Mientras la Legislatura ya le otorgó media sanción a endurecer las penas a cuidacoches a través del Código de Faltas provincial con atribuciones de detención para la policía, las intervenciones de la Secretaría de Control del municipio en lo que va del fin de semana largo llegaron a unas 70 actas de contravención. Si bien no hubo detenidos, los operativos se reiteraron nuevamente en la costa central, el paseo Pellegrini, el corredor gastronómico de Pichincha y en la zona céntrica de Paseo del Siglo. Sectores en los que un informe municipal detectó la mayor concentración de la actividad. En este sentido, la problemática de "trapitos" que avanzó con media sanción en Senadores la semana pasada, comenzaría a tratarse en Diputados el próximo 9 de abril. Se abre otro final abierto parlamentario para una problemática que lleva décadas sin resolución. De aprobarse y reglamentarse, será el Concejo Municipal quien podrá adherir con una ordenanza.

El balance hasta el domingo a la madrugada de los operativos de agente de Control y Convivencia del municipio arrojó un total de 108 intervenciones de disuasión, 68 actas de contravención, sin detenciones. El accionar se sigue dando en el marco del artículo 300 del Código de Convivencia aprobado en 2021, y que la Legislatura santafesina se puso por encima al modificar aspectos del Código de Faltas para prohibir la actividad de cuidacoches, imponer sanciones, penas de arresto y otorgarle intervención de oficio a la policía.

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Por todo ello, el tan mentado artículo 300 establece que "la persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 Unidades Fijas (equivalente a un litro de nafta súper) o con la realización de tareas educativas".

A un lustro de su vigencia, esta ordenanza está cuestionada por varios proyectos emanados del propio Concejo Municipal que piden la directa prohibición de la actividad en Rosario.

Mapa de cuidacoches identificados

La semana pasada, La Capital dio el adelanto del informe de gestión 2025 en relación al tema cuidacoches en Rosario y el accionar de los agentes municipales.

Además de las más de 9 mil actas labradas, los 202 cuidacoches demorados, 72 detenciones y 16 zonas priorizadas, lo que el relevamiento expresa son los 754 trapitos identificados por la Secretaría de Control a lo largo del año pasado. En ése ranking de reincidentes la gran mayoría fueron detectados en el centro, Paseo del Siglo y costa central (192), bulevar Oroño (141), Pichincha (129), Pellegrini (84), Belgrano y Parque España (76), Echesortu, Agote, Hospital Centenario (50), avenida Francia (31), parque Independencia (29) y La Florida y Alberdi con 22.

Lo que el informe refleja es una radiografía de los cuidacoches en Rosario, en un marco de avance legislativo a nivel provincial y su anclaje en Rosario.

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Trapitos en la Legislatura

La media sanción de Senadores modificó y endureció el Código de Faltas provincial con penas de arresto para quienes ejercen la actividad de trapitos hasta 20 días para reincidentes, pero a su vez el proyecto dejó explícito un abordaje integral (capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos).

La iniciativa intenta abarcar diversas realidades y problemáticas de quienes cuidan autos. Están las organizaciones delictivas que manejan la calle con un tropa de recaudación del dinero merced a amenazas o acciones extorsivas, grupos de dominio territorial, microtráfico y delitos conexos. Bandas que se reparten días, zonas y horarios como una empresa. Y por otro lado los trabajadores informales y precarizados que se ganaron la confianza de la cuadra, los vecinos del entorno para pedir dinero a cambio proteger un vehículo. Estos últimos, incluso están registrados en cooperativas en varias comunas de la provincia.

Los primeros advierten a la "víctima" de los posibles daños en no otorgar una suma de dinero impuesta "a tarifa fija" por el cuidador del auto, mientras que los segundos gozan de legitimidad del barrio, cuidan y protegen a sus frentistas y piden "a voluntad". Ambas postales se dan en un contexto de recrudecimiento de la pobreza y el desempleo, aumento de la violencia urbana e incremento de sectores que sobreviven en situación de calle.

El debate se desplaza a Diputados

Según algunas estimaciones en la Legislatura, el proyecto que llegó de la Cámara Alta a Diputados será puesto en consideración el 9 de abril, pero una vez más con final "abierto". Tiene asignada las comisiones de seguridad, presupuesto y constitucionales. El miércoles pasado, cuatro ministros del gabinete de Maximiliano Pullaro le dieron su respaldo y sus aportes a la iniciativa. Ahora será el turno del interbloque oficialista en la Cámara Baja.

Un sector del socialismo en Diputados considera que el proyecto del senador javkinista Ciro Seisas no será aprobado en forma exprés. "No creo que salga esa fecha, hay varios proyectos incluso de la oposición. Nosotros estamos en línea con el enfoque del poder Ejecutivo provincial, en el sentido de que es tema de orden local", dijo un legislador, quien adelantó que se abordará a lo largo del mes que viene. Los diputados oficialistas Walter Ghione, Ximena García y Germán Scavuzzo también tiene iniciativas similares.

El nudo del debate está en los artículos 4 y 5 del proyecto que llegó de Senadores. En uno se indica que la acción por las contravenciones estará a cargo de los municipios, mientras que en otro se establece que serán los municipios quienes podrán solicitar la intervención policial, "a fin de que cese el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público".

De esta forma, y si se aprueba tal como llegó de Senadores, los municipios que adhieran a la modificación del Código de Faltas provincial deben dictar primero su ordenanza o decreto reglamentario prohibiendo la actividad de cuidacoches. Así, se interpreta que quien deberá actuar son los agentes de Control y Convivencia; para luego convocar a la policía y así los uniformados procedan a desplazar al infractor del lugar.

Testimonio desde Pichincha

Un testimonio de un vecino del corredor gastronómico de Pichincha grafica lo que a cada fin de semana observa sobre esta actividad tan polémica como atravesada por factores sociales, económicos y de vulnerabilidad. "Estamos en un edificio en medio de la movida y se escuchan aprietes constantes. Sobre todo a mujeres a las que se les impone un pago que la última vez era de 10 mil pesos. Por miedo, para no renegar, la gente paga esa cifra u otras de menor tarifa. Pero en la madrugada se suma el combo de la venta de droga, se ven a referentes que manejan a otros y les dicen que tienen qué hacer. Hemos llamado a la policía por diversas situaciones pero no pasó nada, se ve que no tienen herramientas para actuar. Otra ocasión que se llamó a los uniformados fue por una pelea entre ellos donde uno sacó un machete dentro de un balde, se corrieron, se apuñalaron. Las situaciones son recurrentes, se tiran piedras entre ellos, se amenazan también entre sí, andan con armas como si nada", graficó a La Capital el joven, quien evitó identificarse para no quedar "marcado" cuando ingresa a su vivienda.