Carlos Razzetti, el hijo de Constantino Razzetti, una víctima de la Triple A, que fue secuestrado en el Pozo de la x Jefatura de Policía y cesanteado de la Municipalidad de Rosario durante la dictadura cívico militar, interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), “motivado por la asfixia económica, la denegación de justicia y el grave riesgo de vida generado por las conductas del municipio”.

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El bioquímico, dirigente peronista y vicepresidente del Banco Municipal de Rosario Constantino Razzetti fue asesinado por un comando de la Triple A integrado por al menos tres custodios del Sindicato de la Carne en la madrugada del 14 de octubre de 1973 frente a su casa de San Lorenzo 2674 cuando regresaba con su esposa, la odontóloga Nélida Gitrón, y uno de sus hijos de la Cena de la Victoria, celebrada en el Club Sarratea, en Alberdi, para festejar el triunfo electoral de Juan Perón, luego de haber sufrido un golpe de Estado y un exilio de 18 años.

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Luego del crimen de su padre, Carlos Razzetti fue secuestrado por un grupo de tareas, que lo torturó en el centro clandestino del Pozo, y finalmente fue cesanteado de su trabajo en la Municipalidad, a la que debería haber sido reincorporado y reconocidos sus derechos como trabajador de planta permanente.

Cese de la exacción ilegal del 80% del haber jubilatorio

En su presentación ante la Cidh, a la que accedió La Capital, el demandante expresa que “intimo al Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (Impsr) a que en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas proceda al cese de la exacción ilegal, a suspender de manera inmediata las retenciones confiscatorias que alcanzan el 80% de mis haberes y la casi totalidad de mi seguro por discapacidad, adecuando mis haberes conforme a derecho”.

El rosarino Carlos Razzetti, de 72 años, padece “una patología cardiovascular severa y crónica, sobrevivivió a cuatro infartos y a cuatro bypasses cde estrés post traumático acumulativo que me causaron la demandada y el sistema de justicia federal y provincial”, según reporta en su presentación.

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“El estrés crónico inducido por el hostigamiento institucional («lawfare») y la asfixia económica desde el año 2012 actúan como un detonante directo de un desenlace fatal, extremo debidamente ya acreditado en los informes médicos adjuntados en este mismo organismo de derechos humanos” abunda el denunciante.

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“Desde el año 2012 sufro una exacción ilegal del 80% de mi sueldo, a lo que se sumó en 2019 la exacción de la casi totalidad de mi seguro por discapacidad inculpable. Estas medidas privativas, dispuestas por el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (Impsr), violan de forma flagrante todo límite de embargabilidad y confiscatividad, al superar el límite fijado en el 20% por el derecho local, privándome de los recursos mínimos indispensables para adquirir mi medicación vital y garantizar mi subsistencia material digna y básica”, advierte el demandante.