La crisis que atraviesa el sector de la discapacidad se hace sentir en los organismos encargados de proteger los derechos de los ciudadanos. En la Defensoría del Pueblo de la provincia, los reclamos aumentaron un 40 % en este año. Ya en 2025, el recorte de las prestaciones a personas con discapacidad había sido uno de los temas más atendidos.

Este miércoles y jueves, los prestadores y transportistas de personas con discapacidad realizarán un paro nacional en reclamo del cumplimiento de la ley de emergencia. La medida de fuerza repetirá el escenario del viernes pasado, cuando se cumplió con una huelga que tuvo un alto acatamiento.

La decisión de suspender los servicios en todo el país fue tomada ante la falta de respuesta del gobierno nacional frente a las demandas de pagos adeudados y actualización en las prestaciones, lo que genera dificultades para sostener la atención.

Falta de pago

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que la falta de pagos en tiempo y forma hace que muchas instituciones no puedan afrontar gastos como sueldos, alimentación o transporte.

Según señalaron fuentes del sector, en Rosario ya hay una decena de centros terapéuticos que cerraron sus puertas o recortaron días y horarios de atención, lo que obliga a la derivación de sus usuarios hacia otros espacios. Desde las instituciones advierten que detrás de cada espacio que cesa sus actividades, los derechos esenciales de las personas con discapacidad están siendo vulnerados.

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Crecen los reclamos

"La situación genera un malestar muy grande entre las personas con discapacidad y sus familias", advirtió Leandro Piazza, director del área de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Sólo en lo que va del año, los reclamos iniciados por recortes en los servicios asegurados por la ley 24.901 _que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad_ crecieron un 40 %, apuntó el funcionario.

El año pasado, la crisis del sector y las dificultades de los usuarios para acceder a prestaciones ya había sido uno de los temas que más consultas había generado en el área de acceso a la salud de la defensoría.

Este año, apuntó Piazza, la demanda se incrementó. "A diario recibimos a personas que reclaman prestaciones médicas o de rehabilitación a las que no están accediendo o que no pueden acceder a esta atención porque no tienen transporte", explicó.

La mayoría de los reclamos que llegan al edificio de Pasaje Álvarez 1516 proviene de personas desamparadas por el programa nacional Incluir Salud y el Pami. "Los casos más frecuentes están relacionados con la falta de cobertura de prestaciones médicas, frente a esto la gente no sabe cómo hacer los trámites o se les dificulta acceder a los documentos que necesitan para esas gestiones", aseguró.

Si bien cada caso es diferente, la defensoría brinda asesoramiento para canalizar los reclamos y libran oficios a los organismos correspondientes para que se cumpla con las prestaciones demandadas.

Para sumar dificultades, apuntó el funcionario, la mayoría de los trámites se realiza en forma virtual, lo que suma dificultad a muchos usuarios. "Somos el único organismo que atiende en forma presencial, cuando se trata de una población vulnerada que no tiene acceso o tiene dificultades para realizar gestiones digitales".

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El sector, de paro

Las instituciones y profesionales dedicados a la atención de personas con discapacidad iniciarán esta semana un paro de servicios por 48 horas. La medida de fuerza se realizará el próximo miércoles y jueves y afectará no sólo la atención en centros de día o espacios terapéuticos, sino también los turnos en los consultorios profesionales o de la atención a domicilio. Se mantendrán sólo las prestaciones esenciales para la salud de las personas con discapacidad.

En Rosario existen entre entre 80 y 90 instituciones —educativas, terapéuticas y centros de día— que trabajan con personas con discapacidad. En su mayoría son pequeñas empresas que reciben entre 20 y 50 usuarios. El sector emplea a unas 5 mil personas.

Según estiman desde el sector, el atraso en el valor de los aranceles es tan grande que se necesita un 40 % de actualización para lograr alcanzar el poder adquisitivo a diciembre de 2023. El último aumento para instituciones y prestadores fue del 5,78 % en febrero.

Y si eso de por sí ya no alcanzara para poner en crisis a muchos prestadores, Pami, Incluir Salud y algunas obras sociales nacionales cortaron la cadena de pagos poniendo en jaque al sistema. En algunos casos, los últimos pagos llegaron en octubre.

La ley de emergencia, aún pendiente

En septiembre pasado, el Senado nacional dejó firme la ley emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei.

La norma establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

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A principios de febrero, tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el gobierno reglamentó la ley de emergencia nacional en el sector. Sin embargo, en el decreto de promulgación se señala que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida.