La foto se viralizó tras la estafa por un alquiler en Santa Clara del Mar, pero luego se comprobó que es antigua y ajena al delito. Los retratados denunciaron daño reputacional.
19:44 hs - Miércoles 21 de Enero de 2026
La difusión de una selfie tomada en una cárcel como supuesta prueba de una estafa por alquileres en la Costa Atlántica a una familia santafesina abrió un frente inesperado: la imagen no corresponde a los autores del engaño y expuso públicamente a personas sin vínculo con el delito. Entre ellas, Gastón Russo, un empresario argentino que hoy vive en España y que decidió salir a aclarar el origen real de la foto.
La imagen comenzó a circular luego de que se conociera el caso de una familia santafesina estafada con el alquiler de una casa en Santa Clara del Mar. Tras pagar una seña de más de 200 mil pesos y comprobar al llegar que la vivienda no estaba en alquiler, los damnificados denunciaron que recibieron burlas de los estafadores, incluida una foto grupal desde una celda. Ese material se viralizó rápidamente en redes sociales y medios, asociado de manera directa al fraude.
Sin embargo, una verificación posterior permitió establecer que la selfie es antigua y no tiene relación con la estafa. Fue tomada en 2020, durante la pandemia, en la cárcel de Villa Devoto, y muestra a un grupo de internos que nada tienen que ver con el hecho denunciado.
Una foto antigua, un contexto distinto
En primer plano de la imagen aparece Russo, un empresario marplatense que cumplió una condena por una causa vinculada a drogas en 2018, y que hoy se encuentra en libertad. Actualmente vive en Palma de Mallorca, donde se casó, abrió un restaurante y aguarda la resolución de una apelación judicial que, según sostiene, podría revertir aquella sentencia.
La selfie en cuestión fue tomada en 2020, durante el motín en Villa Devoto que se produjo en el inicio de la pandemia de Covid-19, cuando internos reclamaban condiciones sanitarias básicas ante el aumento de contagios. En ese contexto, Russo tuvo un rol visible como referente interno y vocero ante autoridades nacionales, entre ellas el entonces funcionario del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena.
“La imagen fue empleada sin mi autorización y sin la mínima verificación de su origen. No tengo ninguna vinculación con la presunta estafa ni con las personas involucradas”, afirmó Russo en declaraciones periodísticas. Y precisó que la foto responde a “un reclamo humanitario y sanitario”, vinculado a la falta de insumos para internos de riesgo durante la pandemia.
El daño de la viralización
La reaparición de la imagen tomó por sorpresa a Russo, quien relató haber recibido mensajes desde distintos países alertándolo sobre la difusión masiva de la foto y su asociación a un delito ajeno. En ese sentido, adelantó que iniciará acciones legales por el uso no autorizado de su imagen y por el daño reputacional generado al vincularlo con una causa en la que no está involucrado.
“No sólo se difundió una foto fuera de contexto, sino que se construyó un relato falso”, señaló. El resto de las personas que aparecen en la imagen, explicó, fueron compañeros de celda que también recuperaron la libertad y que se enteraron de la viralización por terceros.
La estafa que dio origen a la confusión
El episodio que detonó la circulación de la selfie fue una estafa contra una familia santafesina que buscaba alquilar una casa en la Costa Atlántica. A través de redes sociales, los damnificados contactaron a un supuesto propietario de una vivienda en Santa Elena, Santa Clara del Mar, y pagaron una seña superior a los 200.000 pesos.
Al llegar al destino, una vecina les informó que la casa no estaba en alquiler y que pertenecía a un familiar suyo. Cuando intentaron reclamar, los estafadores bloquearon todos los contactos. Poco después, recibieron por WhatsApp la imagen de varios hombres dentro de una celda, acompañada de burlas.
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Esa foto, que rápidamente fue replicada en redes sociales y algunos medios, no corresponde a los autores del engaño, según pudo constatarse. La confusión derivó en la falsa versión de que los responsables del fraude estaban detenidos y operaban desde una penitenciaría, algo que no fue acreditado oficialmente.