Javier Milei está parado entre dos mayorías. Una juega a su favor. Es la que moldeó en el balotaje la bronca con el Frente de Todos, reforzada por los escándalos que envuelven a Alberto Fernández. La otra, amenazante, comenzó a formarse en el Congreso y lo expone a pagar costos, tanto económicos como políticos.

El envión de la segunda vuelta, la autoridad pulverizada de la casta y las presiones de sectores políticos y económicos, que ven en Milei la oportunidad para encarar las reformas pro mercado que nadie quiso, supo o pudo hacer, permitieron al gobierno sacar con fórceps la ley Bases y el paquete fiscal, pero el espíritu colaboracionista de los bloques del centro se enfrió con la llegada del invierno.

Cansados frente a un gobierno que los pone del lado de lo viejo, que no abre el juego en la distribución de cargos parlamentarios y gubernamentales, y que muerde los huesos de su base electoral, el radicalismo y el variopinto bloque de Miguel Pichetto se aliaron en Diputados al peronismo y votaron el aumento de los fondos para las universidades.

La educación superior es un tema incómodo para Milei. Conecta con la aspiración de ascenso social a través del mérito personal, uno de los pilares del liberalismo, y gatilló la única movilización que pegó de verdad bajo la línea de flotación del gobierno.

De convertirse en ley la fórmula que actualiza partidas para funcionamiento y salarios docentes en función de la inflación, el presidente tendrá dos opciones. Vetar la norma y gastar capital político, o retocar las cuentas fiscales y sentar el precedente inquietante de que la oposición condicione la política económica del gobierno.

No sólo está en juego el equilibrio fiscal sino también la dinámica del poder, que puede devenir en un duelo entre dos polos, el Ejecutivo y el Congreso, con el mismo kilaje de legitimidad.

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Tras la media sanción de Diputados sobre el presupuesto de las casas de altos estudios, el Senado tiene dos proyectos —el otro es el del cambio de la fórmula jubilatoria— que tocan nervios sensibles, surgidos de un entendimiento táctico entre Unión por la Patria y espacios que en la última década hicieron fracking en las napas más profundas del antikirchnerismo.

Al oficialismo le queda el consuelo de que consiguió desactivar en el recinto los temas más explosivos, la visita de diputados de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad y el DNU 656/2024, que le inyectó 100 mil millones de pesos a la nueva Side en concepto de gastos reservados.

Escenario adverso en el Congreso

Eso no significa que los temas hayan perdido potencial de daño. Este martes se reunirá la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, y para el miércoles está convocada una sesión para tratar el decreto presidencial. La semana pasada dejó una imagen que debería generar inquietud en Casa Rosada: 135 diputados, seis más que el quórum. se pronunciaron por incluir el decreto en el temario, pero no lo consiguieron porque no llegaron a la mayoría calificada.

A ese combo podría agregarse los subsidios al transporte, un tema que interesa a Rosario. La suba de costos agranda la brecha con el boleto.

“Se explicitó que se vienen incubando cosas complejas para el gobierno. Salimos del juego de la oposición dialoguista acompañándolos a ellos y se reabre la posibilidad de una mayoría contraria al gobierno”, dicen desde el bloque de UxP, conducido por el rosarino Germán Martínez.

El escenario complejo de Diputados muestra un oficialismo hiperminoritario, que no llega al tercio de los votos ni siquiera con el auxilio del PRO, una primera minoría como el peronismo que triplica a los otros espacios pero que no tiene margen para convocar una sesión e imponer su agenda y bloques como el radicalismo y Encuentro Federal que son el verdadero fiel de la balanza de poder.

Puertas adentro de la bancada advierten que algunos sectores minoritarios no terminan de de adaptarse al entorno y plantean posiciones de máxima, con un registro más similar al de la militancia que al de la dirigencia. Por ejemplo, proponen presionar al resto de la oposición para que se derogue el DNU 70/2023 y que se expulse a los diputados que se sacaron la foto con Astiz y compañía, aunque no se cuente con los votos necesarios.

“La expulsión no va a suceder, y además es una discusión de un día y se terminó. A nosotros nos conviene que el tema se estire durante varios meses y que el gobierno pague el daño por un tema que subestimaron y que ahora no saben cómo arreglar”, señala un legislador.

En el peronismo también celebran que, al menos en el ámbito legislativo, el Fabiolagate no significó mayores costos. La soledad política extrema de Fernández, los reflejos del bloque para repudiar los hechos y el propio internismo en las filas libertarias (donde vuelve a escalar la tensión entre Villarruel y el mundo Milei) le permitieron a UxP pasar la sesión casi sin sobresaltos.

