El Concejo busca establecer un plan de acción integral para intervenir ante casos de acumuladores, personas que llevan a cabo un almacenamiento excesivo y persistente de objetos, materiales o residuos en sus viviendas. La propuesta apunta a ordenar la respuesta del Estado local cuando esas circunstancias generan riesgos para la salud, la seguridad o las condiciones de habitabilidad, tanto de quienes viven en el inmueble como de terceros.

La iniciativa plantea un abordaje que no se limite a retirar elementos o limpiar una propiedad. El objetivo es articular la intervención de las áreas municipales de salud, salud mental, asistencia social, ambiente y gestión de riesgos, entre otras, para evaluar cada situación, acompañar a las personas involucradas y reducir las condiciones que originaron el problema.

La concejala Carolina Labayru (Unidos), impulsora del proyecto, explicó que el abordaje debe contemplar las circunstancias particulares de cada caso. “Cuando aparece una situación de este tipo, la respuesta tiene que ir más allá de limpiar el lugar. Hay que evaluar qué está pasando, qué riesgos existen y qué necesita esa persona para poder mejorar sus condiciones de vida”, planteó.

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Cuándo intervenir

El plan se aplicará cuando existan indicadores concretos y verificables de riesgo. Entre ellos, condiciones graves de insalubridad, presencia de roedores o vectores, accesos y vías de evacuación obstruidos, peligro de incendio o deterioro estructural.

También se incluyen las situaciones en las que la acumulación impida utilizar espacios esenciales de la vivienda, dificulte gravemente el cuidado personal o del inmueble, afecte a propiedades vecinas o al espacio público, o comprometa el bienestar de animales.

La propuesta establece que no cualquier acumulación habilitará una intervención de este tipo. Deberá existir una afectación comprobable de la salud, la habitabilidad, la integridad de las personas o los derechos de terceros.

“Cuando una situación de acumulación llega a un punto crítico, hay mucho más detrás que una casa desordenada. Tenemos que entender qué está pasando y qué necesita esa persona”, sostuvo Labayru. Además, remarcó que cada situación requiere una respuesta particular: “Detrás de estas situaciones hay personas con historias y circunstancias muy distintas. Por eso no podemos responder de la misma manera en todos los casos”.

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Derechos y garantías

Uno de los puntos centrales es el resguardo de los derechos de las personas involucradas. El texto establece que las actuaciones deberán respetar la dignidad, la autonomía, la intimidad y la voluntad de quienes habitan el inmueble, además de garantizar información clara y participación en las medidas que se planifiquen.

La acumulación de objetos no podrá tomarse por sí sola como un diagnóstico de salud mental ni justificar medidas compulsivas. La evaluación deberá apoyarse en los indicadores de riesgo y no en juicios de valor sobre la forma en que una persona organiza su espacio.

En ese sentido, el proyecto también precisa que el ingreso a una vivienda habitada requerirá el consentimiento válido de la persona o una autorización judicial, salvo las situaciones excepcionales de emergencia previstas por la ley. La ordenanza no crea nuevas facultades para ingresar por la fuerza ni habilita tratamientos involuntarios.

“Tenemos que cuidar la salud y la seguridad de la persona, pero también respetar sus derechos, sus pertenencias y su intimidad”, señaló la concejala. Cuando exista un peligro cierto e inmediato para la vida o la integridad de las personas, los organismos de emergencia deberán intervenir sin esperar los trámites administrativos habituales.

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Cómo funcionará

El abordaje prevé la articulación de las distintas dependencias municipales a través de los centros municipales de distrito. Cuando el caso lo requiera, se podrá convocar a un equipo de intervención multidisciplinaria para evaluar la situación y definir las medidas necesarias. El proyecto establece que las áreas municipales deberán colaborar dentro de sus competencias y no podrán rechazar una presentación por considerar que corresponde a otra dependencia.

Los reclamos podrán ingresar por distintos canales, entre ellos la línea 147, MuniBot, Perfil Digital, los centros municipales de distrito y los efectores de salud, además de las situaciones que detecte directamente el propio municipio. Cada presentación deberá registrarse en el Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci) y pasar por una evaluación inicial para determinar si corresponde una intervención, qué áreas deben actuar o si hace falta un abordaje conjunto.

“Queremos que el municipio tenga un procedimiento claro para saber cómo actuar, quién tiene que intervenir y cómo se sigue cada caso”, explicó Labayru. Y agregó: “La idea es que haya una respuesta organizada, que se pueda seguir y que no dependa de quién recibe primero el reclamo”.

Para los casos que requieran la participación de varias dependencias se deberá elaborar un plan individual, con responsables, acciones prioritarias y criterios de seguimiento. Las tareas de limpieza o saneamiento podrán realizarse cuando sean necesarias y legalmente procedentes, pero deberán ser proporcionales y documentadas. El texto exige preservar documentos, pertenencias y bienes de valor, y establecer pautas para su resguardo y restitución.

La limpieza, por sí sola, no será considerada una respuesta suficiente: deberá estar acompañada por asistencia sanitaria y social cuando corresponda. “Una intervención no termina cuando se retiran los residuos. Tenemos que saber si se redujeron los riesgos y si la persona cuenta con el acompañamiento que necesita”, afirmó la concejala.

Seguimiento y plazos

La iniciativa también establece que todas las solicitudes deberán tener un cierre administrativo fundado y que, cuando se haya activado un equipo multidisciplinario, deberá documentarse el cierre operativo una vez cumplidas las medidas y controlados o reducidos los riesgos.

Ese cierre no implica necesariamente el final de los tratamientos o acompañamientos que deban continuar. Si se reciben nuevos reclamos, la situación tendrá que ser evaluada nuevamente. El objetivo, según Labayru, es que la intervención también contemple a quienes viven alrededor: “También tenemos que atender los riesgos que estas situaciones pueden generar para los vecinos”.

El texto definitivo quedó reducido de 31 a 8 artículos y dejó en manos del Departamento Ejecutivo la elaboración de los procedimientos específicos. El municipio tendrá 90 días desde la promulgación de la ordenanza para reglamentarla y aprobar el protocolo operativo, que deberá definir los circuitos de actuación ordinaria y de emergencia, las responsabilidades de cada área, los mecanismos de registro y resguardo de bienes y las pautas de seguimiento y cierre.

“Necesitamos una herramienta que permita actuar a tiempo, con criterios claros y con cada área asumiendo su responsabilidad. La idea es que la intervención no termine cuando se limpia una vivienda, sino que haya acompañamiento y seguimiento para reducir los riesgos y evitar que la situación vuelva a repetirse”, concluyó Labayru.