El informe sobre homicidios en la provincia de Santa Fe elaborado por el Observatorio de Seguridad y publicado días atrás por La Capital expone, en cifras, la forma en que se manifiesta el fenómeno de la violencia altamente lesiva en Rosario. El año 2021 cerró con 241 homicidios. La gravedad de dichas cifras expresa, tal como se ha señalado con acierto en distintos trabajos, una serie de fenómenos que van desde el desarrollo de economías ilegales, la conformación de bandas dedicadas al narcomenudeo, el accionar connivente de sectores de la policía con actividades delictivas hasta la cantidad de armas de fuego circulantes y disponibles en la ciudad. Todos estos fenómenos, que no necesariamente responden a una misma causa, encuentran su síntesis y cristalizan en una tasa de homicidios que se sostiene a través de los años (230 en 2014, 214 en 2015, 172 en 2016, 149 en 2017, 185 en 2018, 154 en 2019 y 193 en 2020).

En este punto, lo que no podemos dejar de advertir es que este fenómeno se reproduce particularmente en un año como el 2021 que, en materia de seguridad, será recordado por el recambio en el Ministerio de Seguridad, más precisamente por la salida de Marcelo Sain, pero también por una serie de expresiones sociales en apariencia contradictorias y que muchas veces pasan desapercibidas cuando analizamos el campo de la seguridad exclusivamente desde la lógica del Estado: “detenciones ciudadanas” de delincuentes (linchamientos), marchas y manifestaciones por seguridad que exigen más policías lo mismo que “controles ciudadanos” y cuestionamientos al accionar de la policía.

Estas diferentes expresiones parecen superponerse en forma confusa y relativizar la posibilidad de que exista algún tipo de vínculo o común denominador. Sin embargo, si exploramos el concepto de “vecinocracia” que propone Esteban Rodríguez Alzueta, muy probablemente encontremos una noción capaz de resumir todos estos aspectos. La “vecinocracia”, dice Rodríguez Alzueta, representa el gobierno de los vecinos o en todo caso la posibilidad de ejercicio punitivo por parte de aquellos que se definen vecinos. De allí que esta noción no representa al vecino concreto sino, antes que eso, a un conjunto de creencias y sentimientos que moldean una forma de ver el mundo que, lo que tienen en común, es básicamente el hecho de fundarse en sentimientos profundos como el miedo, el temor y la incertidumbre.

Una de las fuentes de legitimación de la “vecinocracia” tiene que ver con los hechos, con el dato empírico. En este sentido, el Reporte Anual de Criminalidad Registrada devela una tendencia creciente en materia de robos y hurtos desde el año 2015, interrumpida solamente en el año 2020, muy probablemente debido a los efectos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En cambio, en delitos contra la integridad sexual y abuso de armas de fuego, la tendencia continuó siendo creciente aún durante el primer año de la pandemia.

Ahora bien, lo que da continuidad a esta tendencia no son solo los índices delictivos (los que, por otra parte, pueden variar, como en el caso del año 2020) sino también una trama simbólica que le asigna sentido, la sostiene y reproduce. En efecto, si miramos este mismo recorte desde aquello que Gabriel Kessler definió como el sentimiento de inseguridad, es decir, si miramos el problema no solo desde la seguridad en sus aspectos cuantificables sino también desde el entramado de emociones, sensaciones y sentidos que están asociados a la misma, resulta indiscutible, con solo repasar la crónica de los diarios o los comentarios de los usuarios en las publicaciones digitales, que nos encontramos con el miedo al crimen como uno de los principios articuladores de la sociabilidad cotidiana de las y los rosarinos.

“Seres matables”, personas frente a cuya muerte hay impunidad, a quien cualquiera puede darle muerte, se trate de sicarios, vecinos o policías “Seres matables”, personas frente a cuya muerte hay impunidad, a quien cualquiera puede darle muerte, se trate de sicarios, vecinos o policías

Esos factores vuelven relativo cualquier informe que muestre amesetamientos en el delito común y, de algún modo, marcan la agenda en este campo. Tanto es así que el recambio en el Ministerio de Seguridad, motivado por factores antes políticos que de gestión, gozó de un gran consenso social. En efecto, el reemplazo de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad, que se explica más por los enfrentamientos internos al interior del Partido Justicialista que por las políticas llevadas adelante en materia de seguridad podría haberse visto con beneplácito por amplios sectores de la sociedad santafesina. Como resultado, algunos gestos indican una recomposición de las fuerzas de seguridad en clave de modelo tradicional de policía, bastante lejos de la fuerza profesionalizada que se vislumbró durante algún tiempo en la agenda del ministerio.

