mismas incluyen las zonas de protección de patrimonio histórico, de protección frutihortícola o reservadas para el reordenamiento urbanístico y regularización dominial. En la mayoría de los casos se estableció a qué serían destinadas. Y quedó pendiente después de su aprobación que el área de Planeamiento municipal fuera enviando los límites de alturas, de preservación y construcción en cada una de esas zonas.
Dentro de esas áreas de reserva figuran grandes predios, como los terrenos de fábricas como Sugarosa (norte), Mattievich (sur) o La Cerámica (oeste), tramos de avenidas como la parte recientemente remodelada de 27 de Febrero o Carrasco —integrada al proyecto de La Cabecera—, y grandes superficies como la zona de Puerto Norte, Palos Verdes o los Bajos del Saladillo.
Sin embargo, las delimitaciones de la mayoría de esas áreas de reserva por parte de Planeamiento vienen muy atrasadas. Sólo se enviaron algunas al Concejo. El propio secretario de Planeamiento, Pablo Abalos, admitió el retraso, aunque aseguró que están trabajando para acelerar el proceso.
Urbanistas, funcionarios y políticos de distintos sectores coincidieron en señalar que desde la planificación "no es mal recurso", pero que el "congelamiento" urbanístico de esos espacios —como denunció años atrás el entonces concejal Jorge Boasso— beneficia a quienes tienen recursos económicos para "especular" con la espera.
Cuando en 2008 se establecieron cambios urbanísticos, también se definió en varias zonas urbanas dos años de plazo para que se establecieran los indicadores. Pero en la mayoría eso no sucedió, y en otras áreas aprobadas más tarde directamente no se colocaron plazos para que Planeamiento presente los límites de altura y de construcción.
Los desarrolladores y constructores también se sienten perjudicados por lo poroso que se vuelven los proyectos cuando buscan invertir en estas "áreas de reserva".
En un repaso de los proyectos que avanzaron en estas zonas en distintos puntos de la ciudad, salvo el primero desarrollado por Lattuca en Puerto Norte —que ahora aparece al frente del grupo inversor del megaproyecto de Corrientes y Córdoba—, la mayoría de los emprendimientos fueron modificados o incumplieron los plazos en la ejecución de la obra pública.
Los empresarios, funcionarios y ediles coincidieron en que esta situación se da más en el macrocentro y en el distrito Norte, porque son las zonas donde más se activaron proyectos de inversión sobre estas "áreas de reserva".
en el entramado urbano. Las áreas de reserva son zonas de protección que esperan lineamientos.
