El gobierno de Santa Fe se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana que viene para insistir en última instancia con la recusación a los jueces del máximo tribunal santafesino. Es que los ministros locales quedaron en condiciones de fallar sobre la reforma previsional y declarar inconstitucional uno o más aspectos de la ley que se aplica desde 2024.

El argumento central del planteo oficial es que algunos cortesanos se encuentran alcanzados —de modo actual o inminente— por el régimen previsional que está bajo análisis judicial, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas.

El rechazo de tres planteos para que cuatro miembros de la Corte Suprema se abstengan de intervenir en causas relacionadas con la reforma jubilatoria fue un golpe duro para el gobierno santafesino. Sin embargo, tiene una última chance.

Pullaro a la Corte Suprema

Según el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, la Fiscalía de Estado está estudiando presentar un recurso de queja ante la Corte de la Nación para la recusación. La Capital pudo confirmar que será la semana que viene. El recurso de queja no suspende plazos ni efectos por lo que la Corte Suprema provincial está en condiciones de emitir sentencia en el caso de fondo.

En marzo, el gobierno presentó ante la Corte provincial un recurso extraordinario para que sea la Corte de la Nación la que decida sobre las recusaciones. Lo rechazó.

“La provincia los recusó nuevamente porque creemos que hay una incompatibilidad ética y moral muy grande de fallarse en última instancia por intereses personales y propios porque los casos que resuelvan los alcanzarán a varios miembros”, contó Boasso en El primero de la mañana en LT8.

Boasso recordó que Rubén Weder ya estaba jubilado cuando fue elegido ministro de la Corte por lo que tuvo que suspender el régimen pero luego volverá a esa instancia. Y que hay otros miembros, como Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez que se irán a fin de año, y ya tienen el expediente iniciado de jubilación con todos los requisitos menos el cese.

La mayoría de los casos que judicializaron la ley son ex jueces o camaristas, solicitando que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones. Vale recordar que la reforma estipuló un tope de cobro en 20 jubilaciones mínimas, que son unos 12.600.000 pesos.

“Deberían ser los primeros que debieran defender porque sin reforma sería imposible sostener el déficit de la caja de jubilaciones que tiene 105.000. Fue un acto de defensa para no transferir la caja. Si no sancionaba la reforma no era sustentable la caja, tendríamos un déficit de 850 mil millones de pesos”.

Por último, definió: “La reforma de Santa Fe es un leading case en el país”.