Martes 04 de Julio de 2023
El litio se encuentra en el seno de las disputas por el presente y el porvenir. Porque la pugna geopolítica por la hegemonía pasa en gran parte por el control de la energía, como lo vimos plasmado en la reciente guerra Rusia - Ucrania y su impacto en todo el mundo. Las potencias globales compiten por el aseguramiento de los recursos, así como por los conocimientos y patentes ligados a las técnicas de extracción de los minerales críticos para la “transición”, la confección de las baterías e incluso las innovaciones tecnológicas para el dominio de otros potenciales vectores tecnológicos.
En razón de la configuración de un patrón pos fósil (petróleo, gas, carbón), la demanda del litio no ha parado de crecer desde que en 1991 la firma Sony patenta los acumuladores destinados a la industria de la electrónica, la electromovilidad, y el almacenamiento estacionario de energías proveniente ahora de las intermitentes fuentes renovables. Este incremento ha sido especialmente exacerbado a partir del año 2020, visible a su vez en el descomunal aumento del precio desde 7 mil a 70 mil dólares la tonelada de carbonato de litio en menos de dos años.
Esto sucede en el marco de la expansión de agendas para la descarbonización de las matrices energéticas del mundo, ligadas a los inexorables límites que impone la crisis socioambiental y la imperiosa necesidad de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero y las consecuentes transformaciones que impulsa el neocolonialismo energético.
Por caso, la Unión Europea debe desfosilizar y reemplazar toda su flota automotriz para 2050, para ello necesita litio. Actualmente China produce más de la mitad de las baterías y de los autos eléctricos, además de que es el segundo productor mundial de litio luego de Australia. EEUU pelea asegurarse el recurso al tiempo que intenta no ser del todo desplazado en el control tecnológico por el gigante asiático, reforzando su injerencia sobre su histórico “patio trasero”.
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En este contexto, la oferta global de litio ha escalado a 440 mil toneladas en el año 2020 y se estima que para 2040 la demanda se multiplique por más de 40 veces la actual.
Argentina, Chile y Bolivia poseen el 58 por ciento de los recursos globales en los salares de la gran región de Atacama, una unidad cultural ancestral histórica y preexistente a los límites jurídico-políticos estatales. Allí la presión de la ampliación de la frontera extractiva se evidencia a lo largo de los últimos años en la multiplicación de proyectos extractivos, y la expansión de los grandes jugadores económicos corporativos que se asocian a ella de manera accionaria.
De esta expansión, participan desde las automotrices (TESLA/ BYD pero también Toyota, BMW, VW, Nissan, General Motors, Audi, BAIC) hasta todas las corporaciones ligadas a la producción de la batería o partes de esta (Samsung, Huawei, Panasonic, Apple, etc), así como los más grandes fondos de inversiones (Blackrok, J. P Morgan), blandiendo un poder económico que presiona sobre los territorios del sur global.
En este escenario, distintos han sido los tratamientos políticos gubernamentales de los Estados latinoamericanos, que lejos de integrarse o articularse en políticas regionales, ensayan salidas aislacionistas que profundizan la histórica heterogeneidad estructural. Argentina se lleva el premio a la vocación colonial extractivista, por lejos.
Veamos, de un lado podemos encontrar a Bolivia, que desde el año 2007 y hasta hace escaso tiempo atrás impulsó un proyecto soberano con control estatal, considerando al litio como recurso estratégico para el Estado Plurinacional, diseñando una estrategia de escalado desde el salar y hasta la batería, -con control del MAS- COMIBOL y participación sindical-.
La estrategia en el mayor salar de la región que posee 20 millones de toneladas de reserva, tuvo no pocos obstáculos científicos tecnológicos y presiones políticas externas e internas en contra, redundando en la actualidad en la inexistencia de exportaciones significativas.
Del otro lado se encuentra Chile, país que desde hace más de cuatro décadas consolidó un enclave exportador monopólico controlado por las empresas SQM y Albemarle ligadas al rol medular de la CORFO como la encargada de regular los contratos de concesión. Allí también el recurso, considerado estratégico desde la dictadura de Pinochet, fomentó la sobreexplotación del salar de Atacama y la externalización de los impactos sociales y ambientales sobre su población. Esta política se vió atemperada primero hacia 2015 con el gobierno de Michelle Bachelet y más recientemente en la declaración de la Estrategia Nacional para el Litio propuesta por el presidente Gabriel Borich. Con participación del capital privado, respeto de los contratos actuales hasta su caducidad y en el impulso de una expansión extractiva hacia un conjunto de nuevos salares, Chile ciertamente propone incrementar los controles estatales sobre la captación de rentas (SQM y Albemarle aportaron 5 mil millones de dólares al fisco en el 2022), otorgar a la ENAMI y CODELCO el control de nuevas exploraciones y crear un instituto nacional científico, así como establecer una zona de protección de la biodiversidad en los salares. Hasta México, cuyo proyecto de minería en arcilla de Sonora sería uno de los más grandes del mundo cuando empiece a ser explotado, se propuso algún margen de control estatal que supone considerar al litio como recurso estratégico, aunque aún está por verse el alcance concreto de esa.
Nuestro país carece de una política planificada para la captación de rentas, así como de agendas hacia una descarbonización de su matriz energética -toda vez que existe un claro consenso fosilista que no conoce de grietas políticas y tiene a Vaca Muerta como su meca-. A su vez, el marco normativo minero que rige el conjunto de la actividad y no ha sido alterado desde su configuración en los años 90, expresa los límites concretos a cualquier impulso soberano en torno a la minería.