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La situación, reconocen, sería muy diferente si el escándalo involucrara a Cristina, que sigue operativa políticamente. De todos modos, como se vio el día en que declaró en Comodoro Py —esta vez, como víctima de su intento de magnicidio y no como acusada— conserva capacidad para movilizar a su feligresía pero perdió predicamento fuera de las fronteras del pankirchnerismo.

El impacto del Fabiolagate

Fuera del Congreso, el impacto de la denuncia de corrupción vinculada a los seguros y, sobre todo, el spin off judicial de la investigación por violencia de género contra Fabiola Yáñez, fue mucho mayor.

Los consultores Julio Burdman y Viviana Isasi midieron el “efecto Alberto” en la opinión pública y descubrieron que tras la denuncia de la exprimera dama bajó la negatividad de Milei al 38%, porque exvotantes massistas dudan, cae la intención de voto de la oposición (del 44% al 37%) y la aprobación del gobierno se ubica en el 51%.

“Milei capitaliza el efecto Alberto. Aunque la pobreza se ubica en el primer lugar de los problemas nacionales, se consolida la imagen del presidente y su gabinete, crece su intención de voto 2025 y La Libertad Avanza se instala como la principal marca oficialista”, indican los especialistas, que agregan otra conclusión del estudio realizado entre el 9 y el 14 de agosto: “Milei cumple”.

“En el boletín de calificaciones del presidente, los votantes oficialistas califican muy positivamente sus promesas de campaña: lucha contra la inflación, alianzas internacionales, combate a la corrupción y liderazgo político. La gestión se está legitimando a sí misma”, argumentan Burdman e Isasi.

La pregunta es si Milei podrá sostener estos niveles de apoyo. La inflación encontró en el 4% un piso difícil de perforar, que exige tanto a la pericia técnica del equipo económico como a la narrativa del dispositivo comunicacional, y se suman datos que pintan un cuadro crítico: según datos de Unicef, un millón de niños y cuatro millones de personas adultas se van a dormir sin cenar, y la industria y el consumo están en niveles similares a la crisis de 2001 o la pandemia.

Milei tiene la ventaja de que una parte considerable de la opinión pública lo sigue percibiendo como una especie de director técnico interino puesto por la sociedad, y el abundante material audiovisual vinculado a las tropelías de Alberto Fernández en la presidencia le renuevan el crédito.

Las reformas en Santa Fe

Con condiciones políticas más holgadas, en Santa Fe Maximiliano Pullaro administra el timing de las reformas.

Se espera que esta semana vea la luz el proyecto de reforma previsional, que genera ruidos entre radicales y socialistas por la propuesta de equiparar la edad de jubilación y mujeres en 65 años.

En Unidos advierten sobre la complejidad de tocar un sistema lleno de regímenes especiales y señalan que la aceleración y el ímpetu que imprime el Ejecutivo genera expectativas de tiempos que no llegan a cumplirse o proyectos que luego deben ser corregidos con nuevas normas.

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Desde la coalición oficialista leen que la avanzada por la renovación de la Corte se enfrió por el momento por falta de síntesis al interior del radicalismo y ponen la mira en la reforma constitucional.

Pullaro se apega a la estrategia y delega en la Legislatura. Los dirigentes que tienen diálogo frecuente con el gobernador aseguran que el tema le interesa y lo moviliza, pero que está atento a la volatilidad del escenario político y social. Embanderarse con la reforma constitucional no sólo lo correría, al menos parcialmente, de la gestión. También lo expondría a una derrota política si el trámite se frustra.

En el socialismo se ven como facilitadores del proceso. Según su hoja de ruta, se proponen llegar al 31 de agosto con un documento propio del PS y al 30 de septiembre con diálogos avanzados en Unidos y el peronismo. “Queremos ver cuánta agua hay en la pileta y hasta dónde llega la voluntad reformista del PJ”, plantean en el partido de la rosa.

Allí se muestran cautos y esperan definiciones del radicalismo para tomar postura sobre los temas más urticantes, como la autonomía municipal y, sobre todo, la reelección del propio Pullaro.

En el peronismo aseguran que no se van a parar en el lugar de la anti reforma, aunque todavía falta un trabajo de síntesis. El bloque referenciado en Omar Perotti elabora su proyecto y Lucila De Ponti ya presentó el suyo. “El que vote a favor de darle la reelección a Pullaro se inmola”, dicen en el peronismo. Se suman voces que quieren incluir en la ley de necesidad de la reforma una cláusula que prohíba esa posibilidad: “Es la única forma de que no te acuesten en la constituyente”.