La Justicia de Brasil aceptó este lunes el habeas corpus presentado por la defensa de Agostina Páez, la abogada denuncia por injuria racial. De esta manera, la joven deberá pagar una fianza de casi 20 mil dólares para poder regresar a Argentina, tras permanecer más de dos meses y medio en Río de Janeiro.

La resolución fue comunicada a las partes este lunes y representa un giro relevante en la causa, ya que revierte la obligación de permanencia en territorio brasileño mientras se define su situación penal.

Asimismo, Justicia brasileña determinó que, además de pagar la fianza, la joven deberá mantener actualizado su domicilio residencial y todos sus datos de contacto.

Una vez que se concrete ese pago, que se estipuló en 97 mil reales equivalentes a 60 salarios mínimos, se van a poner en marcha los trámites para su regreso al país. Asimismo, en el fallo se sostuvo que "la suma servirá como garantía de pago de eventual pena de multa y de reparación de daños"

"Una vez acreditado el depósito de la caución, el juez natural de la causa deberá adoptar todas las providencias tendientes a hacer cesar los efectos de las cautelares impuestas, con la devolución del pasaporte de la paciente, el retiro del equipo de monitoreo electrónico, la expedición de los oficios necesarios y también de una autorización de viaje a su país de origen, con la revocación de cualquier restricción de salida del territorio nacional impuesta a la paciente en el marco del proceso originario de este mandamus", sostiene el fallo.

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Cómo sigue la causa

La decisión de otorgar un hábeas corpus a Agostina Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro.

Ahora, el juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad.

Asimismo, hay distintas alternativas dentro del derecho penal brasileño que podrían aplicarse para la resolución de este caso. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas. Entre estas se contemplan trabajos comunitarios y cursos obligatorios vinculados a derechos humanos, que podrían llevarse adelante en Argentina, o el pago de una multa.

“Fue la peor experiencia de mi vida”

El martes pasado, Páez fue a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de Río y al salir de la audiencia, Páez habló con la prensa y expresó: “Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas”, afirmó.

También describió el impacto personal del proceso: “Fue la peor experiencia de mi vida”. Según su testimonio, las personas que la denunciaron aceptaron sus disculpas y no realizaron nuevas intervenciones durante la audiencia. “Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido”, sostuvo.