La iniciativa busca garantizar las prestaciones esenciales para personas con discapacidad frente a la grave crisis económica que atraviesa el sector
18:03 hs - Lunes 18 de Mayo de 2026
Con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención de las personas con discapacidad, en la Cámara de Diputados de la provincia se presentó un proyecto para crear un “fondo provincial de emergencia" para las organizaciones prestadoras de estos servicios. La iniciativa busca llevar alivio a estas instituciones frente a la grave crisis económica y financiera que atraviesa el sector en todo el país. En la provincia de Córdoba se creó recientemente un fondo extraordinario de asistencia económica destinado a estas instituciones.
"Las organizaciones que trabajan en discapacidad cumplen una función social indispensable. Centros de día, hogares, instituciones educativas, espacios terapéuticos, dispositivos de rehabilitación, asociaciones civiles, cooperativas y múltiples organizaciones comunitarias sostienen cotidianamente tareas de cuidado, inclusión y acompañamiento para miles de personas con discapacidad y sus familias", advierte el autor de la iniciativa, el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).
El proyecto crea el “Fondo Provincial de Emergencia para Organizaciones Prestadoras de Servicios para Personas con Discapacidad”, destinado a garantizar la continuidad de las prestaciones, servicios y apoyos esenciales brindados por organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás entidades prestadoras vinculadas al sistema de atención integral de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe.
Este fondo tiene como finalidad atender situaciones de emergencia económica, financiera o institucional que comprometan el funcionamiento de las instituciones, procurando asegurar la continuidad de los servicios esenciales destinados a personas con discapacidad, sus familias y comunidades.
De acuerdo a la propuesta, los recursos de este fondo podrán destinarse al pago de salarios, honorarios profesionales y cargas sociales; adquisición de insumos, equipamiento y materiales necesarios para la prestación de servicios; gastos corrientes de funcionamiento; sostenimiento de servicios de transporte, rehabilitación, atención terapéutica, educativa, ocupacional, recreativa y de inclusión social; adecuaciones de accesibilidad y seguridad indispensables para el funcionamiento institucional u otras erogaciones urgentes vinculadas a la continuidad de las prestaciones.
Del Frade destaca que "las políticas implementadas por el Gobierno Nacional durante el último período han profundizado la incertidumbre y el deterioro del sector. Las consecuencias de esta situación recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, poniendo en riesgo el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la rehabilitación, la educación, la inclusión social, la movilidad y la vida independiente".
El diputado señala que "la provincia de Córdoba anunció recientemente la creación de un fondo extraordinario de asistencia económica destinado a instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad" y considera que Santa Fe "no puede permanecer ajena frente a una problemática que compromete derechos humanos básicos y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio provincial".
Discapacidad, en crisis
La propuesta llega en un momento crítico para el sector de la discapacidad, marcado por el atraso los valores de los aranceles y demoras en los pagos de obras sociales y del programa nacional Incluir Salud, que tiene los pagos suspendidos desde noviembre del año pasado. Mientras tanto, hace un mes el gobierno nacional presentó un proyecto para modificar la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por segunda vez en septiembre del año pasado, tras el veto de la presidencia, pero nunca aplicada.
La titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, trazó lo que considera "una situación desoladora, que no solo no mejora sino que se complejiza". Entre otros puntos, apunta que "las instituciones, sobre todo aquellas que tienen un mayor porcentaje de usuarios del programa Incluir Salud, están muy complicadas porque desde fin del año pasado no están haciendo pagos de forma regular".
Esta realidad, sostiene, "hace que algunos espacios estén pensando cerrar sus puertas, ya que no tienen cómo sostener los servicios". La situación, resume, "es muy compleja y se vive con mucha angustia". Mientras tanto, destaca, "seguimos visibilizando el reclamo, lo hicimos en la marcha federal universitaria, estamos articulando la defensa de nuestros derechos porque el ataque a estos dos colectivos sigue la misma lógica".
Actualmente, destaca, "los servicios están absolutamente quebrados, por eso estamos buscando apoyo en la Legislatura y en el Concejo Municipal porque atravesamos una realidad cada vez más compleja".
Centros terapéuticos al borde del cierre
La semana pasada se conoció la situación del centro terapéutico Alas, una institución que desde hace 38 años brinda atención interdisciplinaria a 30 niños, jóvenes y adultos con diferentes discapacidades. Actualmente, el lugar se encuentra al borde del cierre: "Si en julio las obras sociales no pagan, en agosto no abrimos", advirtió la coordinadora terapéutica general del espacio, Marina Tur.
En ese marco, consignó que el programa federal Incluir Salud ostenta una deuda desde el año pasado, cuya cifra alcanza los 90 millones de pesos. "Más de la mitad de los chicos que asisten a nuestro espacio tiene ese plan", sostuvo y advirtió que "30 familias dependen de la institución porque, además de las terapias y los talleres, ofrecemos desayuno, almuerzo y una vianda, porque la mayoría no tiene para comer a la noche".
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Alas no es la única institución que atraviesa una dura crisis frente a la imposibilidad de afrontar alquileres, facturas de servicios u honorarios profesionales. Si bien en la ciudad no existe un registro de la cantidad de instituciones para personas con discapacidad que cerraron sus puertas en el último año, distintas fuentes del sector estiman que hay una decena de entidades que suspendieron actividades. Otras redujeron talleres, horarios o días de atención.