La ley de inversiones mineras, el código de minería y reforma constitucional de 1994, han provincializado el dominio originario de los recursos de subsuelo, favoreciendo la privatización de los yacimientos “descubiertos” por privados, que sólo deben pagar un nimio canon, otorgando estabilidad fiscal por 30 años, fomentando la comercialización entre firmas bajo esquemas fuertemente especulativos. Si bien el esquema federal podría favorecer la diversificación regional productiva y resolver las deficitarias cajas fiscales, impactando sobre la mejora de vida de las ciudadanías, nada de esto sucede.
En los hechos, las dos provincias litíferas encabezan los rancking de pobreza, donde Catamarca es tercera y de los más bajos salarios, como ha quedado evidenciado en las recientes protestas docentes en Jujuy (60 mil pesos el salario docente promedio). Es que los ingresos a las provincias no provienen de las regalías mineras de litio, dado que representan a alrededor de un 1,6% del valor de boca de mina declarado por las mismas empresas en sus balances, y el impuesto a las ganancias cuenta con tantas deducciones, exenciones y facilidades que termina por licuarse. Las cifras de exportaciones de litio alcanzaron el monto de 695 millones de dólares en 2022, siempre y cuando se confíe en las declaraciones de las empresas sobre precio y cantidad exportada.
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Mientras las comunidades indígenas y poblaciones locales denuncian los riesgos para sus vidas que comporta la megaminería de litio, así como la destrucción ecosistémica e hídrica en cuencas acuíferas que se caracterizan por el ciclo lento del agua, es decir el ingreso por deshielo y precipitaciones y su egreso por evaporación. Las empresas bombean los salares en pozos que pueden tener 400 metros de profundidad, purifican el mineral en piletones situados en el medio de los salares y utilizan entre 900 mil y 2 millones de litros de agua (fósil, salobre y dulce) por tonelada de carbonato de litio, pudiendo producir tanto la salinización de napas de agua, así como la sequía en los pozos surgentes, vegas y bofedales (humedales altoandinos). Esto comporta un severo riesgo para las fuentes acuíferas indispensables para la reproducción de la vida ecosistémica en su conjunto: humana, animal, vegetal y microbateriana.
Sin estudios hidrogeológicos integrales que consideren los impactos ambientales acumulativos, sin implementación de los derechos comunitarios ligado a la consulta previa libre e informada regida por el convenio 169 de la OIT y ratificada en Argentina, las empresas operan con altos márgenes de autonomía, con la garantía a la propiedad privada, dividiendo los lazos de solidaridad comunitarios por medio de la compra de pedimentos, voluntades individuales y/o cesión de licencias sociales bajo mecanismos irregulares de participación local.
Así, la fragmentación de los territorios ha sido la norma de un avance corporativo largamente garantizado por el accionar (o no accionar) del estado provincial. El conjunto de salares comprendidos en la puna argentina se encuentran hoy pedimentados, y aunque en la actualidad son sólo tres los proyectos extractivos en marcha (Mina Fénix en salar de hombre muerto, Sales de Jujuy y Exar en Jujuy) el resto de los cerca de 40 proyectos de capitales de origen chino, estadounidense, australiano, canadienses, coreanos, italianos, ingleses, alemanes, franceses entre otros, se encuentra cumpliendo las etapas previas hasta su explotación que pueden demorar entre 6 y 7 años. La puesta en marcha de los 14 proyectos más avanzados permitiría al país pasar de las 40 mil toneladas de exportación de carbonato de litio actuales hasta arriba del 150 mil, y la concreción final proyectada se acerca a 400 mil toneladas de exportación del mineral.
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Mientras tanto, en Jujuy estalla una rebelión popular que expresa precisamente los límites del extractivismo, dando cuenta que el régimen de saqueo asociado al avance de la acumulación del capital destruye a los territorios y a las poblaciones locales. Al tiempo que hambrea al conjunto de la ciudadanía, los gobernadores del norte celebran los intentos estatizadores de otros países de la región como una oportunidad para convertirse en cada vez más atractivos a las inversiones del capital trasnacional.
Estas inversiones son consideradas como el mayor dinamizador económico tanto para las cámaras empresariales, como para los sectores ligados a contratistas en la construcción de obras público-privadas, es decir, los bloques de poder económicos locales que, como sabemos, en nuestro país se encuentran inherentemente ligados al capital trasnacional. Una burguesía local inexistente que refuerza los lazos neodependentistas e intensifica su perfil extractivo-colonial. Esta dinámica de control político-corporativo, no duda en reprimir la protesta social y violentar la articulación política de las luchas intersindicales, intergremiales, ambientales, indígenas de un campo popular en creciente articulación frente a un modelo de desarrollo extractivista y predador. A su turno, la disputa mediática opera como teatro proselitista en el seno de un desplazamiento derechizante de las alternativas electorales. La apuesta del gobernador Gerardo Morales ha sido sin duda la de reforzar los discursos de odio para escalar a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, en el marco de una polarización social en torno a la “grieta”, pero más aún en el refuerzo de la consolidación de enemigos internos que de manera simultánea a las provincias patagónicas o a Mendoza fomenta el racismo estructural endémico en las fuerzas políticas conservadoras en Argentina.
(*) Melisa Argento es doctora en ciencias sociales por la UBA e investigadora del CONICET, integra el grupo de estudios en geopolítica y bines comunes (GYBC)...
(**) Bruno Fornillo es doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por París 8, investigador del CONICET, integra el grupo de estudios en geopolítica y bines comunes (GYBC)...