El sentimiento de seguridad representa una trama narrativa que sostiene y da sentido social a este campo independientemente de gestiones de gobierno. Ahora bien, el sentimiento de inseguridad no solo interpela a funcionarios públicos sino que plantea también formas de sociabilidad específicas que moldean nuestra vida en la ciudad. Zonas seguras, rejas, barrios cerrados, portones automáticos, todos conforman dispositivos que marcan nuestras trayectorias diarias. Formas de sociabilidad donde prima el miedo, el miedo al delito pero extensivamente -si pensamos el miedo al delito como un plafón que contiene en gran medida nuestra mirada sobre el mundo y como nos organizamos en él- el miedo al otro, al diferente, al delincuente, cuya presencia corporiza todos nuestros temores.

Llegado a este punto, nos encontramos con una segunda fuente de legitimidad de la “vecinocracia”: la moral. La “vecinocracia” se asienta sobre valoraciones morales fundadas en la idea de víctima, real o potencial, que implica un tipo de solidaridad que, como bien señala Rodríguez Alzueta, al mismo tiempo empatiza con algunos, antipatiza con otros, trazando una línea demarcatoria entre buenos y malos, ciudadanos y marginales, quienes merecen ser resguardados y quienes concentran en su misma figura la peligrosidad.

La “vecinocracia” se asienta sobre valoraciones morales fundadas en la idea de víctima, real o potencial, que implica un tipo de solidaridad La “vecinocracia” se asienta sobre valoraciones morales fundadas en la idea de víctima, real o potencial, que implica un tipo de solidaridad

Este tipo de imaginarios expresan representaciones sociales dominantes y, por ende, son en gran medida compartidas por las fuerzas de seguridad, aunque en este caso ello implique un efecto particular. En una investigación que realizamos con policías provinciales alrededor de los años 2011 y 2012 observamos que las conceptualizaciones en torno tanto del territorio como de la población que lo habita representaban marcos situacionales que imponían al policía un modo de actuar. Modo de actuar que necesariamente debía corresponderse –antes que con protocolos o reglamentos generales– con el marco de relaciones en el que su práctica se desplegaba. Cada jurisdicción implicaba, así, un modo particular de “decir la ley”, formas específicas y territorializadas de “aplicar el derecho”.

Si lo miramos desde este punto de vista, la “vecinocracia” no necesariamente representa una lógica distinta a la lógica del Estado, ya se trate de formas punitivas surgidas desde los vecinos, desde abajo, o desde arriba, existen vasos comunicantes, continuidades y un horizonte de significaciones en gran medida compartido.

Este segundo año de pandemia, al volcar policías para el control poblacional en toda la ciudad, sin detenerse exclusivamente en aquellos que usualmente era objeto de las prácticas policiales, generalmente jóvenes, varones y pobres, este vínculo tan estrecho es replanteado. Con las distintas formas de aislamiento y el despliegue de políticas de control sobre la circulación de personas, una policía acostumbrada y formada para actuar en los barrios populares, ahora debe hacerlo en el centro y barrios de sectores medios y altos, con otra población, aunque con los mismos recursos. Y esas prácticas, regulares, homogéneas, encarnizadas, chocan con otro tipo de sensibilidades.

Hay situaciones cotidianas que, creo, escenifican esta situación. Menciono dos que me tocó presenciar como observador eventual, ambas durante la segunda mitad del 2020: la primera de ellas tiene que ver con la detención de un joven que se dedicaba al cirujeo, el que es esposado e interrogado contra un móvil policial. La intervención implica un grado importante de ejercicio de la fuerza pero eso no genera ninguna reacción de parte de quienes observaban el hecho, ya que evidentemente se trata de un procedimiento rutinario y esperable. La segunda de ellas situada en una de las avenidas elegantes de la ciudad donde una mujer policía en forma muy amable detiene a una joven ciclista que paseaba por la zona para indicarle que debe conducirse con barbijo o tapabocas. Esa intervención genera una ola de indignación moral por parte de quienes asistían a ese procedimiento, que era calificado como un atropello y una vulneración a los más sagrados derechos constitucionales.

