Terminal Puerto Rosario (TPR) no es una empresa más dentro del entramado productivo regional. La firma, perteneciente al grupo Vicentin, es concesionaria de las terminales I y II del puerto local y aparece anualmente en el ranking de las firmas que más facturan en el país. A pesar de ello, se niega a pagar la tasa de Derecho Registro e Inspección (Drei) al municipio desde 2014, acumulando una deuda que supera holgadamente los 100 millones de pesos.

La hostilidad presentada por TPR es largamente conocida por los funcionarios. Sin embargo, recientemente surgió otra novedad que representa una nueva escala en el conflicto: tras varios años de disputas, la firma decidió presentarse ante la Justicia, un paso que en los despachos oficiales no dejan de valorar como positivo, pues auguran una resolución favorable que ponga punto final al enfrentamiento.

El Drei es un tributo de competencia local autodeclarable, que los contribuyentes pagan en función de sus ingresos. Es el principal ingreso del municipio: según el Presupuesto vigente, representa el 22% de sus recursos y duplica lo que se recauda por la Tasa General de Inmuebles (TGI).

Dada la importancia del Drei, las sucesivas gestiones intentaron torcer la voluntad de TPR, que se niega sistemáticamente a pagar argumentando que el predio sobre el que opera pertenece al Estado nacional. Según fuentes oficiales, ese razonamiento choca contra los postulados de la Constitución vigente, así como contra varios fallos de la Corte Suprema, que para casos similares estableció que los municipios tienen imperio sobre ese tipo de terrenos, siempre que no entorpezcan la utilidad nacional.

Una primera oleada de gestiones se había generado durante la primera intendencia de Mónica Fein, la cual tuvo por objetivo determinar la base imponible del tributo. La misma tuvo un cierre sobre 2016, cuando finalmente la empresa regularizó el saldo correspondiente al período 2009-2014.

Tras esa experiencia inicial sucedieron otras, que hasta aquí no tuvieron el mismo resultado. Según pudo conocer La Capital, la Secretaría de Hacienda tiene tres expedientes en paralelo: una para el período 2014-2018, otra para el 2018-2020 y una tercera para el 2021. De estas, las dos primeras ya agotaron la instancia administrativa, por lo que TPR decidió a finales del año pasado recurrir a la Justicia.

La definición de ir hacia los Tribunales coincidió con que se conociera que TPR se ubicaba -nuevamente- entre las mil empresas que más facturaron en el país. Según publicó la revista Mercado, en 2020 facturó $2.300 millones, lo que la colocó en el puesto 846° a nivel nacional.

Si bien les hubiera gustado poder cobrar la deuda en tiempo y forma, en el Palacio de los Leones no dejaron de ver la situación como una "pequeña victoria". ¿Por qué? Es que por el principio Solve Et Repete, las empresas que recurren al Contencioso Administrativo deben primero abonar una parte de lo adeudado.

En el caso de TPR, al ingresar su pedido a la Justicia pagó a la Municipalidad 43 millones de pesos correspondientes al capital de los períodos 2014-2018 y 2018-2020. "Es un avance", confiaron fuentes oficiales, que igualmente destacan que a ese monto deberán sumarse intereses y multas, "que se van actualizando todo el tiempo, pero entre todas las gestiones son más de 100 millones de pesos".

En Hacienda siguen de cerca la pelea con TPR en la Justicia, pues auguran un resultado favorable que ayude a consolidar un sendero de estabilidad fiscal que prevén dejar como una de las marcas de la gestión. En esa misma línea festejan la reciente autorización provincial para una nueva emisión de letras, que en esta ocasión fue por 1.090 millones de pesos, 62% más que el monto colocado en 2021.

El nexo con el Enapro, también tenso

Las dificultades de TPR en su relación con el municipio tienen también su correlato a nivel del Ejecutivo santafesino, donde la vinculación es directa, pues se trata de una concesión provincial. Ello quedó en evidencia hace dos semanas, cuando se produjo un hundimiento en uno de los dos muelles que opera la empresa.

Para las autoridades, el socavón puso en evidencia la falta de inversiones de la compañía (perteneciente a Vicentin y la chilena Ultramar), cuyo plazo de concesión vence en 2032. Según explicaron desde el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), las discusiones en torno a ese tema venían muy acaloradas, incluso durante varios meses antes que se produjera el accidente, que afortunadamente no produjo víctimas. La falta de respuestas por parte de TPR generó un cruce de documentos que tenía “un montón” de intimaciones por salir, al menos hasta hace unas jornadas atrás.

Desde la concesionaria dejaron trascender su versión, planteando que en los últimos 10 años concretó inversiones por más de 50 millones de dólares en equipamiento y logística, dejando entender que el hundimiento se produjo por fallas de carácter estructural que dependen del Enapro.

En paralelo a este diferendo, los funcionarios del ente oficial vienen dando batalla desde el inicio de la gestión para regularizar el pago del canon. Es que tanto por modificaciones realizadas con posterioridad a la firma del contrato (iniciado en 2002) como por cierta laxitud en los controles ejercidos hasta 2019, los pagos trimestrales recién se hacían efectivos hasta 270 días después de concluido el período. En 2021, pasado el peor período de la pandemia, las autoridades comenzaron una negociación para achicar ese plazo a 180 días, lo cual llevó a una tensa situación durante la que la empresa acumuló un pasivo de 50 millones de pesos. Según las últimas informaciones a las que accedió este medio, la compañía había cedido a los requerimientos oficiales, reduciendo en un 50% su deuda.