La Concejalía Popular de Rosario y el Frente de Inquilinos Nacional presentará este miércoles una batería de propuestas para que el Estado asuma un rol activo para gestionar el mercado inmobiliario de alquileres. Se impulsa la creación de un Registro Provincial de la Vivienda Ociosa para la creación de un registro público. En Rosario, la entidad estima que son 100 los inmuebles en esas condiciones y hoy darán a conocer un listado de 10 que pueden destinarse para la solución de viviendas.

“Pretendemos impulsar la base de datos de lugares físicos ociosos con problemas judiciales, conflictos legales, algunos abandonados desde hace años, y que la ciudad debería recuperar”, explicó Nire Roldán, titular de la Concejalía Popular, sobre uno de los puntos salientes de la presentación que harán hoy, a las 10.30, en la sede de la entidad, en Entre Ríos 343.

El registro de espacios físicos ociosos, según explican desde la Concejalía Popular, tiene como finalidad “poner un freno a la especulación inmobiliaria reinante y saber quiénes son los titulares de esas viviendas”. El objetivo también es aplicar mayor presión fiscal, a fin de frenar la especulación inmobiliaria y favorecer la oferta de inmuebles en alquiler.

Además se propone la creación de un organismo provincial que contenga oficinas de atención al inquilino en cada ciudad cabecera departamental de Santa Fe, que asesore a los inquilinos de toda la provincia, evite los abusos del derecho entre las partes, además de crear un fondo fiduciario para solucionar el problema de las garantías.

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La propuesta incluye la creación de una Defensoría Provincial de Inquilinos con oficinas de gestión en resolución de conflictos y mediación. Desde la Concejalía Popular alertan sobre lo difícil que es acceder a la vivienda propia en todo el país, y los abusos que sufren las inquilinas y los inquilinos a la hora de alquilar.

Se plantea como una solución la conformación de un fondo especial para la construcción de viviendas en alquiler para que el Estado las construya con participación de organizaciones gremiales, sociales, de la economía social o privados, y que se destinen a sectores de ingresos medios: trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes.

Consenso y marco jurídico

En relación al registro de inmuebles ociosos, Roldán explicó a La Capital que se busca avanzar en “un marco jurídico que lo pueda ordenar y dar respuestas, como en otros lugares del mundo donde el Estado recupera los inmuebles. Los diez que presentamos tienen más de dos años de ociosos. Y tenemos contabilizados unos 100 en Rosario”, aseguró.

Para el titular de la Concejalía Popular, la problemática “requiere de un estudio en conjunto con organizaciones sociales, sectores privados de la construcción y de los corredores inmobiliarios, para poder concertar una salida organizada”.

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Así, entre los inmuebles que se expondrán como ejemplo figura un edificio ubicado en San Martín entre San Lorenzo y Urquiza, que ya fue ofrecido a la venta pero está sin habitar hace cinco años. “Tiene 15 pisos y se puede utilizar para vivienda pública de alquiler. También un ex motel, con 38 habitaciones, que se puede recuperar como vivienda transitoria mientras se encuentra una salida de fondo”, enumeró Roldán.

Un hostel en Tablada

La Concejalía Popular mostrará como modelo de gestión un inmueble en barrio Tablada donde se pudo establecer un contrario de locación. “Lo vamos a presentar el 3 de noviembre y será utilizado como hostel social y biblioteca popular, tendrá 36 plazas para atender de forma transitoria a personas con problemas de vivienda. Es un ejemplo de cómo se puede encarar la habitabilidad entre organizaciones sociales y privados”, remarcó el ex concejal.

Entre las propuestas para proteger a los inquilinos se impulsa el servicio público del alquiler; el observatorio regional de la vivienda en alquiler; vivienda pública en alquiler; vivienda social en alquiler; la promoción de la vivienda destinada a alquiler; la recuperación de inmuebles ociosos para el alquiler social; un programa de recuperación de centros comerciales; la construcción de vivienda protegida en alquiler, asociativa y colaborativa; el registro municipal de vivienda y contratos de alquiler, y un fondo municipal de plusvalía urbana.