A pesar de ello, en las entrevistas que pudimos realizar con policías durante el presente año no se reconoce como problemático el trato con poblaciones que usualmente no tenían vínculos con la policía. Por el contrario, en muchas entrevistas se traza una distinción, congruente con las valoraciones morales propias de la “vecinocracia”, que no sigue la variable clase (pobres/clase media) sino que distingue entre quienes trabajan y quienes no. En el marco de esta distinción, se presenta como un problema el hecho de que la policía deja de interactuar con su objeto (delincuentes) para hacerlo con sectores trabajadores (personas que necesitaban salir a trabajar y por eso infringían el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial), lo que representaba una tensión en la medida que se veían interpelados por el “no estás persiguiendo a los choros y me estás controlando a mí”.

Así, durante los dos últimos años, se ha reeditado bajo nuevas formas la vieja discusión en torno a las funciones de la policía, incentivada también por las iniciativas de reforma impulsadas por la gestión de Sain. Esa discusión plantea, en términos generales, que buena parte de los policías se dedica a cumplir funciones administrativas cuando podrían estar en la calle. Los datos expuestos el Censo Policial realizado por el Observatorio de Seguridad Pública y el Programa Delito y Social de la Universidad Nacional del Litoral determinan que solo el 50 por ciento de las y los policías de la ciudad de Rosario dedica la mayor parte de su trabajo diario en la institución a tareas vinculadas con el patrullaje en el espacio público, mientras que el 20 por ciento lo hace exclusivamente a tareas administrativas.

La discusión tiene también otra arista. De acuerdo al trabajo de campo que pudimos realizar con policías provinciales en Rosario, no solo tenemos policías cumpliendo funciones administrativas sino que también, entre quienes efectivamente tienen como destino el patrullaje en el espacio público, buena parte de su tiempo lo dedican a realizar tareas que no están vinculadas con la prevención del delito (asistencia, orientación, control de faltas, mediación en peleas entre vecinos, etcétera, etcétera). En cualquier caso, nos encontramos con un problema estructural: las trayectorias laborales no se corresponden con la formación recibida. En un caso, se forma un policía que termina realizando tareas administrativas mientras que en el otro, ese mismo policía se ocupa de una diversidad de situaciones sobre las que debe actuar pero sin contar con los recursos necesarios. Eso provoca que frente a una diversidad de situaciones que no responden a una matriz penal, las resoluciones que encuentra la policía son resoluciones típicamente penales: una persona perdida va al calabozo, una discusión familiar culmina con la amenaza de la utilización de la fuerza, etcétera, lo cual por supuesto puede ser muy problemático.

Pensar la violencia junto con las sensibilidades a ella asociadas, posibilita ir más allá de las cifras y poder considerar el problema asumiendo también la perspectiva de los actores involucrados. En este sentido, José Garriga Zucal y Gabriel Noel llaman la atención respecto de que la definición de violencia forma parte siempre de un juego de poder entre actores que entablan una batalla por la significación desde sus diversas posiciones sociales y repertorios culturales, y que en esta batalla por la significación de la violencia, los grados variables de autoridad y performatividad son variables.

De allí que la mayor parte de los 241 homicidios ocurridos durante el 2021 en la ciudad traten de muertes visibles solo bajo el ojo burocrático del expediente o la estadística, muertes que, desde las posiciones sociales de quienes la sufren, no logran imponerse socialmente como un problema, muertes que no importan. Lo que María Victoria Pita entiende como “seres matables”, personas frente a cuya muerte hay impunidad, a quien cualquiera puede darle muerte, se trate de sicarios, vecinos o policías. En ese aspecto también confluye la lógica del Estado, la lógica burocrática con la lógica de la “vecinocracia” y la lógica de las bandas criminales.

Dicho esto, cabría concluir que el fenómeno de las violencias no puede pensarse en abstracto cuando las violencias en nuestra ciudad aparecen situadas, en territorios específicos con formas específicas. De allí que algunas muertes nos duelan, nos hieran como sociedad, mientras que otras pasan desapercibidas, destinadas a engrosar informes anuales, sin nombre, solamente una descripción breve de la edad de la víctima y el sitio (siempre peligroso) donde ocurrió el hecho. Ir más allá de informes y balances implica, en principio, ponerle nombre y apellido a cada uno de ellos.